La Superintendencia detectó deficiencias en las políticas de conozca a su cliente y en cuanto a las alertas que se deben emitir ante el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), cuando uno de sus clientes incurre en una operación sospechosa.

El castigo fue notificado a Latco el pasado 22 de enero, mediante el oficio SGF-0109-2018, y actualmente se encuentra en apelación ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif).

Este caso data de noviembre del 2015, cuando el Banco de Costa Rica (BCR) anunció el cierre de cuatro cuentas bancarias a la fiduciaria Latco y remitió un informe a la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, con un relato de los hechos y una denuncia por un aparente lavado de dinero.

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Las autoridades bancarias tenían dudas sobre el origen de los recursos con los que, en ese entonces, se financiaba esa compañía dedicada a los bienes raíces y a la administración de fideicomisos en Costa Rica.

El dinero provenía, según la investigación del BCR, de dos empresas domiciliadas en Malta y Emiratos Árabes Unidos, propiedad de una costarricense que para esa época tenía 35 años, era gerenta del sportsbook 5Dimes (negocio de apuestas en línea) y había hipotecado, en dos ocasiones, un terreno para construir su casa.

Esas dos firmas, Woodtree Equipment Limited y Latitude Global FZE, reportaron ingresos por $1.528 millones en sus cuentas bancarias, en esos dos países, durante el 2014.

Actualmente, esa cifra equivale a ¢878.600 millones, es decir, un 24% más que el déficit fiscal del país, el cual alcanzó en los ¢670.560 millones, en los primeros cuatro meses del año. Esa suma representa también el 1,9% de la producción del país.

En total, durante tres años, las cuentas de Latco en el BCR recibieron $67 millones de esas dos compañías, propiedad de la costarricense Marisol Carvajal Cordero. Ese fue el único ingreso reportado como capital de trabajo en ese banco.

En el Ministerio Público, la causa se tramita bajo el expediente 15-0000052-1322-PE y no tiene imputados individualizados.

Warner Molina, el nuevo fiscal adjunto de Legitimación de Capitales informó de que, dado de que fue nombrado en forma reciente en ese puesto, en la actualidad trabaja en el estudio y revisión de todos los casos que existen en el despacho, incluyendo el de Latco. Así lo consignó en un correo electrónico enviado por la oficina de prensa de la Fiscalía.

Entre tanto, Rafael Gairaud, abogado de Manfred Pino, dueño de Latco, reconoce que la fiduciaria tenía deficiencias en el cumplimiento de la ley antilavado. Sin embargo, insistió en que se trata de una sanción administrativa y que los yerros señalados ya fueron corregidos.

“La Sugef dice, no se produjo daño, no hay delito de legitimación de capitales, pero igual lo vamos a sancionar, por las deficiencias en los controles y medidas que tenía Latco en aquel momento. Aquí lo que a mí me importa es que, la Sugef reconoce que este es un tema meramente administrativo, que no se produjo daño, que no hay delito, pero igual van a sancionar (...). Las normas sancionatorias implicadas no contemplan alternativas de remediación o subsanación, como causales de exculpatorias o eximentes de la sanción administrativa”, expresó Gairaud.

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Dos infracciones a la ley

En específico, la multa impuesta a Latco se fijó con base en dos de las infracciones contempladas en el artículo N.° 81 de la ley antilavado (8204).

Primero, se le impuso una sanción, equivalente al 1% de su patrimonio, por haber “violentado las obligaciones dispuestas en el artículo 16 de dicha ley (la 8204), en relación con la identificación de los clientes". En específico, sobre Woodtree Equipment Limited y su propietaria, Marisol Carvajal Cordero, quien además aparecía como dueña de Latitude Global FZE.

En ese apartado se establecen cuáles son los datos y documentos mínimos que las entidades financieras, en este caso Latco, deben tener sobre sus clientes para “prevenir las operaciones de ocultación y movilización de capitales de procedencia dudosa y otras transacciones encaminadas a legitimar capitales o a financiar actividades u organizaciones terroristas”.

La normativa, por ejemplo, indica que se “debe registrar y verificar, por medios fehacientes, la identidad, la representación, el domicilio, la capacidad legal, la ocupación o el objeto social de la persona, así como otros datos de su identidad, ya sean clientes ocasionales o habituales”.

Posteriormente, la Superintendencia sancionó a Latco con el equivalente al 2% de su patrimonio, por no “haber implementado los procedimientos para la detección y control de transacciones financieras inusuales y sospechosas” en el caso de la empresa Woodtree Equipment Limited.

La fiduciaria estaba obligada a informar, de manera inmediata, a la Unidad de Inteligencia Financiera (Ulf), del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), sobre las transacciones sospechosas de Woodtree y no lo hizo.

De las dos empresas de Carvajal, la que más registra dinero es Woodtree Equipment Limited, con ingresos de $1.444 millones y gastos por $1.282 millones. Mientras que Latitude Global FZE reportó entradas por $84 millones y gastos por $72 millones, consigna la denuncia de la Oficialía de Cumplimiento del BCR.

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Caso se elevó al Conassif

El superintendente de Entidades Financieras, Bernando Alfaro, confirmó que este año han sancionado a dos entidades financieras, pero no se refirió al fondos de los casos, pues se trata de información confidencial.

“Recientemente esta Superintendencia ha resuelto dos casos, los cuales están en proceso de resolución por parte del Conassif, al estar conociéndose el recurso de apelación presentado por cada una de las partes investigadas y, que dado que aún no se encuentran en firme las sanciones, resulta imposible suministrar ningún tipo de información, en razón de lo previsto en el artículo 6 de la Ley de Control Interno", dijo Alfaro.

Junto a Latco, este año también fue multado el Banco Scotiabank con unos $2 millones (¢1.170 millones) , por haber incumplido con las normas contra lavado de dinero en una transacción de recursos provenientes de Perú, de supuestos sobornos pagados al expresidente de ese país, Alejandro Toledo.

Antes de los casos de Latco y Scotiabank, solo una empresa había sido sancionada por violar la ley antilavado. Se trata del Banco Popular (BP), el cual fue castigado en mayo del 2009 por infringir la ley 8204. A la fecha, sin embargo, el castigo no se ha hecho efectivo, pues después de que el Conassif le rechazara una apelación, el BP acudió al Tribunal Contencioso Administrativo, donde actualmente se encuentra el caso.