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Washington, Estados Unidos. El Senado estadounidense dio este jueves 8 de enero un paso importante para la aprobación de una resolución que frenaría las acciones militares del presidente Donald Trump en Venezuela, una rara reprimenda bipartidista que llega tras la captura del exlíder Nicolás Maduro.
La legislación, impulsada por los demócratas, prohíbe nuevas hostilidades de Estados Unidos contra Venezuela sin autorización explícita del Congreso. Esta superó una votación procesal clave con el apoyo de cinco republicanos.
La votación final, prevista para la próxima semana, se considera ahora poco más que una formalidad.
Sin embargo, el esfuerzo es visto en gran medida como simbólico. Aunque la Cámara de Representantes (cámara baja) aprobara el proyecto, Trump podría vetarlo. Y para superar el veto presidencial, ambas cámaras deberían mostrar mayorías muy superiores.
Ante el debate constitucional, Trump tildó la colaboración de cinco senadores republicaciones que buscan aprobar la resolución como una “estupidez”.
“Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar arrebatarnos nuestra capacidad para luchar y defender a los Estados Unidos de América”, declaró Trump en su red Truth Social.
“En cualquier caso, y pese a su ‘estupidez’, la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional” sostuvo Trump, en alusión a la resolución aprobada poco antes en el Senado.
Los senadores “Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young no deberían volver a ser elegidos para ningún cargo (...). Esta votación obstaculiza gravemente la autodefensa de Estados Unidos y la seguridad nacional, y limita la autoridad del Presidente como Comandante en Jefe” clamó el mandatario.
Disputa en el Senado por acción militar en Venezuela
El debate constitucional arrancó con los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y se agudizó con la operación militar, que incluyó bombardeos, para capturar al presidente Maduro y a su esposa Cilia Flores.
Especialistas críticos con los poderes de guerra que invoca el presidente Trump consideran que ese tipo de medidas solo las puede aprobar el Congreso.
La Constitución da al poder legislativo la prerrogativa de declarar la guerra, salvo en caso de urgencia evidente.
Según la oposición, la captura de Maduro sería legal porque no era el jefe de Estado reconocido por Estados Unidos, y además era considerado responsable de la entrada en el país de toneladas de cocaína.
“Los miembros del Congreso menos valientes hacen todo lo posible para evitar asumir responsabilidades, para evitar la votación trascendental de declarar la guerra”, dijo el senador Rand Paul y republicano de Kentucky, quien rompió con gran parte de su partido para copatrocinar la medida.
“Pero que no haya duda: bombardear la capital de otra nación y destituir a su líder es un acto de guerra, claro y simple. Ninguna disposición de la Constitución otorga tal poder a la presidencia” añadió este senador de tendencia libertaria, que aunque es republicano mantiene a menudo enfrentamientos con Trump.
Los favorables al gobierno de Trump, sin embargo, consideran las acciones militares como letales en la aplicación de las leyes antinarcóticos que, además, se refuerzan con la calificación de “terroristas” que han recibido los cárteles de la droga.
Los líderes republicanos también defienden en gran medida al presidente, destacando su autoridad para llevar a cabo acciones militares limitadas en defensa de la seguridad nacional de Estados Unidos.
“Esto es algo que probablemente debería haber ocurrido en una administración anterior”, dijo el senador Markwayne Mullin, de Oklahoma, a los periodistas el miércoles 7 de enero.
Este jueves, el presidente Trump dijo en una entrevista publicada por el New York Times que Estados Unidos podría dirigir Venezuela y aprovechar sus reservas de petróleo durante años.
“Solo el tiempo dirá” cuando tiene que abandonar Washington la supervisión directa de la nación sudamericana, comentó.
Desde que Trump regresó al cargo, las resoluciones sobre poderes de guerra en Venezuela han sido rechazadas dos veces en el Senado y dos veces en la Cámara.
En el último siglo, solo una resolución del Congreso ha impuesto con éxito un límite amplio y duradero a la acción militar presidencial unilateral en el extranjero: la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, aprobada por encima del veto del entonces presidente Richard Nixon.
