El debate surge luego de que un escenario previsto para 2041 se adelantara 16 años, cuando la institución debió tomar, al cierre del 2025, ¢50.000 millones de la reserva del IVM para cubrir el pago de pensiones, un hecho sin precedentes en la historia del régimen.
En ese contexto, el gerente de Pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes, explicó a La Nación qué ocurriría con las jubilaciones de las personas beneficiarias si la reserva llegara a agotarse, un escenario que —según advirtió— podría materializarse hacia inicios de la próxima década, debido a los impagos del Estado y a la desaceleración de los ingresos.
De acuerdo con el jerarca, el agotamiento de la reserva generaría una fuerte presión fiscal, pues, en caso de que el IVM no cuente con recursos suficientes para pagar las pensiones, el Estado tendría que asumir ese faltante, según lo establece la Constitución Política.
¿Qué pasa si la reserva del IVM se agota? Esto dice el gerente de Pensiones
El artículo 177 obliga al Poder Ejecutivo a incorporar esos recursos en el Presupuesto Nacional, por lo que la carga recaería finalmente sobre el Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, Barrantes recordó que, si el Estado cumple con los aportes que le corresponden y se alcanza un acuerdo sobre la deuda acumulada, la CCSS podría discutir las reformas en los próximos años con una mayor estabilidad financiera en el corto plazo.
“Por algunas circunstancias que hemos estado viendo al corto plazo, el comportamiento de los ingresos por cotizaciones más el tema de la falta del pago total de lo que el Estado nos debe pagar, ya tuvimos que echar mano de la reserva”, comentó Barrantes.
“En todos los estudios actuariales que nosotros hemos visto, cuando se llega a este momento, la reserva se empieza a consumir muy rápidamente. Puede darse el escenario, si los ingresos por cotizaciones no mejoran y el pago del Estado no se pone al día, de que esa reserva se agote a inicios de la próxima década”, agregó.
El IVM es el fondo de pensiones más grande de Costa Rica, con más de 2 millones de trabajadores cotizantes, 393.000 personas jubiladas y 83.000 patronos.
Gobierno sería el encargado de cubrir las pensiones
En un escenario en el que desaparezca la reserva y el régimen dependa únicamente de las cotizaciones, Barrantes advirtió que se abriría una brecha entre los recursos disponibles y el monto necesario para pagar las pensiones, faltante que el Estado tendría que asumir por mandato constitucional.
“Esa brecha solamente para el primer año puede rondar los ¢500.000 millones, el 1% del PIB, con tendencia a crecer, porque todos los años va a seguir creciendo. Entonces, sería una presión fiscal muy importante para el país tener que tener listo, a inicios del 2030 si no se hace nada, un 1% más del PIB“, comentó el jerarca.
En ese sentido, agregó que, ante la situación fiscal del país —donde no se observa un aumento sostenido de la recaudación como porcentaje del PIB, sino caídas en algunos rubros—, incluso podría llegar a requerirse una reforma para obtener más recursos.
De acuerdo con Barrantes, las propuestas planteadas por la Gerencia de Pensiones responden a una ventana clave para conformar este año una mesa técnica de diálogo, discutir las medidas en 2027 y comenzar a aplicar las reformas aprobadas durante el primer semestre de 2028.
“(Con) el nivel de reservas que tenemos, por lo menos de aquí al 2030, existe la forma de que, con los intereses de la reserva y parte de la reserva, cubramos la administración (del régimen)”, señaló el jerarca.
“Si el Estado se pone al día, paga lo que presupuestariamente debe dar a la Caja y se llega a algún acuerdo de la deuda acumulada, estos años podemos negociar incluso con una tranquilidad financiera a corto plazo por lo menos mayor”, agregó.
Ingresos no alcanzan para cubrir gasto en pensiones
Desde 2020, el gasto en el pago de pensiones del IVM supera los ingresos por contribuciones.
La brecha se amplió en 2024, cuando los ingresos ascendieron a ¢1.281.932 millones, mientras que el pago de jubilaciones llegó a ¢1.498.734 millones, para una diferencia de ¢216.802 millones.
El monto más que duplicó el faltante registrado en 2023, que fue de ¢101.803 millones, y se debió principalmente a la avalancha de jubilaciones anticipadas que registró la CCSS.
En 2022, la diferencia entre ambos rubros alcanzó ¢80.899 millones, mientras que en 2021 y 2020 fue de ¢62.030 millones y ¢58.229 millones, respectivamente.
