La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) le advirtió al gobierno de Carlos Alvarado que no dará sus votos para un solo crédito internacional más, luego de que el Partido Acción Ciudadana (PAC) bloqueara la votación de recortes al Presupuesto Nacional del 2021 en la Comisión de Hacendarios.
“Mantenemos el compromiso de sacar Hacienda Digital (préstamo para mejorar la cobranza de impuestos), pero la fracción se ha manifestado en que no vamos con ningún otro empréstito”, dijo el vocero verdiblanco.
Añadió que esta posición solamente cambiaría si se construyen “nuevas realidades que le permitan a Liberación tener una perspectiva más clara de lo que quiere como gobierno”.
En este momento, el Gobierno pretende obtener cinco créditos internacionales por $1.145 millones (¢687.000 millones), aparte de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que otorgaría otros $1.750 millones (¢1.050 millones) en tres años.
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Una negativa del PLN hacia los créditos internacionales sería un fuerte golpe para el Poder Ejecutivo, pues es la bancada más grande del Congreso, con 17 de los 57 votos.
La posición de los liberacionistas se endureció luego de que las diputadas del PAC obstruyeran la noche del martes, mediante largos discursos en la Comisión de Asuntos Hacendarios, la votación de mociones para recortarle ¢150.000 millones al Presupuesto Nacional, lo que equivale a un 1,3% de los ¢11.450.000 millones del plan de gastos.
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Las oficialistas alegaron que las rebajas dejarían en cierre técnico a muchas instituciones.
El PLN ha sido fundamental para que el Gobierno obtenga créditos internacionales, que sustituyan deuda cara por deuda barata.
Este año, la Asamblea Legislativa aprobó un préstamo por $500 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), uno por $380 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), así como el crédito rápido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $508 millones.
En trámite está el empréstito para el desarrollo del proyecto Hacienda Digital, por $157 millones, con el Banco Mundial (expediente 22.016); además de los créditos con el BID por $250 millones para financiar el Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica, y $245 millones para financiar el programa de protección de los empleos y poblaciones vulnerables afectadas por el covid-19.
Según el calendario del Ministerio de Hacienda, también están por entrar al Congreso un préstamo de $300 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), otro de $300 millones con el Banco Mundial, otro de $50 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina y un último financiamiento de $500 millones con esa misma entidad, para apoyo presupuestario.
“Hay un sentir claro, lo percibo de forma contundente en los miembros de Hacendarios, de que si este Presupuesto 2021 y todas las acciones conllevan a un incremento de la deuda insostenible, y cerramos el 2021 con un endeudamiento mayor al 80%, uno se pregunta para qué sigue endeudando el país”, dijo Silvia Hernández, presidenta de Hacendarios.
La liberacionista apuntó que, si ese endeudamiento es para seguir alimentando el gasto sin señales de que se quiera frenar ese sendero, entonces queda una gran pregunta.
“Lo mostrado el martes con el Presupuesto nos deja pensando que el Gobierno solo quiere deuda para apenas llegar al 8 de mayo del 2022, sin otro interés”, apuntó Hernández.
La presidenta del foro considera que esos préstamos apenas sirve como anestesia para el Estado y no hacer otro tipo de cambios, como la negociación con el FMI, de la cual no se sabe nada desde hace varias semanas.
Ante la declaración liberacionista, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, manifestó que el compromiso del Gobierno es hacer el recorte por los ¢150.000 millones, que se presentarían a más tardar el domingo.
“Aquí lo principal es pensar en el bienestar de Costa Rica, la sostenibilidad de las finanzas públicas, como un instrumento no para un gobierno, sino para todo el país”, indicó.
El ministro agregó que él rescata la responsabilidad que ha tenido la Asamblea Legislativa para ver con interés nacional el recorrido de un proyecto de ley.
