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Washington, Estados Unidos. Estados Unidos suspendió el procesamiento de solicitudes de ciudadanía y residencia para migrantes de 19 países, incluidos Cuba, Haití y Venezuela, en una medida que intensifica la política antimigratoria del presidente Donald Trump.
El magnate republicano ha endurecido su posición frente a estas tres naciones latinoamericanas, especialmente con Venezuela los últimos meses al ordenar un despliegue militar sin precedentes en el Caribe.
Trump asegura que se trata de una operación para combatir el narcotráfico, pero Caracas denuncia que el objetivo es derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Cuba, en tanto, se halla bajo un embargo comercial estadounidense desde hace más de seis décadas y Haití, el país más pobre de América, está sumido en una crisis humanitaria por la violencia pandillera.
Según un memorando oficial divulgado el martes y al que accedió la AFP, las administración de Trump paralizó la tramitación de “green cards” o tarjetas de residencia así como los procesos de ciudadanía para las personas procedentes de un total de 19 países que ya habían estado sujetos a restricciones de viaje en junio.
La medida afecta además a Afganistán, Birmania, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, República del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán y Yemen.
Algunos expertos en legislación migratoria señalaron que el documento deja en el limbo a muchas personas.
“Incluso personas que pasaron por completo el examen de ciudadanía están viendo sus casos puestos en suspenso a pocos pasos de la meta”, dijo Aaron Reichlin-Melnick, investigador senior del American Immigration Council, en una publicación en X.
Aquellos con aplicaciones ya procesadas también podrían enfrentar más revisiones, dado que el memorando insta a una “revisión exhaustiva” de ciudadanos de los 19 países que llegaron a Estados Unidos después del 20 de enero de 2021.
Altos cargos estadounidenses habían indicado los últimos días que endurecerían las políticas migratorias luego de que dos miembros de la Guardia Nacional fueran atacados a tiros cerca de la Casa Blanca en Washington la semana pasada.
El sospechoso del ataque, que se cobró la vida de una guardia, es un ciudadano afgano que el martes se declaró no culpable de cargos de asesinato.
El hombre llegó a Estados Unidos durante las evacuaciones masivas que siguieron a la retirada de las fuerzas extranjeras de Afganistán en 2021.
“Asesinos” y “sanguijuelas”
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) “tiene un papel central en impedir que terroristas busquen refugio en Estados Unidos y de garantizar que sus procesos de selección, investigación y adjudicación den prioridad a la seguridad del pueblo estadounidense y respeten todas las leyes”, señala el memorando.
Agrega que el gobierno comprobó recientemente “lo que la falta de evaluación, verificación y priorización de adjudicaciones rápidas puede hacerle al pueblo estadounidense”, citando como ejemplo al presunto autor del ataque a los guardias nacionales en Washington.
Trump, que en su campaña presidencial prometió deportar a millones de migrantes indocumentados, dijo el 26 de noviembre tras el tiroteo que planea “pausar permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”.
La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, también instó el lunes a ampliar la lista de países cubiertos por las restricciones de viaje de junio.
“Acabo de reunirme con el presidente. Recomiendo una prohibición total de viajes para cada maldito país que ha inundado nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos que se creen con derecho a todo”, dijo en la red social X, sin nombrar las naciones que, en su opinión, deberían incluirse.
El martes, medios estadounidenses informaron de que las autoridades federales prevén poner en marcha en los próximos días una importante operación de control de la inmigración en Minnesota, que se centraría en ciudadanos somalíes, lo que provocó la reacción de los dirigentes locales, que afirmaron que la policía estatal no cooperará.
