Se trata de los recortes aplicados en el plan de gastos para este año, en el expediente 25.589. Las enmiendas fueron cuestionadas por criterios técnicos en la Comisión de Hacendarios, pero a pesar de los señalamientos, el presidente de ese órgano, Nogui Acosta, les dio trámite.
Por esta razón, los liberacionistas le piden a la Sala Constitucional aclarar si Acosta incurrió en vicios esenciales de procedimiento y en una invasión de competencias en materia presupuestaria que la Constitución Política le reserva al Poder Ejecutivo.
El argumento de los verdiblancos es que nueve mociones que incorporaron cambios en partidas y subpartidas, las cuales originalmente no estaban en la propuesta de modificación presupuestaria del gobierno, incumplen lo establecido en el artículo 206 del Reglamento legislativo; es decir, que planteaban movimientos presupuestarios en partidas que no estaba previsto modificar.
En principio, la normativa no les permite a los diputados tomar dinero de una partida para trasladarlo a otra, a la que no se le preveía dar recursos.
Así se lo advirtieron a Acosta una funcionaria del Departamento de Servicios Técnicos y otro del Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, consultados en la sesión de Hacendarios en la que se aprobaron varias de esas modificaciones.
Una de estos ajustes incluye recortes por ¢70.000 millones a dos programas sociales fundamentales, para dárselos a otro programa social que no estaba previsto originalmente en el Primer Presupuesto Extraordinario.
Hueco en pensiones del Régimen No Contributivo
Específicamente, se le quitaron ¢40.000 millones al presupuesto del Ministerio de Salud para los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinái) y otros ¢30.000 millones del Fondo de Subsidio para la Vivienda (Fosuvi) del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi). Esos recursos se destinaron a las pensiones del Régimen No Contributivo administrado por la CCSS, es decir, las dirigidas a personas de menos recursos.
Esa moción se aprobó porque el Poder Ejecutivo no presupuestó recursos suficientes para esas pensiones no contributivas y dejó un hueco en el plan de gastos de este año.
Si bien la consulta constitucional tiene firmas de varios liberacionistas, fue impulsada principalmente por Ángela Aguilar, Salvador Padilla y Diana Murillo, miembros de la Comisión de Hacendarios.
Su argumento no se centra en el destino de esos recursos públicos, sino en “el respeto a los límites que la Constitución le impone a cada poder de la República”, pues enfatizaron que el Congreso no puede sustituir al Ejecutivo en la formulación del Presupuesto Nacional.
Los tres congresistas afirmaron que las actuaciones que ellos señalan constituirían una violación a los artículos 177 y 180 de la carta magna, que le reservan al gobierno la iniciativa y la formulación del plan de gastos.
