Esteban Oviedo. 25 octubre

La oposición, impulsada principalmente por el PLN y el PUSC, planteó mociones para recortarle unos ¢200.000 millones al Presupuesto Nacional del 2021, el cual asciende a casi ¢11.450.000 millones.

Si bien el Gobierno ya había hecho un esfuerzo por contener el crecimiento del Presupuesto, el objetivo de la oposición era simbólico: se trataba de una muestra de austeridad para la población, en momentos en que se le piden sacrificios para salir de la crisis. Además, habría constituido un mensaje de confianza a los mercados, en el sentido de que el país está dispuesto a contener su gasto para equilibrar las finanzas.

Hay que reconocer que, descontando el dinero que se va en intereses y amortizaciones de la deuda pública, el plan de gastos del 2021 decrece en casi un 5%, en comparación con el del 2020.

Sin embargo, desde principios de octubre, el PLN le había pedido a Hacienda recortar unos ¢355.000 millones más y no recibió respuesta.

Adicionalmente, desde que el Presupuesto fue elaborado, las cosas han empeorado.

Los ojos internacionales vieron cómo el Gobierno trató de equilibrar las finanzas mediante una propuesta recargada en impuestos, la cual fue rechazada ampliamente. Asimismo, observaron los bloqueos de carreteras contra las reformas y, finalmente, la poca capacidad del país de dialogar y alcanzar acuerdos, algo que las calificadoras de riesgo han señalado una y otra vez en el caso costarricense.

Y lo ocurrido esta semana es una muestra más de ello.

Si bien las mociones de la oposición no eran perfectas y podían conllevar problemas, la idea de recortar ¢200.000 millones representaba un 1,8% del plan de gastos.

Sabiendo que no tiene mayoría en el Congreso, el Poder Ejecutivo pudo acercarse a la oposición para evaluar las mociones y llegar a un acuerdo.

Sin embargo, en lugar de ello, el despacho del ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, les envió un grito de guerra a todos sus “enlaces legislativos” en las instituciones públicas, para que objetaran los recortes por medio de la oficina de la diputada del PAC, Laura Guido, y para que se manifestaran públicamente en contra.

No fue casualidad que, entre la noche del domingo y la mañana del lunes, cayó una lluvia de comunicados de prensa de instituciones en contra de las mociones, muchas de ellas alegando que caerían en cierre técnico. En algunos casos esa tesis puede ser cierta, pero también los diputados del PLN identificaron las subejecuciones históricas de las instituciones y plantearon recortes sobre el dinero que no suelen gastar.

Todo era discutible. Por ejemplo, la Contraloría General de la República dijo que las rebajas planteadas para su caso tendría serias consecuencias, pero ofreció que, en lugar de ello, le eliminaran totalmente las partidas de viajes, viáticos en el exterior y becas para funcionarios.

Ante la firmeza de los partidos de oposición, el mismo lunes, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, ofreció un recorte de ¢150.000 millones y dijo que lo plantearían mediante un presupuesto extraordinario en enero próximo.

En la sesión de ese día en la Comisión de Asuntos Hacendarios, el PAC se dedicó a bloquear la votación de mociones de recorte mediante extensos usos de la palabra.

Al día siguiente, el martes, expiraba el plazo para que la Comisión dictaminara el Presupuesto del 2021. El periodo vencía a las 11:30 p. m.

En la mañana de ese día, se produjo una reunión privada entre el ministro de Hacienda, los diputados del PAC y los del PLN para negociar los recortes. Se habló de hacer un ejercicio conjunto, pero Liberación no accedió. Le argumentó al ministro que, si él ofreció la cifra de ¢150.000 millones el día anterior, debería indicar de dónde saldrán.

Quedaron en que el titular de Hacienda haría sus cálculos y, después del mediodía, ofreció rebajas por ¢30.000 millones, lo que fue rechazado por el PLN porque no se trataba de una subasta, según la diputada liberacionista Silvia Hernández.

Horas después, a las 5 p. m., la oposición anunció que había llegado a un acuerdo con el ministro de Hacienda, quien a su vez dijo contar con la venia del presidente Carlos Alvarado, explicó la legisladora Hernández.

El acuerdo consistía en que los diputados recortarían ¢150.000 millones con las mociones de la oposición y, de ser necesario, el Gobierno enviaría un presupuesto extraordinario en enero para ajustar partidas, sin variar el monto total.

