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En mayo del 2020, los diputados aprobaron una ley para eximir a las municipalidades del mecanismo de control de gasto conocido como regla fiscal, ignorando las advertencias técnicas de la Contraloría General de la República, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Ministerio de Hacienda.
Con la excusa de la pandemia, la ley también subió de un 40% a un 50% el porcentaje de los ingresos ordinarios que las municipalidades pueden destinar a gastos administrativos, en detrimento de los recursos que deben invertirse en obras para los contribuyentes.
Además, los diputados cuadruplicaron la porción del dinero proveniente del impuesto sobre bienes inmuebles que los ayuntamientos pueden emplear en gasto administrativo. Aumentaron el porcentaje de un 10% a un 40% durante dos años.
La ley fue aprobada con una abrumadora mayoría de 43 votos, mientras se concentraban en las afueras del Congreso 40 alcaldes, funcionarios municipales y el sindicalista Albino Vargas.
Los efectos no tardaron en llegar. Al mes siguiente, la calificadora internacional Standard & Poor’s rebajó la nota de riesgo de Costa Rica y nos colocó como un país “más vulnerable” a incumplir sus compromisos financieros.
La calificadora fue clara en que la flexibilización de la regla fiscal, avalada también por el presidente de la República, Carlos Alvarado, pesó en la rebaja.
Posteriormente, para el primer semestre del 2021, la Contraloría reveló que las municipalidades habían disparado el gasto corriente hasta en un 142% en comparación con el mismo periodo del 2020.
La actual jefa del PLN, la diputada María José Corrales, declaró que les tocaba asumir responsabilidad por lo hecho, pero recordó que el plan fue aprobado por más de 40 diputados.
Sin embargo, la influencia municipal fue mucho más allá en la Asamblea Legislativa.
En un santiamén, y también con la excusa de la pandemia, en abril del 2020, el Congreso aprobó quitarles ¢3.500 millones a las obras sociales de la zona sur, de dinero proveniente del Depósito Libre de Golfito, para entregarlos al gasto corriente de las municipalidades de Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus.
Antes de eso, el plenario había aprobado un polémico proyecto impulsado por el diputado verdiblanco Daniel Ulate, junto con el alcalde del PLN en San Ramón, Nixon Ureña, para obligar al Gobierno a contratar un sistema de etiquetado de licores y darles a los funcionarios municipales potestades de persecución sobre contrabando, facultad que solo tenía la Policía de Control Fiscal. El plan se aprobó contra el criterio técnico del Ministerio de Hacienda.
Estimado lector, la lista no termina ahí, pero podemos resumirla en que los diputados también aprobaron lo siguiente:
-Quitarle ¢29.000 millones al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para dárselos a las municipalidades en el Presupuesto Nacional del 2022. Este cambio fue aprobado en octubre pasado luego de que el alcalde josefino, Johnny Araya, lideró protestas de alcaldes en el Congreso. Salió a atenderlos y presentó la moción el diputado del PLN, Gustavo Viales, hijo del alcalde de Corredores, Carlos Viales.
-Avanzó en el Congreso un proyecto para trasladar a las municipalidades la construcción de escuelas y colegios.
-También, camina un plan de ley para convertir a los gobiernos locales en desarrolladores de proyectos de vivienda.
En suma, una fuerza municipal ha movido hilos en la Asamblea Legislativa durante los últimos tres años.
Reelección indefinida
Con la llegada del caso Diamante, en el que seis alcaldes fueron detenidos por presunta corrupción en obras públicas municipales, resurgió un tema de vital importancia para la democracia: la reelección indefinida de alcaldes.
Actualmente, los alcaldes pueden reelegirse las veces que quieran, y en forma consecutiva, en comicios con altos porcentajes de abstencionismo.
De hecho, tres de los alcaldes sospechosos en el caso Diamante llevan más de 15 años en el poder. En las elecciones municipales del 2020, se reeligieron 50 de 82 alcaldes.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha advertido a Costa Rica sobre la inconveniencia de permitir la reelección indefinida, al señalar que la alternancia en el poder es un pilar fundamental de la democracia. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Procuraduría General de la República también han señalado que sí es posible limitar la reelección de alcaldes.
Sin embargo, casi todas las iniciativas al respecto han chocado con un muro en este Congreso. De cuatro proyectos, tres fueron archivados y solo sobrevive uno, impulsado por la diputada socialcristiana María Inés Solís.
Este consiste en permitir a los alcaldes optar por una sola reelección consecutiva, para periodos máximos de ocho años. Si un alcalde logra los dos periodos, al fin de estos tendría que esperar cuatro años para volver a postularse.
Este todavía es un sistema ventajoso en comparación con el presidencial o el de diputados, a quienes se les impide la reelección consecutiva. Expresidentes y exlegisladores deben volver a luchar por una elección desde la llanura, no desde la comodidad de estar ejerciendo el cargo.
Aún así, este plan es un avance en comparación con la reelección indefinida actual y el presidente Carlos Alvarado convocó el proyecto apenas reventó el escándalo Diamante.
El PUSC y el PAC llamaron de inmediato a aprobar el texto, pero la posición del PLN es determinante por ser la mayor fracción del Congreso. Liberación y su candidato, José María Figueres, dijeron estar de acuerdo con limitar la reelección de alcaldes sin señalar directamente si están de acuerdo con este proyecto que ya está dictaminado, y listo para discutirse en plenario.
Veremos si los diputados reaccionan con este tema con la misma velocidad con que pasaron las reformas impulsadas por los alcaldes.
