Cruz acogió la solicitud de medidas cautelares planteadas por un ciudadano de apellidos Xatruch Ovares y ordenó las siguientes tres medidas:
- Se declara la moratoria total sobre el otorgamiento de permisos de tala de árboles en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, en el contexto del desarrollo de un proyecto de naturaleza hotelera.
- Se suspende el otorgamiento de autorizaciones de construcción y modificaciones de densidad en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.
- Se suspende el dictado de actos administrativos, en particular provenientes del Minae (Ministerio de Ambiente y Energía), Setena (Secretaría Técnica Ambiental) e ICT (Instituto Costarricense de Turismo), dictados al amparo de la normativa cuestionada en esta acción.
Cruz, como magistrado instructor del expediente 25-024408-0007-CO, alegó que tomó la decisión en apego al principio pro natura y que estará vigente “hasta tanto no se resuelva por el fondo esta acción y mientras no se disponga otra cosa; a fin de evitar daños graves e irreparables al ambiente”.
“Es una medida cautelar para proteger al máximo las pretensiones de la acción de inconstitucionalidad; siempre es posible si hay algún peligro o amenaza que pueda significar un deterioro o una ejecución contraria a las pretensiones de la acción y eso acabo de dictar como magistrado instructor”, agregó Cruz en un audio difundido por la oficina de prensa de la Sala IV.
Acción de inconstitucionalidad contra reglamento
En el expediente, se tramita una acción de inconstitucionalidad contra el esquema legal que permite y regula la actividad inmobiliaria en este polo turístico de Guanacaste, de aproximadamente 1.658 hectáreas. Este proyecto, administrado por el ICT, ha sido uno de los desarrollos turísticos más emblemáticos del país desde su aprobación en la década de 1980.
Está bajo análisis el Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo (N.° 4572), reglamento que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) aprobó en julio de 1995 y que fue reformado en el 2012.
La Procuraduría General de la República señaló vicios de inconstitucionalidad en dos incisos del artículo 5.1 de ese reglamento y recomendó a la Sala Constitucional anularlos al considerar que establecen reglas generales sin tomar en cuenta la presencia de humedales y bosques.
Para el abogado del Estado, estos apartados carecen de sustento técnico y científico, por lo que atentarían contra la protección del ambiente.