No obstante, casi en simultáneo, el Partido Acción Ciudadana (PAC) ofrecía otra conferencia de prensa y la diputada Laura Guido se desmarcó del acuerdo al decir: “Doña Silvia no tuvo esa conversación conmigo, no con otra diputada que tenga presencia en esta mesa ni en la comisión”.

Los hechos trajeron “confusión total”, relató el diputado republicano Otto Roberto Vargas. Mientras el PLN confiaba en la palabra del ministro y se puso a escoger las mociones de recorte, los diputados de otros partidos les exigieron a las diputadas del PAC reunirse en una sala aparte y llamar al presidente Carlos Alvarado.

De ello fueron testigos Otto Roberto Vargas y el socialcristiano Óscar Cascante. Este último asegura que el mandatario dijo que sí podían recortar ¢150.000 millones esa misma noche.

No obstante, al regresar a la sesión, las cosas cambiaron y el PAC y el Frente Amplio recurrieron de nuevo al bloqueo de las votaciones. Regresaron las acusaciones de “austericidas”, en referencia a los promotores de los recortes.

Laura Guido alegó que el PAC y el Gobierno estaban anuentes a reducir los ¢150.000 millones planteados por la oposición, pero no por la ruta de sus mociones, sino por otra que presentarían este domingo 26 de octubre.

En sus discursos, Guido también alegó que esta no es la forma de reducir el gasto, dejando a las instituciones sin instrumentos para operar, sino que se debe hacer por medio de leyes.

Permítanme un paréntesis: sería bueno que el Gobierno y el PAC le indiquen al país cuáles son esas leyes que requerimos porque, hasta el momento, no hay claridad sobre el camino.

Casi al final de la sesión del martes, la diputada liberacionista, Ana Lucía Delgado, tomó la palabra, golpeó la mesa y señaló que la resistencia a disminuir el gasto público será la que llevará a Costa Rica a un cierre técnico.

Diputada del PLN ante bloqueo a recortes del PAC: Son los que condenan al país a un cierre técnico

Les recordó a los diputados del PAC y al del Frente Amplio que este Presupuesto se financia en un 55% con endeudamiento y solo en un 45% con ingresos reales.

A las 11:30 p. m., con 9 votos en contra y 2 a favor (los dos del PAC), el plan de gastos fue rechazado en Comisión y ahora pasará al plenario con los dictámenes que sean presentados.

Las consecuencias llegaron al otro día. El PLN, la mayor bancada del Congreso, anunció que no aprobará más créditos internacionales, ahora que al Gobierno le urgen $1.145 millones provenientes de préstamos externos, sin contar con los $1.750 millones del FMI.

Se cierran los espacios

Mientras el Gobierno se enfrasca en esos conflictos políticos, se socava el piso económico que lo financia. Las grietas ya son demasiado notorias.

Esta semana, se conoció que el Ministerio de Hacienda fracasó en un intento por hacer un “megacanje” de deuda con sus acreedores internos.

Este mecanismo permite al Gobierno cambiar a los acreedores sus bonos de deuda pública por nuevos bonos, pero con mayor plazo. Así, se logra postergar la fecha en que Hacienda debe pagar el dinero prestado.

Según publicó La Nación, el fracaso de la subasta obedece a que los rendimientos ofrecidos por el Gobierno fueron inferiores a los exigidos por el mercado internacional por los eurobonos de Costa Rica, los cuales sufrieron una estrepitosa caída en el último mes por la desconfianza hacia la capacidad de pago del país.

No se justificaba para ningún inversionista cambiar los bonos de corto plazo por bonos de largo plazo que rindieran mucho menos que la deuda externa, explicó un experto en el mercado de valores.

A su vez, este periódico reveló que, mientras el Gobierno de Panamá consiguió que inversionistas extranjeros le prestaran $1.250 millones en setiembre a una tasa de 2,25%, a Costa Rica el mercado internacional le exige un rendimiento de 8,34% por los eurobonos con vencimiento al 2031.

¿A qué se debe la diferencia, si la economía panameña también cayó y su déficit fiscal también empeorará este año?

La diferencia se fundamenta en las calificaciones de riesgo otorgadas por las agencias Moody’s, Fitch Ratigns y S&P, calificaciones de grado especulativo en el caso costarricense.

Las malas notas obedecen a los reiterados aumentos de la deuda pública y a la caída en los ingresos tributarios por la pandemia global. A ello ahora se suman el retiro del gobierno de la propuesta al FMI, los bloqueos callejeros y la falta de diálogo.

