La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cumplió en julio 13 meses continuos de no publicar estados financieros del Seguro de Salud, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC).
La oscuridad financiera de la institución ante los entes fiscalizadores y la ciudadanía se inició en junio del año pasado, cuando se puso en marcha el nuevo sistema contable ERP-SAP con la promesa de ordenar y centralizar sus cuentas.
Entre las limitaciones que ha enfrentado la CCSS están la imposibilidad de registrar con exactitud el ingreso y la salida de medicamentos, así como discrepancias en el registro de activos y la pérdida de trazabilidad contable.
Dichas situaciones dificultan la consolidación de los estados financieros y han impedido divulgar reportes contables desde mayo del año pasado. De hecho, tras la implementación del ERP-SAP, La Nación ha consultado en distintas ocasiones a la CCSS sobre la fecha de publicación de sus estados financieros.
La institución señaló al menos cuatro fechas en el último año. Inicialmente, previó divulgar el corte correspondiente a junio de ese año el 24 de diciembre de 2025. Luego, aplazó la fecha al 18 de febrero del 2026 y, posteriormente, al 24 de marzo.
Ahora, Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, indicó a este diario que la información contable a junio del 2025 estaría lista el próximo 15 de agosto.
Finanzas de la Caja sin fiscalización
La ausencia prolongada de esta información también encendió las alertas de entidades como la Contraloría General de la República (CGR) y la Superintendencia de Pensiones (Supén), que han emitido reiteradas advertencias sobre los riesgos que representa para las finanzas públicas y los fondos de pensiones la falta de rendición de cuentas de la CCSS.
En ese sentido, ambas entidades señalaron posibles afectaciones no solo a la transparencia de la información sino también a la fiscalización de los recursos públicos. Incluso, advirtieron sobre el riesgo de fraudes o de que no se adopten medidas oportunas ante una eventual situación financiera crítica que pase inadvertida.
Desde el 22 de julio, La Nación consultó a la CCSS sobre la ausencia de estados financieros actualizados, así como los aspectos pendientes para elaborar esa información y las preocupaciones de la CGR y la Supén. Al cierre de edición, la consulta seguía en trámite.
Implementación de sistema contable provocó descalabro
El sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP) entró en funcionamiento el 2 de junio del 2025. Su propósito era concentrar en la Administración Central de la CCSS todos los procesos de facturación y pagos a proveedores e incapacidades, los cuales se realizaban de manera descentralizada.
Desde su puesta en marcha, sin embargo, el sistema ha presentado diversas inconsistencias. Entre ellas figuran fallas en la descarga de recetas y su registro en los perfiles de pacientes, así como dificultades para determinar las existencias de medicamentos, lo que ha elevado el riesgo de desabastecimiento de medicinas y productos básicos, como papel higiénico y toallas.
También se han registrado atrasos en los pagos a proveedores de medicamentos y suministros médicos por dificultades para tramitar la “presa” de facturas pendientes. A esto se suma la pérdida de trazabilidad de fármacos como fentanilo y morfina, además de problemas en los registros financieros.
Contraloría: ‘Aumenta la incertidumbre y limita la toma de decisiones informadas’
Ante consultas de La Nación, la CGR señaló que la falta de información financiera oportuna genera riesgos, aumenta la incertidumbre y limita la toma de decisiones informadas. También advirtió de que dificulta las auditorías, las asesorías en Hacienda Pública y el análisis de la ejecución presupuestaria.
“El rezago crítico en la disponibilidad de la información financiera de la CCSS compromete gravemente la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización del sector público”, advirtió la Contraloría.
“(También) imposibilita la cuantificación de las cifras presupuestarias del sector público, dado que la CCSS es la entidad de mayor peso relativo en el sector descentralizado, e impide al Ministerio de Hacienda concluir la consolidación de los estados financieros del sector público, lo cual limita la integridad de las estadísticas de las finanzas públicas y genera incertidumbre sobre la solvencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones y salud”, agregó.
En esa línea, la Contraloría sostuvo que la transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública y probidad deben permear toda la Administración Pública, como mecanismos para la fiscalización, el control ciudadano y el cumplimiento del fin público.
La entidad añadió que la ausencia de estados financieros limita el acceso a información clara, oportuna y completa. Según explicó, la transparencia permite detectar riesgos de corrupción, mejorar decisiones e identificar y gestionar riesgos fiscales, además de fortalecer la integridad pública y la rendición de cuentas.
“(...) Las dificultades derivadas de la implementación del sistema SAP‑ERP, así como a los estudios efectuados tanto por esta Superintendencia como por la Contraloría General de la República, evidencian una elevada exposición a riesgos, incluyendo eventuales situaciones fraudulentas. Asimismo, la falta de información contable oportuna y confiable limita la evaluación de la situación financiera y actuarial del régimen, generando incertidumbre respecto de la condición real del fondo".
— Informe ICV-2025, Supén
Supén señala riesgos para el IVM
La Supén, por su parte, explicó a La Nación que los estados financieros son un insumo fundamental para supervisar el régimen del IVM de la CCSS.
Estos documentos, señaló, permiten analizar la evolución de los activos y las reservas, el rendimiento de los recursos administrados, así como la recuperación de deudas y el comportamiento de las obligaciones del régimen.
En ese sentido, la falta de información actualizada, según el órgano fiscalizador, limita ese seguimiento y dificulta evaluar la situación financiera y actuarial del IVM. El último estado financiero que la CCSS remitió a la Supén corresponde a mayo del 2025, mientras que los estados auditados más recientes disponibles datan del 31 de diciembre del 2023.
La Superintendencia también detalló en su informe ICV-2025, remitido el 22 de mayo pasado a la Junta Directiva y al Comité de Vigilancia de la CCSS, que la falta de información contable oportuna y confiable genera incertidumbre sobre la situación real del fondo y limita la evaluación de su condición financiera y actuarial.
El documento, del cual tiene copia este diario, analiza la situación anual del IVM en el 2025. En ese marco, la Supén reiteró la necesidad de que la Junta Directiva de la CCSS disponga a corto plazo de la información contable mensual pendiente de ese año.
Esto cobra especial relevancia porque, al cierre del año pasado, la institución debió utilizar por primera vez más de ¢50.000 millones de la reserva para pagar las pensiones del IVM. El escenario se adelantó 16 años respecto de las proyecciones iniciales, que lo situaban en el 2041.
La Supén, por otra parte, advirtió de que las dificultades derivadas de la implementación del sistema ERP-SAP, sumadas a otros hallazgos, mantienen al IVM expuesto a riesgos financieros, actuariales, contables, operativos y de gobernanza, incluidos eventuales escenarios de fraude.