Las inversiones en el Polo Turístico Golfo de Papagayo están paralizadas por la prohibición de tala de árboles que ordenó el magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz, el pasado 17 de abril.
Así lo afirmó a La Nación Rodrigo Castro, director ejecutivo de la Asociación de Concesionarios del Polo Turístico Golfo de Papagayo (Asopapagayo), que agrupa a los 30 desarrolladores de la zona.
Castro estimó el monto total de las inversiones en $5.000 millones: $2.000 millones en proyectos en operación y unos $3.000 millones en iniciativas en desarrollo.
“Los $3.000 millones se ven paralizados y las reinversiones sobre los $2.000 millones iniciales también. Año con año los hoteles se renuevan para mantenerse competitivos”, refirió Castro.
La medida cautelar prohíbe la tala de árboles en playa Panamá, Guanacaste, mientras la Sala Constitucional resuelve una acción de inconstitucionalidad contra la normativa que regula el desarrollo inmobiliario en el Polo Turístico Golfo de Papagayo (PTGP).
El fallo se emitió pocos días después de que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) otorgó a la empresa Enjoy Hotels & Resorts S. A., encargada del proyecto Bahía Papagayo, un permiso para talar 748 árboles e iniciar obras constructivas.
“Las medidas cautelares no paralizan solo ese proyecto, paralizan todo Papapayo... Es poner un freno a esos $3.000 millones que tenemos en la fila para ser desarrollados y ahí radica nuestra preocupación”, dijo Castro, vocero de Asopapagayo.
El empresario explicó que el Polo Turístico de Papagayo genera cerca de 5.000 empleos directos y 13.500 indirectos. Además, recordó que cuenta con un marco regulatorio específico desde 1979, cuando el Estado lo declaró de interés público.
Por su parte, Martí Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), indicó que, al tratarse de un caso reciente, todavía no se perciben efectos concretos en las decisiones de inversión extranjera.
“No obstante, es importante señalar que la paralización de proyectos que cuentan con los permisos correspondientes puede generar señales de incertidumbre en el clima de inversión”, advirtió Jiménez.
Las medidas de la Sala
El magistrado Fernando Cruz acogió la solicitud de medidas cautelares presentada por un ciudadano de apellidos Xatruch Ovares y fijó tres disposiciones:
- Declarar una moratoria total sobre el otorgamiento de permisos de tala de árboles en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, en el contexto de proyectos hoteleros.
- Suspender el otorgamiento de autorizaciones de construcción y modificaciones de densidad en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.
- Suspender actos administrativos, en particular los emitidos por Minae (Ministerio de Ambiente y Energía), Setena (Secretaría Técnica Ambiental) e ICT (Instituto Costarricense de Turismo), bajo la normativa cuestionada en esta acción.
“Hoy tenemos que decirles a los inversionistas nacionales e internacionales que en este momento no se puede hacer, que todo está suspendido”, añadió Castro, también exministro de Turismo.
Asopapagayo solicitó a los magistrados revisar la medida y declarar su nulidad.
Seguridad jurídica ‘en riesgo’
Castro defendió que el marco jurídico del Polo establece que solo el 30% del terreno puede desarrollarse, mientras el 70% debe conservarse, una proporción inversa a la normativa general del país.
Según el vocero, este esquema ha permitido atraer inversiones de alto nivel.
“Hay un (hotel) Four Seasons, un Andaz, recientemente un Ritz-Carlton, a la par un Waldorf Astoria, hay Marriott Autograph por todos lados, está Barceló... Las cadenas hoteleras más prestigiosas del mundo han escogido el Polo Turístico Golfo de Papagayo para establecer ahí los negocios”, subrayó.
Castro agregó que este régimen ofrece la seguridad jurídica que buscan los inversionistas para garantizar la rentabilidad en el tiempo. “Hoy eso se pone en riesgo”, apuntó.
La Nación consultó a la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH). Su directora ejecutiva, Flora Ayub, respondió vía WhatsApp: “En el tema de Enjoy Group no nos manifestamos”.
ICT pide aclaración
El pasado miércoles 22 de abril, el ICT informó que presentó una gestión de adición y aclaración ante la Sala Constitucional sobre las medidas cautelares incluidas en la resolución del expediente 25-024408-0007-CO.
El objetivo es precisar el alcance de la decisión, ya que —según el ICT— no queda suficientemente claro su alcance objetivo y subjetivo.
