Además, enfatizó que las finanzas públicas son vulnerables a posibles reclamaciones extrapresupuestarias relacionadas con los servicios de salud prestados en el pasado por la Caja, que representaban aproximadamente el 8,5% del producto interno bruto (PIB).
Sin embargo, la agencia estima un riesgo bajo a que se materialice dicha reclamación.
Adicionalmente, S&P prevé que el gobierno de Laura Fernández enfrente una limitada flexibilidad fiscal a raíz de la elevada carga de intereses de la deuda pública.
“Una elevada carga de intereses, cercana al 19% de los ingresos públicos (o el 4,4% del PIB), mantendrá déficits fiscales generales moderadamente altos”, argumentó la calificadora.
Tras el análisis, S&P decidió mantener la calificación de riesgo soberana de Costa Rica en BB con perspectiva estable.
La calificación BB significa que el país emisor de bonos, en este caso Costa Rica, podría enfrentar dificultades por incertidumbres comerciales, financieras o económicas adversas, lo que podría resultar en una capacidad insuficiente del deudor para cumplir con sus compromisos financieros.
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Hacienda aceptó que Costa Rica mantiene desafíos por su elevada deuda pública, una fuerte carga de intereses y retrasos persistentes al acceso de financiamiento externo que podrían generar presiones sobre el mercado doméstico.
Luis Antonio Molina, viceministro de Egresos, consideró que mantener la nota de riesgo “genera confianza en inversionistas nacionales e internacionales y contribuye a preservar condiciones de financiamiento favorables”.
Molina aseguró que Hacienda impulsará una gestión responsable de las finanzas públicas orientada a reducir riesgos, diversificar las fuentes de financiamiento y mejorar portafolio de la deuda pública.
S&P consideró que la mayoría simple alcanzada por le Partido Pueblo Soberano (PPSO) en el Congreso podría facilitar la aprobación más oportuna de leyes, la implementación de reformas estructurales y el aval para la colocación de $13.500 millones en eurobonos.
Crecen obligaciones del Gobierno
La deuda histórica del Estado con la CCSS se incrementó en más del doble en los últimos seis años, según los estados financieros de la institución y la Contraloría General de la República (CGR).
A mayo del 2025, último dato disponible, la morosidad estatal registrada por la Caja ascendió a ¢4,4 billones, es decir, 2,5 veces más que los ¢1,7 billones de 2019.
Según la Contraloría, el 82% del saldo adeudado corresponde al Seguro de Salud, en especial, por la atención médica de los asegurados por cuenta del Estado, como personas en indigencia, adultos mayores en pobreza, menores de edad y privados de libertad.
Mientras que el restante 18% de la deuda histórica corresponde al fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y al Régimen No Contributivo (RNC), que cubre a adultos mayores en pobreza extrema.
Por otra parte, el gobierno de Laura Fernández heredó de la administración de Rodrigo Chaves un aumento de ¢3 billones(millones de millones) en la deuda pública de Costa Rica.
Entre el 2022 y el 2025, el monto nominal del endeudamiento del Gobierno Central pasó de ¢28,2 billones a ¢31,3 billones, según los datos de Hacienda.
En el más reciente resultado financiero del Poder Ejecutivo, con corte a mayo anterior, la contracción de los ingresos tributarios, fue el principal factor que deterioró el balance fiscal, así como al incremento en el pago de intereses de la deuda.
De acuerdo con el informe de Hacienda, el gasto por intereses ascendió a ¢982.950 millones (1,8% del PIB), lo que representa un aumento interanual de ¢55.444 millones en comparación con mayo del 2025, cuando se ubicó en ¢927.506 millones.
Además, la relación deuda/PIB se ubicó en 60,5% al cierre de mayo, ligeramente por encima del 60,4% registrado al finalizar el 2025.
