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El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) recusó a Fernando Cruz, magistrado de la Sala IV, en el caso de dos acciones de inconstitucionalidad presentadas en relación con el Polo Turístico Golfo de Papagayo (PTGP).
El pasado 28 de abril, el asesor legal del ICT, Francisco Coto, informó a La Nación de que la entidad presentó una gestión formal de recusación del magistrado. La intención era que Cruz se apartara del proceso.
No obstante, el alto juez informó de que la recusación fue rechazada por Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional.
Según Cruz, el motivo de la recusación era un supuesto anticipo de criterio emitido en unas declaraciones dadas a La Nación.
En caso de que la recusación contra Cruz hubiera prosperado, se habría producido un atraso en el trámite de las acciones de inconstitucionalidad porque la Sala carece en este momento de magistrados suplentes para suplir a un recusado.
El tribunal constitucional está sin nueve sustitutos desde el 16 de diciembre. La anterior Asamblea Legislativa no logró ponerse de acuerdo para elegirlos.
El abogado constitucionalista Marvin Carvajal explicó que solo el pleno de la Sala IV puede levantar medidas cautelares. Sin embargo, el Tribunal no habría podido integrarse en caso de que se hubiese aceptado separar a Cruz.
Cruz dictó medidas cautelares
El 17 de abril, el magistrado instructor dictó medidas cautelares con motivo de una de las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra las normas constructivas del enclave turístico, ubicado en Guanacaste.
Entre las medidas, dictó una moratoria total al otorgamiento de permisos de tala de árboles en el PTGP, en el contexto de proyectos hoteleros.
Tales disposiciones, de carácter temporal, se mantendrán vigentes mientras la Sala no resuelva el asunto.
El ICT, además, presentó una gestión de aclaración y adición ante la Sala IV.
El pasado 6 de mayo, Cruz puntualizó que la suspensión ordenada aplica solo en los casos donde se haya utilizado o se pretenda utilizar la figura de compensación de densidades y coberturas, la cual fue creada por un decreto ejecutivo del 2024.
Dicho mecanismo permite que, si un concesionario posee dos o más terrenos dentro del proyecto, pueda trasladar al segundo (lote receptor) la capacidad constructiva no utilizada en el primero. Es decir, si no desarrolla todas las habitaciones de hotel permitidas en un lote, puede trasladar ese remanente a otro.
Antes de esta reforma, la normativa establecía que las construcciones en el polo turístico podían ocupar un máximo del 30% del área, mientras que el 70% debía mantenerse como zona verde.
Precisamente, una de las acciones de inconstitucionalidad que tramita la Sala IV objeta dicho cambio.
Empresarios se pronuncian
Arnoldo Beeche, presidente de la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH), afirmó que el desarrollo turístico responsable es una herramienta para transformar comunidades. Sin embargo, subrayó que las reglas claras y la seguridad jurídica resultan indispensables para atraer inversión y generar empleo.
Beeche destacó que la conservación del ambiente y el desarrollo turístico van de la mano. “Si no hay conservación, esas áreas pasarían a otra actividad económica que requiere extensiones mayores y enfrentaría una realidad distinta”, señaló.
El jerarca de la CCH consideró que el país debe seguir mejorando sus estándares ambientales y sociales, sin perder de vista el valor estratégico de estos proyectos.
Por su parte, Shirley Calvo, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), señaló que las inversiones turísticas en Costa Rica operan bajo un marco normativo robusto en materia ambiental y de ordenamiento territorial.
Sostuvo que este marco exige estudios técnicos, permisos sectoriales y procesos de fiscalización continua, lo que posiciona al país entre los más exigentes en regulación ambiental para el desarrollo turístico.
Calvo advirtió de que las medidas cautelares fijadas por el magistrado Cruz generan un impacto significativo al introducir incertidumbre sobre un modelo que ha demostrado ser funcional y equilibrado.
“Se detiene no solo la ejecución de proyectos específicos, sino también la dinámica de inversión, empleo y encadenamientos productivos asociados”, afirmó.
Además, indicó que este tipo de decisiones puede afectar la percepción del país en términos de seguridad y previsibilidad para la inversión, especialmente en un sector que depende de planificación de largo plazo.
Yadyra Simón, presidenta de la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo (Acoprot), consideró que las medidas cautelares y un eventual fallo favorable a la acción de inconstitucionalidad afectarían las inversiones y la generación de empleo en el polo turístico y en el país.
La vocera de Aprocot sostuvo que esta situación pone en riesgo el modelo turístico de Costa Rica.
“Es como tirarle un poco de tierra a algo que ha sido próspero. Esto puede perjudicar la posibilidad para el desarrollo de este país”, manifestó.
Por su parte, Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio (FA), expresó que espera que el proceso garantice justicia y aclaró que no se opone a las inversiones en el PTGP.
Araya interpuso un recurso de amparo ante la Sala IV contra la tala de árboles en el polo turístico.
“No tengo problemas que inviertan $2.000 millones donde están, pero que lo hagan bien, conforme a la Constitución y la ley. Mi expectativa es que se aplique el derecho y la protección de la naturaleza como corresponde para garantizar no $2.000 millones, sino $20.000 millones de calidad de vida y empleos”, alegó el legislador.
