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Gustavo Viales, atiende una manifestación de alcaldes liderada por Johnny Araya en busca de más presupuesto para obras vías. Foto: Municipalidad de San José.
En los últimos tres años, los alcaldes movieron los hilos de la Asamblea Legislativa para aumentar su influencia y disponibilidad de dinero. Lo hicieron, principalmente, por medio de los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), la fracción más grande del Congreso, dentro de la cual hay un grupo de bandera municipalista.
En el lobby municipal participaron los cuatro alcaldes del PLN que hoy figuran como sospechosos de presunta corrupción con obras públicas en el caso Diamante: Johnny Araya (San José), Humberto Soto (Alajuela), Alfredo Córdoba (San Carlos) y Alberto Cole (Osa).
La influencia de los alcaldes tiene al menos seis logros evidentes hasta ahora, tres de ellos ligados con la inyección de más dinero.
1. Consiguieron que los diputados los libraran en 2020 de la regla fiscal, con lo cual pudieron gastar hasta un 142% más del monto permitido.
2. Obtuvieron ¢29.000 millones --dinero que era originalmente del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi)-- para invertir en obra pública.
3. Convencieron a los diputados para que les dieran ¢3.500 millones --destinados originalmente a obra social en la zona sur-- para gasto corriente de cinco municipios.
4. Alcanzaron que los diputados autorizaran a funcionarios municipales perseguir el contrabando, una potestad que tenía la Policía de Control Fiscal.
5. Lograron que el Congreso tramite un proyecto para trasladar a las municipalidades la construcción de escuelas y colegios.
6. Consiguieron que avance un proyecto de ley para convertir a los gobiernos locales en desarrolladores de proyectos de vivienda.
Los que llevan la batuta
En el caso de la ruptura de la regla fiscal, la influencia de los 43 alcaldes de Liberación (52% del total) fue determinante en mayo del 2020 para que los diputados liberaran a las municipalidades del control del gasto, pues el Ministerio de Hacienda, Banco Central y Contraloría General de la República advirtieron riesgos y se declararon en contra.
La apertura de la llave del gasto municipal pesó para que Costa Rica recibiera una baja nota por parte de las calificadoras de riesgo, en junio del 2020. Además, permitió a los alcaldes disparar el gasto hasta en 142% este año.
Fue Johnny Araya, presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), quien lideró manifestaciones para presionar a los diputados por la reforma que liberó a los alcaldes del tope al gasto. Aunque la fracción del PLN, con 17 diputados, estaba dividida, finalmente se alineó con la posición municipal.
Los alcaldes también lograron que, para el Presupuesto Nacional del 2022, los diputados le quitaran los ¢29.000 millones al Conavi para dárselos a ellos.
Decenas de alcaldes, encabezados nuevamente por Johnny Araya, se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa en octubre pasado con ese fin. Uno de los argumentos esgrimidos fue la necesidad de reducir recursos al Conavi por estar implicada en el caso Cochinilla, sobre presunta corrupción en obras viales.
El diputado que tomó la batuta fue el liberacionista Gustavo Viales, hijo del alcalde de Corredores Carlos Viales, quien atendió a los manifestantes y promovió la moción para trasladar ¢29.000 millones del Conavi a las partidas de vías municipales.
Viales alega que su justificación nunca fue el caso Cochinilla, sino la necesidad de cumplir con una norma que exige una transferencia mayor a las municipalidades.
“Yo fui el que presenté la moción y la voté. Lo que digan ellos (los alcaldes) es problema de ellos, pero yo presenté la moción bajo otros argumentos”, dijo. Cuando se le cuestionó si el caso Diamante obliga a repensar lo hecho, respondió: “Bueno, el Presupuesto (2022) aún está en discusión”.
Van por escuelas, viviendas, inspección fiscal
Los logros de la influencia de los alcaldes no terminan ahí. Se extienden al avance de un proyecto de la diputada María José Corrales, jefa del PLN, para trasladar a las municipalidades la construcción de centros educativos. El esposo de Corrales, Pablo Andrés Jiménez Araya, ha estado vinculado con la Municipalidad de San Carlos, en la Unidad Técnica de Gestión Vial. El hermano de él es el liberacionista José Miguel Jiménez, alcalde de Río Cuarto.
También, en la Asamblea Legislativa camina un plan del diputado liberacionista Roberto Thompson para convertir a los gobiernos locales en desarrolladores de proyectos de vivienda.
El plenario también aprobó un polémico proyecto impulsado por el diputado verdiblanco Daniel Ulate, junto con el alcalde del PLN en San Ramón, Nixon Ureña, para obligar al Gobierno a contratar un sistema de etiquetado de licores y darles a los funcionarios municipales potestades de persecución sobre contrabando. Esa facultad solo la tenía la Policía de Control Fiscal.
En un santiamén, en abril del 2020, los alcaldes también lograron que el Congreso aprobara quitarle ¢3.500 millones a las obras sociales de la zona sur, de dinero proveniente del Depósito Libre de Golfito, para entregarlos al gasto corriente de las municipalidades de Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus.
Los alcaldes han logrado permear y torcer brazos en la fracción del PLN e, indirectamente, poner en jaque al Gobierno cuando Liberación condiciona su apoyo a proyectos gubernamentales al avance de propuestas municipalistas.
Para la jefa del PLN, María José Corrales, lo importante es el apoyo al régimen de gobiernos locales.
