Los diputados oficialistas del Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobaron un aumento de recursos para las funciones de comunicación de la Casa Presidencial, al mismo tiempo que el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, cuestionaba el gasto del Poder Judicial en ese mismo rubro.
La contradicción se evidenció durante la sesión de la Comisión de Hacendarios del pasado 1.º de julio, cuando los seis legisladores de gobierno fueron los únicos en respaldar una moción para principalmente incrementar, en ¢70 millones, el gasto en viáticos, transporte y adquisición de equipo destinado al personal de comunicación de la Presidencia.
Votaron en contra Antonio Trejos y María Eugenia Román, del Fente Amplio (FA), así como Diana Murillo y Ángela Aguilar, del Partido Liberación Nacional (PLN).
“En un contexto de muchísima austeridad para los programas sociales, lo que se está fondeando con más recursos, a medio camino del año, es el aparato de comunicación, publicidad y propaganda de Casa Presidencial".
— Antonio Trejos, diputado del Frente Amplio
En paralelo, desde Casa Presidencial, Chaves criticaba al Poder Judicial por negarse a aplicar recortes presupuestarios —en los términos planteados por el Ejecutivo— tanto para lo que resta del 2026 como para el plan de gastos del 2027, poniendo como ejemplo el dinero destinado a comunicación.
“¿Usted sabe cuánto pagan en comunicación y prensa? ¢965 millones al año para publicitar la enorme calidad de la justicia pronta y cumplida en Costa Rica”, señaló el jerarca en tono sarcástico, durante la conferencia semanal del gobierno.
En tanto, la moción sobre los gastos de comunicación en Presidencia se presentó en el marco de la discusión del primer presupuesto extraordinario para modificar el plan de gastos del 2026.
Dentro de la partida de “Información y Comunicación”, que es de ¢825 millones, la propuesta le quita ¢65 millones al rubro de prestaciones legales y ¢5 millones al de salario escolar para trasladar esos fondos a otras 13 subpartidas de carácter operativo.
Las subpartidas más beneficiadas son las de equipos de comunicación y viáticos dentro del país, con ¢20 millones y ¢10 millones, respectivamente.
Oposición señala incongruencia del Ejecutivo
El diputado frenteamplista Antonio Trejos manifestó su indignación por la moción y calificó como “prioridades equivocadas” la decisión de destinar más recursos a la comunicación del gobierno, en lugar de trasladar ese dinero a programas en áreas como educación, salud, vivienda, ambiente o seguridad.
“En un contexto de muchísima austeridad para los programas sociales, lo que se está fondeando con más recursos, a medio camino del año, es el aparato de comunicación, publicidad y propaganda de Casa Presidencial”, lamentó.
La liberacionista Diana Murillo, por su parte, criticó la falta de congruencia del Poder Ejecutivo, al exigir recortes presupuestarios al resto del aparato estatal para lo que resta del 2026 y de cara al 2027, mientras decide reforzar el área de comunicación de la Presidencia.
“Me parece que si nos vamos a ‘zocar la faja’ en temas de gran importancia, como la seguridad en este país, podríamos empezar por acá”, subrayó.
En la misma línea, la también liberacionista Ángela Aguilar sostuvo que la modificación presupuestaria evidencia una deficiente planificación, al tratarse de gastos corrientes que ahora se pretende cubrir mediante una nueva asignación.
“Estos gastos debieron haberse planificado y presupuestado en el ordinario del 2026 y no venir ahora en un presupuesto extraordinario de mitad de año”, afirmó.
Respuestas a los recortes de Chaves
El pasado 24 de junio, el expresidente y ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, anunció la aplicación de recortes en los tres poderes de la República y en el resto de instituciones del Estado, como medida para contener el gasto público.
Estos ajustes se incluirán en un nuevo presupuesto extraordinario que el Ejecutivo enviará en las próximas semanas a la Asamblea Legislativa, con rebajas equivalentes al 5% del gasto institucional.
El jerarca sostuvo que la medida forma parte de un paquete más amplio enfocado en fortalecer la recaudación tributaria, combatir la evasión fiscal y mejorar la eficiencia del gasto estatal.
Sobre este planteamiento ya se han pronunciado el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Defensoría de los Habitantes y la Asamblea Legislativa.
La Corte Suprema acordó recortar ¢13.242 millones de su presupuesto para lo que resta deñ 2026, pero rechazó aplicar un ajuste similar para 2027. Del total, ¢8.687 millones corresponden a recursos incorporados por la Asamblea Legislativa durante el trámite del Presupuesto Nacional 2026, pero que el Ministerio de Hacienda no giró, por lo que no pueden ejecutarse.
El monto aprobado por los magistrados es ¢13.758 millones inferior al solicitado por Chaves. Una reducción del 5% equivaldría a cerca de ¢27.000 millones en el 2026 y ¢26.549 millones en el 2027.
Por su parte, el TSE acordó un recorte de ¢6.825.210.800, superior a lo solicitado por el Ejecutivo, ya que representa una disminución del 10% de los recursos para lo que resta del 2026.
Según el órgano electoral, este ajuste permitiría evitar recortes en el 2027, aunque advirtió que reducir esos fondos comprometería seriamente sus funciones y la logística de las elecciones municipales del 2028.
En el caso de la Defensoría de los Habitantes, la institución anunció un recorte de ¢120 millones, que calificó como el “monto máximo posible” que se podría aplicar, sin afectar la prestación de servicios esenciales. La cifra es inferior al 5% planteado por el Ejecutivo, que equivaldría a más de ¢318 millones.
Sobre el presupuesto del 2027, la Defensoría indicó que su plan —por ¢6.246 millones— fue elaborado conforme a los lineamientos del Ministerio de Hacienda, priorizando los gastos ineludibles.
Finalmente, el Directorio de la Asamblea Legislativa, controlado por el oficialista PPSO, acordó recortar ¢2.500 millones del presupuesto del 2026, un monto que cumpliría con lo solicitado por el Ejecutivo. No obstante, no informó sobre eventuales reducciones para el 2027.
La presidenta legislativa, Yara Jiménez, tampoco respondió a las consultas remitidas a su oficina de prensa sobre las partidas que serían objeto de recorte.