EscucharLa Fiscalía General de la República acusó al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por el caso Bulgarelli-BCIE y de los audios de la Presidencia. La Fiscalía le achaca al mandatario y a su actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, el presunto de delito de concusión, el cual es castigado hasta con ocho años de prisión y se comete cuando un funcionario público abusa de su cargo para obligar o inducir a otra persona a dar un beneficio indebido a un tercero.
El caso tramitado por el fiscal general, Carlo Díaz, corresponde a una adjudicación –en condiciones aparentemente irregulares– en favor de una empresa del productor audiovisual Christian Bulgarelli, la cual se habría gestionado con $405.800 provenientes de una donación por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en 2022.
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Este caso acaparó titulares en diciembre de 2023, cuando La Nación divulgó una serie de audios grabados por la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, en los cuales se escuchaba al presidente Chaves, a otros funcionarios de su gobierno (como el ministro Rodríguez) y al propio Bulgarelli hablar sobre la construcción del contrato y la participación de un entonces amigo y asesor del mandatario, conocido como Choreco, quien finalmente habría recibido $32.000 por parte del empresario favorecido.
De qué se trata el caso Bulgarelli-BCIE, qué decían los polémicos audios de la Presidencia y por qué la Fiscalía considera que hay suficientes indicios para solicitar que se levante la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves y llevarlo a juicio. La Nación le explica.
¿De qué se trata el caso Bulgarelli-BCIE?
El caso Bulgarelli-BCIE se refiere a una contratación por parte del gobierno, en condiciones aparentemente irregulares, para una “consultoría estratégica” de comunicación en favor de la empresa RMC La Productora S.A. (Nocaut), del productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas.
Dicha gestión se habría realizado con $405.000 donados por el BCIE.
El productor audiovisual admitió en una entrevista con La Nación que obtuvo la contratación a sabiendas de que él había redactado los términos de referencia para el concurso, algo que habría sido impulsado por el propio gobierno.
La situación habría sido de conocimiento del presidente Rodrigo Chaves y de varios miembros de su equipo, como el ministro Rodríguez, quien entonces se desempeñaba como jefe de despacho del mandatario.
Parte del dinero ($32.000) habría terminado en manos del entonces amigo y asesor de comunicación del presidente, Federico Cruz, conocido como Choreco, cuya inclusión en el negocio habría sido solicitada por el presidente Chaves, según quedó registrado en audios grabados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro.
La transferencia de $32.000 se dio a conocer este lunes 7 de abril, junto con la acusación de Chaves y Rodríguez.
Bulgarelli y Cruz también son investigados por este caso a través de las causas 25-000043-0033-PE y 25-000044-0033-PE; sin embargo, estas se tramitan por aparte, pues ambos son ciudadanos comunes y no miembros de los Supremos Poderes, como Chaves y Rodríguez.
¿Qué se escuchaba en los audios de la ministra Navarro?
La exministra Navarro compartió una serie de audios al periódico La Nación, los cuales también entregó a la Fiscalía como parte de sus pesquisas.
Ella dijo haber grabado varias reuniones, desde el 10 de mayo del 2022, porque quería “documentar hechos que podían ir contra la ley o la ética”, según declaró a este diario.
En dichos audios, tanto Chaves como Rodríguez y Bulgarelli hablaron sobre el contrato con el BCIE desde meses antes de que el concurso público se efectuara.
En una de las grabaciones, del 27 de mayo de 2022, se escucha al ministro Rodríguez decir que la idea era incluir a Bulgarelli en la comunicación del gobierno por medio de “recursos del BCIE”. Eso lo dijo en el marco de una conversación con Navarro y el empresario.
En otra grabación, del 14 de julio de 2022, se escuchaba al presidente Chaves interesarse sobre cuándo estaría listo “aquel apoyo para cosas de producción, etcétera, del BCIE”, a lo cual el ministro Rodríguez le respondió que el directorio del Banco estaba “listo para votar”, pero que todavía no lo había hecho.
En esa misma grabación fue que el mandatario preguntó a la exministra Navarro por el caso de su consejero de comunicación, Choreco, y si también iba a ser parte del proceso, a lo cual ella le respondió que sí y él contestó con una felicitación.
En una tercera grabación, del 20 de junio de 2022, Bulgarelli reconoció que estaba “generando” un contrato, y sugirió utilizar parte del mismo para incluir a “Choreco” en el negocio, como pedía el presidente.
Por último, en una grabación del 3 de agosto de 2022, se escuchaba cómo el presidente Rodrigo Chaves se interesó de nuevo por los detalles de un contrato con el BCIE, en una conversación con Bulgarelli, Rodríguez y Navarro, en la cual indicó que tenía “un montón de antojos de muchas cosas” y que le gustaría pedir “un par de chineos” y “cariñitos”.
