Óscar Rodríguez. 19 octubre
De los ¢5.500 millones que Hacienda no dedujo a deudores, por afectación al salario mínimo, el 52% son empleados del Ministerio de Educación, según confirmó Caja de Ande. Foto: Marcela Bertozzi/Agencia Ojo por ojo.
De los ¢5.500 millones que Hacienda no dedujo a deudores, por afectación al salario mínimo, el 52% son empleados del Ministerio de Educación, según confirmó Caja de Ande. Foto: Marcela Bertozzi/Agencia Ojo por ojo.

El límite a las deducciones automáticas por deudas a los empleados públicos, que afecten el salario mínimo, implica un fuerte golpe financiero para cooperativas de ahorro y crédito al punto de generar el riesgo de intervenciones por parte de la Sugef en los próximos meses.

“El riesgo de intervención existe, en el tanto no se corrija la situación y no se pueda mitigar con otras medidas”, confirmó a La Nación Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef)

La funcionaria dijo que la decisión del Ministerio de Hacienda, de setiembre pasado, de no efectuar cobros de créditos que dejen a las personas con menos del salario mínimo al mes de ¢199.760, podría acarrear “problemas importantes” principalmente en el sector cooperativo.

La Tesorería Nacional informó que en total no se hicieron deducciones automáticas por ¢5.500 millones a 27.000 personas. El 52% fue a docentes del Ministerio de Educación.

“La medida afecta a cualquier entidad que cuente con el servicio deducción vía planilla. Estimamos que el mayor impacto se reflejará en enero 2021”. Adrián Álvarez, subgerente de Coopenae.

Aguilar explicó que las cooperativas con más vinculación al sector público enfrentan las mayores dificultades, pues hay casos en que significa una caída de un 20% o 30% en los ingresos de algunas líneas de crédito.

La decisión de Hacienda también afectó al Banco Popular y a Caja de Ande; pero las implicaciones financieras fueron menores, argumentaron ambas entidades.

El límite a las deducciones salariales se estableció con la entrada en vigencia de los cambios implementados en la denominada Ley de Usura el pasado 20 de junio.

Mauricio Arroyo, subtesorero Nacional, explicó que los rebajos por deudas no se aplican cuando el sistema reporta el concepto de salario insuficiente.

Carrera contrarreloj

La superintendenta enfatizó que si el límite a las deducciones continúa en tres meses la situación se pondrá compleja. En octubre se cumple el segundo mes.

“Si se prolonga por más tiempo, habrá entidades que enfrenten problemas de suficiencia (patrimonial) y obviamente morosidad”, afirmó la jerarca.

Aguilar dijo que es urgente que los diputados corrijan la dificultad creada por la legislación, pues las cooperativas se financian en el sistema financiero, con lo cual el problema de este sector específico podría escalar al resto a otras entidades.

Para solucionar el actual escenario, tanto la Sugef como el cooperativismo, apuestan a una reforma legal para que el límite a las deducciones no aplique en las operaciones de crédito formalizadas antes de junio pasado, cuando se aprobó la nueva legislación.

A nivel de resultados, los eventuales problemas señalados por Aguilar aún no se muestran de manera relevante en los principales indicadores financieros de las entidades supervisadas.

Sin embargo, la información entregada por las entidades financieras a Sugef sí muestra deterioro, principalmente porque se mezcla con los efectos de la pandemia sanitaria en la economía y hogares del país.

A nivel de morosidad, el ascenso más relevante ocurre en el Banco Popular, después de mayo pasado, y para el mes de setiembre la mora se ubicó por encima del 3,66%. En Caja de Ande también se elevó levemente hasta ubicarse 0,71%, en setiembre.

En tanto, para todo el sector cooperativo (21 entidades) la información muestra una leve reducción, en los últimos cuatro meses, hasta llegar a 1,59%, según datos de Sugef.

Las provisiones por créditos malos sí se han elevado por el deterioro en la cartera crediticia en las cooperativas y el Popular durante este año, según el registro de la Superintendencia.

El sector cooperativo acumuló, entre enero y setiembre de este año, ¢46.893 millones en provisiones, frente a ¢38.243 millones al mismo periodo del año pasado, lo cual equivale a un alza del 22%, según muestran los datos de la Superintendencia.

En tanto, en el Popular el monto ascendió a ¢30.545 millones a setiembre pasado, frente a los ¢26.522 millones del mismo periodo del 2019, es decir un incremento del 15%.

Medidas y acciones

La Nación consultó a las cooperativas de mayor peso en el sistema financiero, y con mayor ligamen en el sector público, sobre las amenazas descritas por la jerarca de Sugef. Así como al Popular y Caja de Ande.

Adrián Álvarez, subgerente de Coopenae, descartó que se dé una afectación significativa en la solvencia de la entidad, pues mantienen niveles altos de liquidez.

“La medida afecta a cualquier entidad que cuente con el servicio deducción vía planilla. Estimamos que el mayor impacto se reflejará en enero 2021″, dijo Álvarez.

Además confirmó que identificaron una afectación en 2.105 personas.

Coopemep detalló, por escrito, que están en proceso de análisis de las cifras, por lo que no tienen datos exactos.

Sin embargo, la entidad destacó que están reforzando el proceso de cobro y comunicación con los asociados, para que no haya ninguna afectación o que estos caigan en atrasos o impagos.

Coope Ande, Coopeservidores y Coopecaja declinaron referirse al efecto en sus finanzas que ocasiona el límite a las deducciones al salario mínimo de sus clientes.

Adrián Rodríguez, gerente de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fedeac), comentó que no se referirá a los escenarios descritos por la jerarca de Sugef; pero le dio la razón a la entidad supervisora sobre la gravedad del problema.

“Esta situación tiene paralizadas las readecuaciones de créditos y los nuevos créditos para las personas más humildes, los trabajadores con salarios por debajo de los ¢500.000 o ¢600.000 (mensuales)”, dijo Rodríguez.

“Esta situación tiene paralizadas las readecuaciones de créditos y los nuevos créditos para las personas más humildes, los trabajadores con salarios por debajo de los ¢500.000 o ¢600.000”. Adrián Rodríguez, gerente de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Juan Francisco Rodríguez, subgerente de Negocios del Banco Popular, dijo que la imposibilidad de realizar deducciones a deudores, por afectación al salario mínimo, podría generar un alza en los niveles de morosidad, pero no al nivel de provocar un deterioro en la solvencia y mucho menos una intervención.

“Esos créditos representan una fracción relativamente pequeña del total de la cartera; además, debe considerarse que las gestiones de cobro van a permitir recuperar gran parte de esos créditos”, afirmó Rodríguez.

Por su parte, Adrián Soto, gerente de Caja de Ande, confirmó que de los ¢5.500 millones de deducciones no realizadas en setiembre, aproximadamente el 52% fueron recursos no cobrados a favor de esta entidad.

No obstante, aseveró que el monto no es significativo para afectar la suficiencia patrimonial de la Caja.

“En el caso de la institución los indicadores de la morosidad y el crecimiento en el saldo de la cartera se verían impactados, de mantenerse la situación actual”, dijo Soto.