“El PLN está más allá de un alcalde o alcaldesa. Estamos apoyando el régimen como un todo. Es algo que nosotros consideramos importante fortalecer”, dijo la jefa de Liberación.
“¿Qué sucede con las iniciativas de ley? Eso es un tema aislado. Lo importante es entender que hay una investigación sobre temas particulares, con nombres particulares, y otra cosa es el régimen que ha dado mucho a las comunidades; no podemos generalizar de que todos son malos, por cuatro o seis que estén investigados”, dijo Corrales.
Ella añadió que las iniciativas impulsadas por la fracción, al fin y al cabo, han sido apoyadas por toda la Asamblea, con votos de todas las fracciones.
“Yo soy un defensor del régimen municipal, como tal. Desde ese punto de vista siempre he apoyado los esfuerzos que se han venido haciendo en el tema de descentralización y fortalecimiento de gobiernos locales, independientemente de lo sucedido (con el caso Diamante)”, comentó Roberto Thompson.
El exalcalde de Alajuela alegó que el ciudadano tiene “toda la razón de desconfiar y estar molesto” por los casos Cochinilla y Diamante, pero alegó que “alcaldes hay de muchos partidos”.
“Dentro de los investigados hay de diferentes partidos (cuatro del PLN, uno de Yunta Escazuceña y uno de Alianza Demócrata Cristiana), no es tema de un partido en particular. Yo sí creo que se debe valorar todo lo que ha pasado en el Conavi y en las municipalidades para establecer mecanismos de transparencia y ejecución que permitan hacer llegar los recursos que la gente paga a obras en particular”, alegó Thompson.
‘Su influencia es innegable’ en el PLN
El liberacionista Carlos Ricardo Benavides puntualizó que, si bien todo grupo de poder puede ejercer presión en favor de sus intereses, depende de cada fracción o partido que aceptarla o no. “Es indudable que los alcaldes han fomentado algunos proyectos o se han opuesto a otros proyectos y hay una comunicación muy fluida entre ellos y el PLN. Eso es innegable”.
Comentó que los proyectos de interés de los alcaldes han generado discusiones fuertes en la fracción, porque “su influencia es innegable e importante”, aunque dijo que eso no quiere decir que los criterios de los gobernantes municipales no sean valiosos.
“Puede ser que haya quienes se ven compelidos a aprobar una idea porque dependen, de una u otra forma, del poder cantonal. Yo no estoy en esa órbita, ni tengo esa misma cercanía”, comentó.
Desde su perspectiva, el diputado y exalcalde de Aserrí, Víctor Morales Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), considera que los alcaldes se han convertido en “un actor político muy importante” y eso ha generado una consecuencia práctica en los procesos electorales y en la Asamblea y sus decisiones.
Luis Fernando Chacón, exjefe de fracción liberacionista, atribuye la fuerte conexión con los alcaldes a la gran cantidad de alcaldías que tienen, y dijo que el favoritismo se ha notado con la desaplicación de la regla fiscal, a lo que él se opuso, porque “hay municipios con presupuestos exorbitantes y la gente no ve los beneficios”.
El jefe de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Abarca, criticó que el músculo municipal en el Congreso a través del PLN ha implicado intercambios con proyectos del Gobierno, como el plan fiscal y el tren rápido de pasajeros que pasará por varios municipios. “El aumento del gasto corriente en todas las municipalidades ha sido descomunal. Ellos alegan que no es el mismo presupuesto, pero hay transferencias desde el Estado y este es el que ha tenido que responder”, dijo.
Para Yorleny León, diputada liberacionista, es necesario repensar todo lo que ha hecho la bancada con los alcaldes, pero no solo a la luz de acontecimientos como la investigación del Caso Diamante.
La municipalización del PLN
Para el segundo año de este periodo, un grupo de alcaldes, principalmente de la provincia de Alajuela, presionó al PLN para impedir que el partido postulara al diputado Carlos Ricardo Benavides para la presidencia del Congreso, lo cual no lograron. Entre los opositores estaban Nixon Ureña, alcalde de San Ramón, y Alfredo Córdoba, de San Carlos, hoy investigado por el Caso Diamante.
Posteriormente, los movimientos para municipalizar a Liberación tomaron fuerza. La unión de alcaldes alajuelenses liderada por Ureña y Córdoba planteó la elección de un candidato presidencial sin convención y que los alcaldes tuviesen más puestos en la Asamblea Nacional del PLN. El grupo de San José, encabezado por Johnny Araya y Gilberth Jiménez, sintonizó con esa petición.
El candidato presidencial que proponían los alcaldes era, precisamente, el exalcalde alajuelense Roberto Thompson.
En tanto, los alcaldes puntarenenses, liderados por Alberto Cole, alcalde de Osa (hoy también investigado por el Caso Diamante), se enfocaron en pedir mayor presencia municipal en la Asamblea del PLN, pero también en quitarle poder al eventual candidato, de manera que no pudiera nombrar cuatro aspirantes a las diputaciones, sino solamente uno.
Este fue uno de los principales logros de los alcaldes concretado, en enero del 2021, con la venia de José María Figueres y el voto afirmativo de Thompson.
Luego de haberse ganado más puestos en la Asamblea liberacionista, los alcaldes incidieron en la colocación de 12 personas cercanas al municipalismo en las candidaturas a diputado del PLN.
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