La deuda del Gobierno Central se mantendría por encima del 60% del producto interno bruto (PIB) hasta 2031, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda. Esto implicaría mantener la regla fiscal en su nivel más estricto, con medidas como el congelamiento de los aumentos salariales en el sector público y límites al crecimiento del gasto gubernamental.
Bajo este escenario, el gobierno de Laura Fernández enfrentará un entorno fiscal más restrictivo durante tres de sus cuatro años de gestión y heredaría un panorama de alto endeudamiento para quien la suceda en la presidencia.
Según el más reciente informe Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031, elaborado por el Ministerio de Hacienda, se proyecta que la relación deuda/PIB continúe por encima del 60%, al menos, entre 2026 y 2031.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas dispone que, cuando la deuda se mantiene por encima del 60% del PIB, se aplican límites más estrictos al crecimiento del gasto.
Las estimaciones de Hacienda prevén una tendencia creciente en el endeudamiento con el paso de los años, hasta llegar al 67,2% de la producción en 2031 en su escenario base. Estos niveles, por encima del 60%, endurecen la aplicación de la regla fiscal.
En las consecuencias principales están la posibilidad de congelamiento de salarios públicos hasta el 2033 y el límite a la inversión gubernamental.
De concretarse este panorama, serían, al menos, siete años consecutivos (de 2025 a 2031) en los que el nivel de la deuda respecto al PIB se ubique por encima del 60%, lo que se reflejaría en un Presupuesto Nacional con limitaciones en el gasto.
La Nación consultó a Hacienda cuál será la estrategia para revertir el crecimiento previsto de la razón deuda/PIB, si tienen previsto efectuar recortes del gasto o crear nuevos impuestos, pero no hubo respuesta y la consulta seguía en trámite.
En 2025 el endeudamiento cerró en 60,4%, lo que implica la aplicación más estricta de la regla en 2027. Esto se extendería de 2028 a 2033, es decir, durante casi toda la gestión de Fernández y, al menos, durante los primeros tres años de la administración siguiente.
“(...) el comportamiento proyectado refleja una mayor presión sobre las necesidades brutas de financiamiento en el mediano plazo, lo que refuerza la importancia de fortalecer la gestión de financiamiento y la estrategia de colocación”, indicó Hacienda en el documento.
El Ministerio señaló que los bajos resultados de superávits esperados para los próximos años generarían aumentos en los requerimientos de financiamiento para el período, impactando el nuevo financiamiento y los futuros pagos de intereses y amortizaciones de deuda.
¿Cuáles son las razones del desequilibrio?
Elian Villegas, exministro de Hacienda, manifestó que esta tendencia al alza de los niveles de endeudamiento responde a la baja en la recaudación, lo que implica un mayor financiamiento del gasto a través de la deuda.
“Además, el gobierno ha tenido un apetito importante por la deuda. En los últimos meses han levantado, solo en emisiones en euros, 3.000 millones. El incremento que está planteado me parece exagerado (...) Es un escenario totalmente inaceptable”, comentó el exjerarca.
El economista José Luis Arce, director de FCS Análisis & Estrategia, afirmó que la trayectoria creciente de la deuda respecto al PIB es algo que “se veía venir”. Añadió que se debe a que el esfuerzo fiscal necesario para reducirla requiere ser mayor.
“Con una economía creciendo entre 3% y 4% y tasas de interés reales de la deuda pública entre 3% y 5% se requerirían mayores superávits primarios para lograr que la razón deuda-PIB cayera”, señaló Arce.
Según Hacienda, al cierre de 2025 se evidenció una marcada desaceleración de los ingresos en comparación con 2024, ante condiciones que afectaron las bases imponibles y limitaron el crecimiento de la recaudación tributaria.
El Ministerio estima que los ingresos totales, al igual que los tributarios, decrezcan en 3,4% este año en comparación con 2025. En cuanto a la recaudación total, la trayectoria respecto al PIB se desaceleraría con el paso de los años, de 13,4% en 2026 hasta 11,3% en 2031.