El ministro de la Presidencia dijo una vez que las calificadoras no le dan de comer a nadie y, en efecto, esa no es su función; más bien, es el Gobierno el que requiere de ellas para financiar su excesivo gasto público.

Rendimiento de deuda externa

FUENTE: BN VALORES Y MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE PANAMÁ.    || J.C. INFOGRAFÍA/ LA NACIÓN.

Convención colectiva a ciegas

Y siempre hablando sobre el gasto público, esta semana surgieron revelaciones en torno a la nueva convención colectiva firmada por el Ministerio de Educación (MEP) con sus sindicatos, y con el presidente Carlos Alvarado como testigo de honor.

La convención incluye la creación de 4.000 plazas para cocineras, las primeras 2.000 para el próximo año, que de hecho fueron incluidas en el Presupuesto del 2021.

Las diputadas del PLN le pidieron al MEP una explicación sobre el costo que tendría abrir esas 2.000 plazas en el Estado, en comparación con el costo que conlleva actualmente transferir recursos a las juntas de educación para que estas las contraten.

El MEP les respondió con un estudio comparativo alegando que tendría ahorros hasta de ¢4.000 millones anuales, pero el análisis omitía siete datos esenciales entre los costos de las plazas públicas.

Solo por citar algunos, no incluía el salario escolar, subestimaba ampliamente el costo de las anualidades y calculaba las cargas sociales solo sobre el salario base, en lugar del salario total.

Adicionalmente, el ministro de Hacienda dijo que no tenía idea de que el MEP estaba negociando una convención colectiva y que se enteró por las redes sociales.

Y, cuando se le consultó sobre el seguimiento que le dará al costo de esta convención, que incluye otras cláusulas, respondió: “Los asuntos de esa convención son del resorte del MEP, en este momento estoy concentrado en lograr el recorte de los ¢150.000 millones para llevar a la Asamblea Legislativa este domingo”.

¿Quién hizo los cálculos de esa convención? A la fecha, no existe evidencia de que se hicieran estudios para evaluar el impacto de las plazas y otras cláusulas.

¿Quién está haciendo los cálculos de lo que cuesta manejar un Estado que arrastra al país a una crisis?

La pregunta vale en todo los niveles. En una reciente comparecencia en la que se debatía el costo que tiene para la CCSS pagar una tercera pensión a sus funcionarios, el diputado del PLN, Luis Antonio Aiza, quien es funcionario de la Caja, salió en defensa del sistema alegando que él aporta el 1% para la pensión.

Asimismo, como una aplanadora, diputados de oposición insisten en pasar un proyecto de ley para reducir el marchamo a vehículos incluso de más de ¢50 millones, aunque, en este caso, Hacienda les ha insistido en que eso abrirá un hueco de unos ¢94.000 millones y les ha ofrecido una alternativa más viable, la cual consiste en beneficiar solo a los dueños de autos de menos de ¢4,2 millones.

Al menos hubo una buena noticia esta semana. En favor de las finanzas públicas y del sentido común, el TSE emitió un criterio que establece un plazo máximo de 10 años para que los partidos políticos utilicen el dinero estatal que les queda como reserva para gastos de organización y capacitación.

De esta forma, el dinero no utilizado ya no permanecerá indefinidamente en las arcas de la Tesorería Nacional a la espera de que los partidos soliciten su reembolso, sino que será reintegrado el erario público.

En cuanto a los intentos de diálogo, el presidente Alvarado empezó uno nuevo con más de 60 sectores. En la primera sesión, se discutió cómo se dialogará y, ahora, esperarán si las bases de cada sector está de acuerdo en cómo dialogar.

Mientras, la ANEP de Albino Vargas, fuerte aliado del grupo de Célimo Guido, se salió del diálogo de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular por el cual la Uccaep había rechazado el primer intento de diálogo del Gobierno.

El grupo de Célimo Guido a su vez, por intermediación de Albino Vargas, tuvo un acercamiento con los sindicatos del Poder Judicial en momentos en que Guido afronta un proceso penal por los bloqueos y las manifestaciones de violencia de las últimas semanas.

Y los diputados que apoyan al exdiputado actuaron al unísono el lunes al votar en contra sobre el proyecto para eliminar anualidades de los próximos dos años en el segundo debate (el texto sí fue aprobado con 39 votos). Se trata de Shirley Díaz, del PUSC; Wálter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; Dragos Dolanescu y Erick Rodríguez, independientes.

Se empieza a conformar un claro eje en contra de las reformas al gasto.