Luego de varios meses de intentos del liberacionista Daniel Ulate, los diputados aprobaron este jueves, en primer debate, el proyecto que obliga al Gobierno a contratar un polémico sistema de etiquetado de licores sin crear una fuente para financiarlo.
La propuesta tuvo el apoyo de 35 congresistas, mientras que cinco votaron en contra.
Los votos contra el plan fueron de Carmen Chan, Jonathan Prendas y Nidia Céspedes, del bloque independiente Nueva República; del independiente Erick Rodríguez Steller, y del subjefe de Restauración Nacional, Melvin Núñez.
El expediente se aprobó luego de que se tramitaran varias mociones para hacerle cambios de fondo al texto, promovidos por el legislador Erick Rodríguez Steller. El más polémico, y posteriormente criticado, de esos cambios fue una moción para excluir expresamente las cervezas del sistema de etiquetado.
Aunque Rodríguez intentó que la implementación del etiquetado quedara a discreción del Ministerio de Hacienda, finalmente el texto aprobado mantiene la obligación de que se contrate el sistema.
De última hora, se hizo una modificación que permitirá al Gobierno sustentar la contratación del sistema en un estudio de costo-beneficio “con resultado positivo” que contemple que la implementación del “mecanismo tecnológico producirá un claro beneficio para el interés general de la colectividad para los administrados”.
La ley faculta a Hacienda coordinar la realización de dicho estudio con alguna universidad pública, “siempre y cuando se garantice que no participen en este personas físicas, jurídicas o de hecho que estén directa o indirectamente relacionados con la industria”.
En una norma transitoria, el proyecto de Daniel Ulate establece que el Ejecutivo debe reglamentar el proyecto en un plazo de 18 meses, “siempre que el estudio demuestre que se cumple con los beneficios indicados en el texto”.
Plan polémico
La polémica rodeó dicha iniciativa desde su trámite en la Comisión de Asuntos Económicos, puesto que una empresa suiza que representa el expresidente José María Figueres para América Latina cumplía exactamente con las características de la compañía que tenía que ofrecer el servicio contratado.
De hecho, tal como lo dio a conocer La Nación, el propio Figueres realizó reuniones con las entonces autoridades de Hacienda para promover la contratación de un sistema con las características que describía la iniciativa.
Además, uno de los representantes de la firma se reunió con Ulate, tal como constató La Nación, precisamente en las etapas previas del trámite legislativo.
Incluso, la fracción del PLN mantuvo una fuerte polémica interna por muchos meses, la cual evitó la aprobación. Esa polémica estuvo atizada por las acusaciones que el propio Ulate iniciara contra compañeros de su bancada, a quienes señaló de ser instrumentos del supuesto lobby cervecero”.
Por otra parte, la iniciativa también ha recibido fuertes críticas de la Cámara de Industrias, tanto por los costos para las empresas como para el Gobierno y también porque en otros países no se ha constatado un beneficio que dé justificación a la imposición del sistema.
Carranza crea polémica
Luego de aprobado el proyecto en primer debate, una intervención de dos minutos del diputado Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC), hizo explotar la polémica en el plenario legislativo.
El sancarleño aseguró que había ganado la presión de “una empresa” para que se sacaran las cervezas del proyecto y acusó a diputados liberacionistas, sin mencionar ningún nombre, de haber cedido a esa supuesta presión.
“Lamentablemente, lograron bombardearlo. Siento vergüenza, que una empresa haya hecho lobby suficiente para sacar la cerveza. Daniel, sus propios compañeros lo han traicionado, hay empresas que tienen la fuerza suficiente para doblarles el brazo a los diputados”, afirmó Carranza.
Aseguró que él votó (a favor de) el proyecto, pero que debería haberlo votado en contra, porque adujo que es “un cascarón vacío, es una pose”.
Por esas palabras y porque su moción fue aprobada, el independiente Erick Rodríguez Steller retó a Carranza a que renuncie a la inmunidad. “Renuncie usted para acusarlo de difamación. Si no tiene pruebas, no venga aquí a azuzar con la vaina vacía. No se ventee sin ninguna prueba”, espetó.
Ante las acusaciones de Carranza, el verdiblanco David Gourzong justificó su ausencia de la sesión porque tuvo que irse a tomar la presión arterial, pues sintió que se le había subido.
“Yo quisiera que diga quiénes son. Este diputado no se deja para que nadie lo influya en sus decisiones. Si uno va a hablar refiriéndose a personas que supuestamente están compradas, hay que hablar con nombres y apellidos, porque manchar la imagen ajena no es conveniente”, indicó.
La también sancarleña María José Corrales le dijo a Carranza que sus acusaciones estaban fuera de lugar y le señaló que incluso legisladores oficialistas estuvieron a favor de excluir la cerveza. “A mí nadie me compra. Es más ofensivo lo que usted dijo; no es un cascarón”, adujo.
Por su parte, Paola Valladares, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), muy molesta cuestionó directamente a Carranza: “¿Usted quién es para señalarme a mí? Así de fácil. ¿Tiene pruebas de que mi conciencia ha sido comprada?”, reclamó.
Ella también acusó al PAC de hacer acusaciones sin fundamento. “Hasta la coronilla me tienen a mí. ¿Tiene los pantalones y las pruebas para hacer la denuncia?”, criticó.
Bajo ataque, Carranza intervino para afirmar que él no dijo que los compraron, sino que les habían doblado los brazos. Insistió en que el propio Daniel Ulate era “testigo del lobby”.
La también oficialista Laura Guido aseguró que ella no tiene preocupación del riesgo de intoxicación por adulteración en bebidas con bajo contenido alcohólico, como las cervezas, porque eso no es “física ni químicamente posible”.
“Si alguien tiene dudas de mi proceder, están los registros de ingresos a mi despacho y mi número de teléfono. No recibo acusaciones infundadas que pongan en duda mis motivaciones”, agregó.