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Un hecho que estaba previsto para el 2041 se adelantó en 16 años. Lamentablemente, ocurrió en el 2025. El año pasado, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no tuvo suficientes ingresos para pagar las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el más grande de Costa Rica. La situación amerita encender alarmas.
¿Qué tuvo que hacer la CCSS? Por primera vez en la historia, debió sacar dinero de la reserva del IVM para cubrir el faltante de ¢50.000 millones y girar los pagos mensuales a casi 400.000 pensionados. La gota que derramó el vaso fue que el Gobierno no pagó las cuotas estatales que le correspondían.
Cientos de miles de trabajadores aportan mensualmente una parte de su salario a la CCSS confiados en que recibirán una pensión para el retiro, pero ya hay motivos para dudarlo.
Las soluciones se han postergado por años y el gobierno de Rodrigo Chaves renunció públicamente a tomar cartas en el asunto, según admitió el propio mandatario, alegando que no quería dividir al país y que no tenía confianza en la Asamblea Legislativa. Se perdieron cuatro años más en la búsqueda de una salida a este gigantesco problema, el cual se acrecienta por el dramático envejecimiento de la población y la acelerada reducción de la tasa de natalidad.
El IVM tiene tres fuentes de recursos para pagar las pensiones:
-Las cotizaciones de trabajadores, patronos y Estado
-Los intereses o ganancias que genera el dinero que se envía a una reserva para el futuro
-La reserva en sí, la cual se crea para producir más y más ganancias destinadas al porvenir; no obstante, lo ideal es no afectar este almacenamiento
La CCSS ya había tocado los intereses de la reserva, pero ahora tocó este fondo. Este hecho abre la puerta para el desfinanciamiento del sistema. Mientras menos reserva exista, más nos acercamos a un escenario en el que las cotizaciones que entren se destinarán de inmediato a pagar a los pensionados y, tarde o temprano, no se podrá pagar a todos porque no hay suficientes trabajadores activos para sostener a los retirados.
En ese momento, el Estado tendría que responder de forma solidaria y hacerse cargo del pago de las pensiones, pero es de sobra conocido que no tiene recursos para ello, pues ni siquiera paga sus cuotas estatales.
La Caja estimó que, para mayo del 2025, el gobierno había acumulado una deuda de ¢778.000 millones en sus aportes al IVM. Por ello, decidió empezar a plantear cobros judiciales.
¿Qué harían los candidatos presidenciales?
Un especial de La Nación permite observar qué proponen los candidatos presidenciales para evitar el colapso de las pensiones. Con base en ello, este es un resumen de lo que plantean los aspirantes con mayor apoyo.
Laura Fernández propone vender el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) para inyectar recursos al sistema de pensiones. El gobierno actual había propuesto vender estos mismos activos, pero para hacer abonos a la deuda pública.
Álvaro Ramos propone migrar hacia un sistema de cuotas y salario de referencia como el de Suecia, en el que los incentivos para cotizar sean mucho mejores que los de ahora.
Habló de un sistema de cuentas nocionales. Estas son cuentas virtuales que registran todas las contribuciones de un trabajador a la seguridad social a lo largo de su vida, y que luego se consideran a la hora del cálculo de la pensión.
Ariel Robles sostiene que el Estado debe honrar su deuda con la CCSS. Eso es lo ideal, pero es necesario identificar la fuente de financiamiento, ya sea mediante nuevos ingresos o recortes en otras partes. El frenteamplista también habló de aumentar la formalización de trabajadoros y de permitir que los fondos de pensiones puedan invertir en obra pública para generar más ganancias.
Claudia Dobles argumenta que una agenda de competividad, que impulse el crecimiento económico, permitiría ampliar la cantidad de trabajadores formalizados que aportan al sistema de pensiones. Además, mencionó que el Estado debe pagar su deuda, pero sin precisar la fuente de financiamiento, al igual que Robles.
Natalia Díaz propone eliminar la base mínima contributiva, es decir, el ingreso mínimo a partir del cual se puede cotizar, para facilitar el aseguramiento de quienes trabajan por horas.
Fabricio Alvarado y José Aguilar Berrocal coincidieron en que permitirían la explotación de la riqueza mineral para financiar pensiones. Aguilar fue específico en la explotación del oro y el gas natural. Este es un tema sensible para los sectores opuestos a la minería metálica y la actividad petrolera por razones ambientales.
Eliécer Feinzaig dijo que el sistema de pensiones del IVM “es insostenible”, pues responde a condiciones del siglo pasado, cuando la población crecía con rapidez y la esperanza de vida era menor.
Por ello, propone que el IVM deje de operar como un régimen de reparto y pase a ser un esquema de cuentas individuales, en el que los aportes del Estado, del patrono y del trabajador se acrediten en una cuenta a nombre de cada afiliado.
