Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobaron este martes, en primer debate, el Primer Presupuesto Extraordinario y Primera Modificación Presupuestaria del 2026, con una serie de recortes a partidas de programas sociales, para cubrir otros, así como un traslado de recursos para comunicación de la Casa Presidencial.
El proyecto de ley fue aprobado con los 30 votos del oficialismo, mientras que los 24 congresistas de la oposición presentes votaron en contra de la propuesta, por diversas razones.
Los movimientos más polémicos de la iniciativa legal son el recorte por ¢40.000 millones al presupuesto del Ministerio de Salud, originalmente asignados a los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinái) y de otros ¢30.000 millones del Fondo de Subsidio para la Vivienda (Fosuvi) del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), para trasladar ¢70.000 millones a las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) administrado por la CCSS, es decir, las que reciben personas de bajos recursos.
Dichos movimientos presupuestarios fueron polémicos no solo porque se trata de “desvestir un santo para vestir a otro”, sino porque se hizo en partidas que originalmente no estaban contemplados en esa propuesta de presupuesto extraordinario, lo que a juicio de la oposición contraviene el Reglamento legislativo sobre las potestades de los diputados para hacer modificaciones en proyectos de ese tipo.
De hecho, un grupo de congresistas del Partido Liberación Nacional (PLN) cuestionó, a través de una consulta ante la Sala Constitucional, dichos movimientos impulsados y aprobados por los diputados del gobierno.
Otro movimiento que generó polémica, no solo por su fondo sino también por la existencia de una contradicción en el gobierno, fue el traslado de ¢70 millones para gastos en viáticos, transporte y adquisición de equipo para el personal de comunicación de la Presidencia de la República.
La contradicción señalada por los diputados de la oposición es que, mientras que se aprobó ese aumento de recursos para el equipo de “propaganda” del gobierno, el ministro de Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, cuestionaba el gasto del Poder Judicial en ese mismo rubro.
Así lo señalaron Antonio Trejos y María Eugenia Román, del Frente Amplio (FA), así como Diana Murillo y Ángela Aguilar, del PLN.
“En un contexto de muchísima austeridad para los programas sociales, lo que se está fondeando con más recursos, a medio camino del año, es el aparato de comunicación, publicidad y propaganda de Casa Presidencial”, dijo Antonio Trejos, del FA.
El otro cuestionamiento del bloque democrático es que, también de última hora, se aprobaron una serie de recursos para abrir dos consulados y varias embajadas en el extranjero, en momentos en que el gobierno de Laura Fernández tiene enfrente una crítica situación económica y apuesta por apretarse la faja y solicitar lo mismo de parte de los otros dos poderes de la República.
El proyecto contempla un aumento de ingresos corrientes por ¢658 millones, una rebaja de ¢52.849 millones en ingresos extraordinarios internos, entre devolución de superávits y rebaja en la emisión de deuda interna, así como una rebaja en ingresos externos por ¢40.186 millones; gastos por ¢92.378 millones correspondientes a las rebajas de los montos ya dichos y otros movimientos presupuestarios entre partidas, por ¢7.027 millones.
La discusión del segundo debate del proyecto quedó prevista para este jueves 16 de julio.
