Óscar Rodríguez. 19 octubre

Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), asegura que el límite a las deducciones automáticas de créditos, para evitar afectar el salario mínimo de un deudor, puede llevar a un problema financiero en los próximos meses.

El impacto más importante, destacó, es para el sector cooperativo y el Banco Popular, pues usan en mayor medida la figura del cobro automático y están más ligados al sector público.

Aguilar instó a los diputados a aprobar con urgencia un transitorio a la denominada Ley de Usura para que la deducción automática no se aplique a los préstamos formalizados antes de la promulgación de esta normativa en junio pasado.

A continuación un extracto de la entrevista de la jerarca con La Nación.

Rocío Aguilar, jerarca de Sugef. Foto: Rafael Pacheco
Rocío Aguilar, jerarca de Sugef. Foto: Rafael Pacheco

– Varias cooperativas, el Banco Popular y Caja de Ande han sido bastante vehementes sobre el efecto del límite a las deducciones salariales. ¿Ese efecto ya se empezó a ver?

– El efecto primario ocurrió en setiembre cuando el Ministerio de Hacienda, a raíz de la aprobación de la Ley de Usura, decide dejar de practicar las deducciones en aquellos casos en los cuales se acercara al salario mínimo vital, una suma cercana a los ¢200.000.

”En esa primera ronda, hablamos únicamente de Gobierno Central, se dejaron de aplicar (deducciones) por ¢5.388 millones a más de 20.000 deudores. (Hacienda confirmó posteriormente que fueron ¢5.500 millones y 27.000 personas)

”Hemos estado en pleno contacto con las entidades porque en algunos sectores sí puede llegar a tener un impacto importante, sobre todo en el sector cooperativo, que utiliza mucho la deducción automática, y el Banco Popular.

”¿Qué hemos hecho? Primero verificar y tratar de cuantificar cuál puede ser un impacto de esta medida. Por supuesto, es un impacto importante.

“También hemos tenido conversaciones con la Asamblea Legislativa para buscar una medida transitoria con el propósito de que todas las operaciones constituidas con anterioridad a este ley, se les pueda permitir continuar en el proceso de deducción.

”Ya hay un texto sustitutivo que busca mitigar el problema, porque es un problema, que de continuar en esa circunstancia va a tener un efecto directo en el sistema financiero.

“De no arreglarse esto, y prolongarse por varios meses, podríamos enfrentar algunos temas de suficiencia (patrimonial) y obviamente de morosidad. Sobre todo porque son operaciones crediticias donde el cliente nunca ha estado acostumbrado a hacer el pago o no existe una red de sucursales para hacer el pago”.

– ¿Por qué lo califica como un problema importante?

– Desde el punto de vista de los activos totales del sistema podría ser que la suma no sea exorbitante. Pero sí lo es para ciertas líneas de negocios de algunas cooperativas, por ejemplo, en donde una buena parte de su negocio está asociado al financiamiento de empleados públicos.

”Y de pronto que su ingreso, por deducciones automáticas, se caiga en un 20% o 30%. Ahí se tienen situaciones que desde indicadores de mora, temas de flujo de caja. Por eso urge atender el problema”.

– Usted mencionó el tema de la suficiencia patrimonial. ¿Si el deterioro sigue empezarían a alistar intervenciones?

– Eso es lo que se está tratando de evitar, resolviendo el problema en la ley. Las entidades están tomando las acciones para buscar formas alternativas de cobro, pero pierden la automaticidad.

“Hay entidades en que la automaticidad da una preferencia en tasa de interés. Además si la entidad plantea hacer una reestructuración, entonces entra la segunda parte del artículo (de la Ley de Usura), y las entidades están con la preocupación de ser objeto de una multa porque quedaron limitados para que se les otorgue otro crédito o reestructuración”.

– La multa es alta, es el 2% del patrimonio.

– La multa es altísima, no es cualquier cosa. Entonces por eso es que es urgente generar esta medida (la reforma legal), que es al menos para las operaciones ya desembolsadas.

”Para las nuevas operaciones ya todo el mundo conoce las reglas de juego y decidirá cómo será su modelo hacia adelante”.

– ¿Es un riesgo latente que las entidades caigan en irregularidad y la Superintendencia deba ingresar?

– El riesgo de intervención existe, en el tanto no se corrija la situación y no se pueda mitigar con otras medidas. Entonces ese es el punto y eso fue lo que se les explicó a los diputados.

“Creo que lo entendieron perfectamente, de que a toda costa deberíamos evitar que una situación como esta se materialice”.

– ¿Tienen ustedes o las entidades alguna proyección de cuándo se podría materializar este riesgo de intervención?

– Nosotros hicimos estimaciones, muy con lápiz grueso, para ver cuál podría ser el efecto. Por supuesto, las entidades hicieron el respectivo trabajo y han estado conciliando cifras con nuestra unidad de supervisión.

“El mensaje es claro de que este es un tema urgente. Puede ser que en uno, dos o tres meses el asunto se ponga complejo, pero no delicado. Pero si esto no se resuelve sí puede acarrear los problemas que se quieren mitigar (intervenciones). En esto están trabajando las cooperativas, el Banco Popular, el Poder Ejecutivo y los diputados.

“Si eso no se corrige, vámonos al escenario extremo, las cooperativas se financian en el sistema financiero”.

– Está encadenado.

– Exactamente, ahí se puede tener un problema sistémico. Por eso es tan importante atenderlo cuanto antes.

– ¿Cuántas entidades detectaron que podrían entrar en los problemas que usted menciona?

– Va depender mucho de varias cosas. Uno de cuánto dure esto, evidentemente si esto sigue los siguientes seis meses, y asumiendo en un caso muy extremo que las operaciones no se logren pagar, pues podría haber problemas en varias entidades. Sobre todo aquellas cuyo negocio está orientado a ese crédito al sector público.