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El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, aseguró este viernes que, si bien el Poder Ejecutivo le da importancia a lo que dicen las calificadoras de riesgo, tiene que gobernar para el pueblo costarricense y para atender las necesidades del pueblo.
En una entrevista en el programa Enfoques, del medio Crhoy, el ministro se refirió a la rebaja de la calificación del país por parte de Standard & Poor’s, al decir que “las calificadoras no van a venir a darle de comer aquí a nadie”.
Esta semana, S&P rebajó la calificación de riesgo para Costa Rica a B, lo que implica una peor situación para que el país acceda a financiamiento internacional para cubrir sus gastos.
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Aunque Prieto alegó que sí le dan importancia a lo que dicen las calificadoras, dijo que el Ejecutivo tiene que “gobernar para el pueblo costarricense y atender las necesidades del pueblo”.
El ministro de la Presidencia insistió en que respetan, miden y valoran las opiniones de las calificadoras, y las toman “muy en cuenta”.
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Los informes de calificación de entidades como Moody’s o S&P pesan en el acceso a financiamiento internacional, el cual es más barato y con mejores condiciones que el endeudamiento interno.
“Valoramos lo que dicen (las calificadoras) para la formulación de las diversas políticas, pero tenemos que gobernar de acuerdo con las necesidades de los costarricenses”, adujo Prieto.
Historial de las calificaciones de riesgo de Costa Rica
FUENTE: CEFSA CON BASE EN DATOS DE S&P, MOODY'S Y FITCH / INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA BOLSA NACIONAL DE VALORES w. s INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
En la calificación de Standard & Poor’s, pesó negativamente la aprobación de la ley para eximir de la regla fiscal a las municipalidades, aprobada por 43 legisladores el 19 de mayo y firmada por el presidente, Carlos Alvarado, pese al anterior ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, pidió vetarla.
Se intentó conversar con Marcelo Prieto, luego de llamarle tres veces a su teléfono celular y enviarle un mensaje a su WhatsApp, para ahondar en las implicaciones de la calificación negativa de S&P para el país.
Sin embargo, no hubo respuesta al cierre de este artículo.
En octubre del año pasado, cuando la calificadora Moody’s emitió críticas sobre el plan salvamento del Gobierno, para suavizar las condiciones crediticias a los costarricenses, Carlos Alvarado dijo que él no deposita su confianza en lo que digan las calificadoras.
En ese momento, Moody’s aseguró que el programa de salvamento para deudores pondría en riesgo la rentabilidad de las entidades financieras públicas.
Antes de S&P, Fitch también había rebajado su nota de riesgo del país debido a los mayores riesgos fiscales detectados con la crisis del coronavirus, incluso antes de que se aprobara y entrara en vigencia el plan que exime de la regla fiscal a las municipalidades.
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“La rebaja refleja mayores riesgos, por un calendario de amortización abrupto y restricciones de endeudamiento, en un contexto de atracción económica causada por los efectos de la pandemia”.
“El Gobierno dependerá del desembolso de préstamos multilaterales este año para asegurar el financiamiento del presupuesto. Sin embargo, el acceso incierto al mercado externo junto con un mercado interno de capitales que se ha vuelto costoso plantea riesgos financieros”, dijo Fitch Ratings en su momento.
La rebaja en la calificación de Moody’s también llegó a inicios de junio, por el incremento del déficit y de la deuda pública, a raíz de la pandemia del covid-19.
Descontinuar mensajes mixtos
Mediante un comunicado de prensa, José Rafael Brenes, director general de la Bolsa Nacional de Valores, explicó que esa organización organizó un foro con Lisa Schineller, directora y analista líder de las calificaciones soberanas de Standard & Poor’s para revisar lo sucedido con Costa Rica.
“Con respecto a los elementos que pesaron en la revisión y desmejora de la calificación de riesgo para Costa Rica, la analista es clara en la necesidad de que las autoridades de gobierno descontinúen los mensajes mixtos con respecto al compromiso de cumplimiento de la ley para el equilibrio fiscal, siendo un requisito fundamental para mejorar la perspectiva de largo plazo".
“Palabras son buenas intenciones, pero las calificadoras quieren ver acciones concretas en la reducción del gasto. Estos elementos son importantes y necesarios para mejorar la calificación y evitar que siga deteriorándose”, dijo Brenes.
Noticia en desarollo.
