La Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en segundo debate, el primer presupuesto extraordinario del 2026 con los votos del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), en medio de cuestionamientos de la oposición por los recortes a Cen-Cinai y al Fondo de Subsidio para la Vivienda (Fosuvi).
El expediente 25.589 fue aprobado con 30 votos del oficialismo, contra los 24 de las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
Los cambios más polémicos del presupuesto incluyen un recorte de ¢40.000 millones al Ministerio de Salud, recursos que estaban destinados a los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinai).
Además, se rebajaron ¢30.000 millones del Fondo de Subsidio para la Vivienda (Fosuvi), administrado por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
En total, ¢70.000 millones serán trasladados para financiar las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Durante la discusión en el Plenario, la diputada de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, afirmó que votaría en contra debido a que el Ejecutivo mostró que ”sus prioridades no están donde el pueblo de Costa Rica necesita que estén”.
La legisladora aseguró que con el presupuesto, el gobierno de Laura Fernández privilegia el gasto administrativo sobre los programas sociales.
Dobles también cuestionó que el texto deroga 32 normas de ejecución presupuestaria, lo que, a su juicio, reduce los controles políticos, financieros y de fiscalización sobre la ejecución del presupuesto nacional.
La oposición también indicó que no podrían votar a favor, ya que existen dudas sobre la aprobación de mociones que modificaron partidas no contempladas originalmente en el presupuesto extraordinario, al considerar que esos cambios contravienen el Reglamento de la Asamblea Legislativa sobre las potestades de los diputados.
Un grupo de diputados del PLN presentó una consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional para cuestionar las modificaciones impulsadas durante la discusión legislativa.
En respuesta, el diputado oficialista José Miguel Villalobos sostuvo que las actas de la Asamblea Nacional Constituyente respaldan la potestad del Congreso para rebajar, suprimir o modificar partidas presupuestarias, siempre que no impliquen un aumento del gasto sin señalar la fuente de financiamiento correspondiente.
Por su parte, la diputada del PUSC, Abril Gordienko, cuestionó la planificación presupuestaria del Poder Ejecutivo respecto al Régimen No Contributivo. Afirmó que la necesidad de recursos para ese programa era conocida desde el inicio del año y que ahora se pretende resolver mediante recortes al Banhvi y a Cen-Cinai.
Además, criticó la incorporación de ¢70 millones para viáticos, transporte y adquisición de equipo destinado al personal de comunicación de la Presidencia de la República.
Otro movimiento que también generó cuestionamientos es la creación de 25 plazas en el Ministerio de Planificación. Antonio Trejos, diputado del Frente Amplio, señaló que esa decisión contrasta con las limitaciones de otras instituciones, entre ellas, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), que enfrenta falta de guardaparques, situación que, según dijo, afecta la vigilancia contra la tala ilegal, el tráfico de vida silvestre y el turismo.
El jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, defendió el presupuesto al señalar que los recursos asignados al Banhvi han aumentado en los últimos años y que la modificación aprobada no reduce fondos ya disponibles para la institución, sino que ajusta la asignación establecida por ley.
Acosta añadió que la modificación presupuestaria también permitirá incorporar recursos considerados estratégicos, entre ellos los destinados al proyecto del tren eléctrico y al Régimen No Contributivo.
En términos generales, el presupuesto contempla un aumento de ¢658 millones en ingresos corrientes, una reducción de ¢52.849 millones en ingresos extraordinarios internos (producto de la devolución de superávits y una menor emisión de deuda interna), así como una rebaja de ¢40.186 millones en ingresos externos.
Además, incorpora una disminución de ¢92.378 millones correspondientes a las rebajas de los montos ya dichos y otros movimientos presupuestarios entre partidas, por ¢7.027 millones.