¿Cuándo se concretó la contratación?
La contratación de Bulgarelli con recursos del BCIE finalmente se concretó el 17 de octubre de 2022, varios meses después de las conversaciones grabadas por la exministra Navarro. Inicialmente, el trámite había sido por $300.000, pero después se amplió por otros $105.800, en marzo de 2023.
¿Cómo había reaccionado el gobierno a los audios?
El Gobierno de la República reaccionó con molestia ante la publicación de los audios, sobre los cuales había manifestado que se publicaron fuera de contexto.
Incluso, había argumentado que los comentarios de Chaves sobre “chineos” y “cariñitos” se relacionaban con otras gestiones para mejorar la infraestructura de Casa Presidencial, puntualmente las instalaciones para los escoltas.
El presidente Chaves y el ministro Rodríguez incluso llegaron a denunciar penalmente a la exministra Navarro y a La Nación por las publicaciones sobre los audios y solicitaron detener su difusión ante los tribunales.
No obstante, dicha petición fue desestimada por la Fiscalía Adjunta de San José, al considerar que las grabaciones no eran sobre meras conversaciones privadas sino sobre dinero y contratos públicos.
¿Por qué la Fiscalía ve indicios suficientes para acusar a Chaves?
La Fiscalía General ve indicios para acusar a Chaves y al ministro Rodríguez por el presunto delito de concusión porque ve un nexo entre las palabras de Chaves que fueron grabadas en reuniones y el beneficio de $32.000 que, según Bulgarelli, él mismo le habría entregado como parte del negocio.
Según las pesquisas, el dinero habría sido dado por el productor audiovisual a Choreco, a cambio del concurso que se hizo a su medida, y le habría servido al asesor de Chaves para enganchar una casa en un condominio.
El productor le contó al Ministerio Público que depositó $32.000 en la cuenta bancaria de la propietaria de una vivienda en el condominio Barlovento, en el distrito de Concepción de La Unión de Cartago, para que Cruz pudiera alquilarla con opción de compra. Justamente en ese condominio fue donde la Fuerza Pública ejecutó una orden de desalojo en contra de Federico Cruz, el 8 de agosto del 2024.
Cruz dirigió la comunicación del mandatario en campaña y fue uno de sus principales consejeros en la primera parte del gobierno.
La Fiscalía también señaló el hecho de que la contratación habría sido hecha “a la medida” de Bulgarelli y que, “previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elabora los términos de referencia de su contrato”.
¿Por qué Bulgarelli confesó?
Bulgarelli colabora actualmente con la Fiscalía por “criterio de oportunidad”; es decir, como testigo de la corona.
Esta es una posibilidad legal que le permite a uno de los imputados de una causa con responsabilidad menor, comprometerse a colaborar eficazmente con el proceso penal para esclarecer el hecho investigado y recibir beneficios en su juzgamiento.
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Por el momento, la acción penal en contra de Bulgarelli está suspendida hasta que exista una sentencia firme en ese proceso, según informó la Fiscalía; pero, “en caso de que la colaboración no llegue a ser eficiente para los intereses del Ministerio Público, se continuará con la persecución penal en su contra”.
¿Y ahora qué sigue?
La Fiscalía ya entregó la pieza acusatoria a la Secretaría General de la Corte Plena para su debido trámite y también fue comunicada a la Procuraduría General de la República, como representante del Estado, a efectos de que manifieste si desea constituirse en querellante o actor civil.
Si la Corte estima que los hechos acusados por la Fiscalía son susceptibles de configurar delitos, entonces podrán votar para enviar el expediente a la Asamblea Legislativa, donde podría empezar el trámite para el levantamiento de la inmunidad de Chaves y de Rodríguez, necesario para la eventual apertura de juicio en su contra.
La Presidencia no ha hecho comentarios sobre la acusación hasta el momento.
Otros audios de Presidencia
Los audios filtrados por Navarro sobre reuniones en la Presidencia también aludieron a muchos otros temas controversiales, algunos de los cuales también son investigados judicialmente.
Entre ellos figura el interés del mandatario de incidir sobre la gestión de pauta de instituciones en medios de comunicación y sobre los contratos que ya mantenían vigentes diversas instituciones en esa materia.
También dejaron en evidencia la existencia de órdenes en Presidencia para suspender pauta estatal en cuatro medios de comunicación.
Asimismo, revelaron que el presidente habría ordenado a agentes de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) revisar los teléfonos celulares de varios ministros y funcionarios de Casa Presidencial, bajo el alegato de que alguien estaba filtrando información. Este es un hecho que el ministro Rodríguez aceptó y justificó posteriormente en una audiencia legislativa, el 12 de febrero de 2024.
