Los puentes de negociación se están rompiendo en Costa Rica, lo que dificultará la búsqueda de soluciones para los problemas económicos, de acceso a los servicios públicos y de seguridad ciudadana.
El Poder Ejecutivo ha desdeñado la negociación en numerosas ocasiones desde que, en abril del 2023, el entonces presidente Rodrigo Chaves dijo que prefería dinamitar puentes. Ahora, la situación se ha desbordado y uno de los supremos poderes, el Poder Judicial, también ha rechazado sentarse a la mesa.
El viernes 17 de julio, el jerarca de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, le comunicó a la presidenta de la República, Laura Fernández, que ningún funcionario del Poder Judicial asistirá a la reunión de seguridad del 20 de julio mientras el gobierno exija recortes presupuestarios que pongan en peligro la prestación de los servicios judiciales.
Esta es la primera vez en los últimos años en que la Corte declina asistir a una mesa en la que se discutan soluciones de seguridad ciudadana. Siempre acudía cuando era convocada por el Poder Legislativo o por el Ejecutivo.
¿Llegó la Corte a su límite al observar que, pese a las conversaciones, sigue siendo el principal blanco de los ataques del discurso político de la Presidencia, el cual siempre está en busca de un enemigo?
Podría haber un cambio de política en el Poder Judicial, pero su postura oficial versa sobre un hecho reciente: el oficio en el que el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, le solicitó recortar ¢26.549 millones del presupuesto para el 2027.
Si bien el documento plantea un requerimiento formal para definir una reducción, el ministro dio unas declaraciones públicas con otro tono, en las que aseguró que no se trató de una solicitud, sino de una imposición.
La Corte sostiene que la rebaja causará el cierre de oficinas judiciales, la pausa de proyectos de infraestructura, obstáculos en las investigaciones criminales y en los operativos policiales.
Punto muerto en elección de magistrados suplentes de Sala Constitucional
En forma paralela, llegó a un punto muerto la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, lo que deja al Tribunal sin posibilidad de resolver 123 expedientes en los que uno o varios magistrados suplentes se hayan inhibido.
Yara Jiménez, diputada oficialista y presidenta de la Asamblea Legislativa, devolvió a la Corte Suprema de Justicia la nómina de 18 candidaturas para los cargos de magistrados suplentes, bajo el argumento de que los diputados del gobernante Partido Pueblo Soberano (PPSO) no están de acuerdo con la lista de aspirantes.
Eurobonos en duda
A su vez, los legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) descartaron aportar sus votos para aprobar el endeudamiento internacional de $13.500 millones que solicita el gobierno, mediante el mecanismo conocido como eurobonos.
El Poder Ejecutivo considera que esta emisión de bonos es necesaria para financiar el presupuesto nacional de los próximos nueve años. Sin embargo, requiere 38 votos en la Asamblea Legislativa y no los tiene.
La oposición no está de acuerdo con un monto tan grande ni un plazo tan amplio, además de que desconfía de que el gobierno cumpla las condiciones que le pidan.
Otros hechos de la semana muestran que hay puentes rotos.
Recorte a Cen-Cinai y vivienda, para pasar fondos a pensiones
El PPSO aprobó, únicamente con sus votos, el primer presupuesto extraordinario del 2026 con un recorte de ¢70.000 millones a los comedores Cen-Cinai y al Fondo de Subsidio para la Vivienda (Fosuvi), para pasar fondos a las pensiones del Régimen No Contributivo. Toda la oposición votó en contra.
Enfrentamiento por nombramiento en CCSS
A su vez, los sindicatos acusaron al gobierno de intentar “imponer a dedo” a los integrantes de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tras la negativa de juramentar a la exdiputada Rocío Alfaro como representante del sector sindical.
Vía sin negociación
La postura del gobierno, de que aprobará proyectos sin necesidad de la oposición cuando estos solo requieran mayoría simple, como en el caso de la minería a cielo abierto en Crucitas, puede desembocar en cúmulos de mociones que la oposición presente como estrategia de bloqueo.
Y el gobierno necesita de la negociación para sacar las reformas importantes, aun si no necesita 38 votos. Tal es el caso de la eventual reforma sobre el IVA a la canasta básica que mencionó el ministro Chaves.
Esta semana, la agencia estadounidense S&P Global Ratings advirtió sobre un riesgo en el empeoramiento de la situación fiscal de Costa Rica a raíz del incremento de la deuda del Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la menor flexibilidad financiera en el Presupuesto Nacional por la elevada carga de los intereses de la deuda pública.