En medio de la crisis económica generada por la pandemia, cerca de 345.000 trabajadores afiliados al solidarismo no pueden obtener, desde junio, créditos sobre sus ahorros con la inmediatez acostumbrada, ni solicitar financiamiento para pagar recibos de servicios públicos.

A otros asociados les han rechazado los créditos porque ya no cumplen los requisitos, y a raíz de eso, algunos optaron por salirse de estas organizaciones para poder utilizar sus ahorros.

Así se desprende de la experiencia que compartieron tres asociaciones solidaristas sobre los efectos que ha tenido para ellas nuevos requisitos de la llamada “ley de usura” (decreto legislativo número 9.859), vigente desde el 20 de junio pasado.

Dicha Ley establece, en su artículo 44 bis, que previo al otorgamiento de crédito, los oferentes deberán solicitarle al potencial deudor, una autorización para acceder a la Central de Información Crediticia de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), con el fin de visualizar el total de sus obligaciones crediticias vigentes y evitar el sobrendeudamiento del consumidor financiero.

Esto ha hecho que para los créditos que antes el asociado tramitaba directamente y cuya garantía son sus propios ahorros ahora requiera llenar un formulario y hacer la consulta a la Sugef.

“La entrada en vigencia de la ley de usura ha afectado significativamente la colocación de créditos en nuestra organización, principalmente para aquellos créditos que tienen como garantía el ahorro obrero del asociado, esto por cuanto la consulta a la Central de Información Crediticia (CIC) de Sugef es un requisito indispensable para determinar el salario mínimo requerido”, compartió Heiner Gutiérrez, gerente de Asobacen (Asociación Solidarista del Banco Central).

Rafael Vanegas, gerente de Asobancosta (Asociación Solidarista del Banco de Costa Rica), explicó que habían invertido en la transformación digital, lo cual permitía que los créditos solicitados por los asociados sobre sus ahorros quedaran aprobados en línea, de manera rápida, en un formato de 24 horas al día, siete días a la semana y 365 días al año.

“Con la incorporación de la ley, nos hemos visto en la obligación de sustituir el avance tecnológico con lo manual, las cientos de solicitudes que se reciben y que anteriormente se autorizan en tiempo real, nos obliga a invertir cerca de media hora para resolver una solicitud”, explicó Vanegas.

“En Asintel (Asociación Solidarista de Intel) hemos sufrido los impactos de las limitaciones que impone esta ley, en términos del tiempo que se tarda en el trámite del CIC, lo cual está retrasando el tiempo de aprobación y desembolso de los préstamos a los asociados”, relató Raúl Espinoza, quien también es presidente del Movimiento Solidarista.

Créditos denegados

Otros efectos que han tenido, según los jerarcas de las solidaristas, son la suspensión o la denegación de créditos.

“Tuvimos que suspender la línea crediticia que se tenía disponible para pago de deudas externas y con la cual se flexibilizaba el requisito de salario mínimo, esto con el fin de que el asociado pudiera, con recursos de la asociación, cancelar deudas con otros entes financieros y con lo cual poder ordenar sus finanzas”, añadió Gutiérrez.

La nueva legislación también estableció, en su artículo 44 ter, que no se puede prestar dinero a las personas si al realizar las deducciones de las cuotas el salario queda por debajo del mínimo inembargable, que actualmente es de ¢199.760, lo cual excluye del crédito, principalmente, a quienes reciben salarios cerca de dicho límite.

“Además, tuvimos que suspender el financiamiento que se utilizaba para el pago de servicios públicos (agua, luz, cable y otros servicios) y que era muy utilizado por los asociados por la facilidad que se les daba para cancelar dichos servicios, ya que podían programar los pagos (pagos automáticos) y con esto tener la seguridad de que todos los meses dichos pagos serían cancelados por la asociación”, añadió Gutiérrez.

Por su parte, Vanegas, informó de que han tenido que rechazar alrededor de 200 operaciones crediticias, que no se ajustaban a los parámetros de la Ley.

“En la mayoría de las veces, financiamientos de emergencia para solucionar necesidades urgentes, impulsando al trabajador a otros mecanismos de más costo para resolver la necesidad”, añadió Vanegas.

Avance del proyecto

En la Asamblea Legislativa se tramita el expediente 22.109 que es un proyecto de ley que buscar reformar los dos artículos citados, el 44 bis y 44 ter de la Ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que fue la que reformó la ley de usura.

Este proyecto ingresó el 24 de julio del 2020 y tiene dispensa total de trámites.

David Gourzong, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), y quien presentó la reforma, reconoció que a la Ley se le incluyeron, durante el último día de discusión, artículos que complican la operación de las asociaciones solidaristas.

“Ahora las solidaristas deben pedirle a la Sugef información sobre las personas que solicitan créditos, pese a no ser supervisadas”, destacó el legislador.

Este texto exceptúa a las asociaciones solidaristas de la consulta previa al Centro de Información Crediticia de la Sugef y de la prohibición de las deducciones del salario del trabajador que afecten el salario mínimo inembargable.

Según cita la exposición de motivos del proyecto el Estudio del Sector Solidarista realizado por la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol) 2018, en el país hay 1.400 asociaciones solidaristas, con cerca de 345.000 trabajadores y trabajadoras afiliadas (casi 15% de la población económicamente activa del país).

Espinoza, por su lado, explicó que actualmente están trabajando en un texto sustitutivo que están discutiendo con los interesados.

Colaboró el periodista Óscar Rodríguez.