Villegas señaló que, de darse este escenario, los niveles de endeudamiento se mantendrían por encima del 60% incluso después del horizonte de proyección de Hacienda, debido a que la relación de la deuda con respecto al PIB estaría siete puntos porcentuales por encima.
“Sería un desastre total, estar hoy en 58,3% (en relación deuda/PIB) y pensar que en 2031 vamos a estar en 67,2%”, agregó el exministro.
Arce también manifestó que los resultados son excesivamente negativos y que considera que existen inconsistencias en los escenarios mostrados, sin que esto signifique que lo expuso pierda validez.
En 2024, la razón deuda/PIB se ubicó en 58,9%, lo que permitió al Poder Ejecutivo, en el Presupuesto Nacional de 2026, ingresar a un tramo menos restrictivo de la regla fiscal, es decir, con un mayor margen para incrementar el gasto.
Lo anterior obedece a que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas dispone que, cuando la deuda se mantiene por debajo del 60% del PIB, se aplican límites más flexibles al crecimiento del gasto, lo que permite que aumente por encima del promedio del PIB nominal.
Sin embargo, al superar ese umbral, el Ejecutivo tendría que volver al nivel más estricto de la regla por un lapso prolongado, lo que supone topes más severos para el aumento del gasto público e impactos en distintos sectores de la población.
¿Qué implica superar el 60% del PIB?
En la práctica, este panorama implica límites a los incrementos salariales en el sector público y un menor margen para la inversión en obra pública. En el caso de las pensiones con cargo al presupuesto, únicamente se aplicarían ajustes por costo de vida.
“Con estos márgenes de la deuda, ni los pensionados ni los trabajadores del sector público tendrían aumentos. Yo diría que más allá de 2031, porque ya se está hablando de 67,2%, serían muchos años por encima del 60%, sería un escenario pésimo”, expresó Villegas.
La regla fiscal establece, en su título IV, que cuando la deuda pública sea igual o superior al 60% del PIB no se otorgarán alzas en el salario base ni en otros incentivos, pues se aplica el escenario más estricto de la norma.
Arce comentó que el hecho de que el nivel de deuda esté por encima del 60% del PIB crea riesgos y presiones de naturaleza política, pues toca intereses de varios grupos, sobre todo por el congelamiento de los salarios de los funcionarios estatales.
El Gobierno también enfrentaría una contención en el gasto total, lo cual incluye tanto el corriente como el de capital. Esto incluye aspectos como la adquisición de bienes y servicios, así como la inversión, es decir, la construcción o la compra de activos y otros proyectos de infraestructura.
Bajo un escenario más restrictivo de la regla (escenario D), es decir, si se sobrepasa el 60%, el gasto total (corriente y de capital) no puede superar el 65% del crecimiento promedio del PIB nominal de los últimos cuatro años, lo que impone mayores limitaciones.
Cuando la deuda del Gobierno baja del 60% del PIB, la restricción queda en el gasto corriente y se excluye el de capital. El escenario más restrictivo de la regla fiscal prevaleció desde el Presupuesto de 2022 hasta el de 2025, pero retornaría en 2027.
Posibles soluciones
Según Arce, lograr que la razón de la deuda respecto al PIB se reduzca implicaría disminuir más el gasto o aumentar impuestos, aunque apuntó que, desde su perspectiva, ambas opciones parecen “poco probables políticamente hablando”.
“(...) si el gobierno quisiera enfrentar este problema por el lado de la recaudación tributaria tendría los votos legislativos para hacerlo, pero no sé si la voluntad política. Quizás intente llevar a cabo ciertas reformas para afectar grupos de interés específicos no afines al proyecto político oficialista, pero no creo que sea capaz de hacer una reforma tributaria”, comentó el economista.
Por su parte, Villegas dijo que lo primordial es “cobrar bien los impuestos” y pagar lo justo por la deuda que se asuma, pues considera que, en algunos casos, las tasas han sido altas, además de revisar el gasto público.