La vía propuesta para evitar que el límite a las deducciones salariales provoque un deterioro en la solvencia de entidades financieras, principalmente cooperativas, es que los cobros automáticos de préstamos se mantengan en todas las operaciones crediticias formalizadas antes del 20 de junio pasado.
El proyecto de ley lo presentaron, en agosto, el liberacionista David Gourzong y oficialista Welmer Ramos.
El legislador verdiblanco comentó que ha conversado con los jefes de fracciones de las diferentes bancadas en busca del retiro de 50 mociones, con el fin de que el Plenario pueda votar en primer debate la reforma esta misma semana.
“En la ley de usura hubo compañeros muy creativos que propusieron temas anexos y más bien esos artículos han venido a complicar la aplicación de la ley, no tanto por la usura, sino como las entidades financieras brindan y cobran los créditos otorgados”, afirmó Gourzong en referencia al límite a las deducciones salariales.
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Cuando los diputados aprobaron esta normativa se incluyó un artículo adicional que prohíbe cualquier deducción que deje a la persona con un ingreso mensual por debajo del salario mínimo, actualmente de ¢199.760.
Precisamente la incorporación de dicha medida es la que puede generar problemas de solvencia principalmente en el sector cooperativo, pues está entre las entidades que más utiliza esta figura, confirmó Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Aguilar reconoció que, previo al reciente receso legislativo, se reunió con diputados en el Congreso para explicarles el riesgo de intervención a cooperativas en los próximos meses si no se corrige el impacto creado en la ley de usura.
“Para mitigar el problema lo que urge es la reforma a la ley de usura y ya hay un acuerdo, y esperaría que cuando regresen los diputados se pueda avanzar en el texto”, afirmó la jerarca.
Aguilar dijo que el proyecto contiene una medida transitoria con el propósito de que todas las operaciones constituidas, con anterioridad a este ley, puedan continuar en el proceso de deducción.
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Sin el cambio, añadió, habrá un impacto en todo el sistema financiero en los próximos meses.
Adrián Rodríguez, gerente de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, destacó que el problema de los límites a las deducciones de salarios afecta a todo el sector financiero, a todas las entidades oferentes de crédito tanto supervisadas y no supervisadas.
“La llamada ley de usura impide dar créditos a personas con ingresos líquidos menores a ¢200.000 colones, así como cobrar la totalidad de los créditos existentes por medio de la deducción de salarios”, afirmó Rodríguez.
Juan Francisco Rodríguez, subgerente de Negocios del Banco Popular, dijo que en conjunto con otras entidades financieras han trabajado para lograr un consenso con los diputados para la aprobación de la reforma a la ley de usura.
La entidad pública también acudió a la Sala IV con el fin de que se declare la normativa inconstitucional, pues considera que la ley genera discriminación en el acceso al crédito.
