-Una nueva calificadora de riesgo, Moody’s, plantea que Costa Rica tiene una nota de grado especulativo, lo cual sitúa al país como de alto riesgo crediticio; ya otra calificadora (Fitch) había hecho la misma observación, señalando lo que sabemos: los ingresos del país son insuficientes para pagar sus gastos. ¿Cuál es el plan para salir de esto y en qué plazo?

El Gobierno ha planteado cuatro prioridades. En primer lugar, proteger la vida de los costarricenses, la vida y la salud. En segundo lugar, está el impacto social: el desempleo, la suspensión de contratos de trabajo, la exclusión social creciente derivada de que los costarricenses no pueden realizar su actividad productiva de manera normal; ahí hay una respuesta a través de programas de asistencia social y del bono Proteger.

La tercera es la situación fiscal del gobierno. El Gobierno Central va a tener un déficit de más de ¢900.000 millones este año, derivado de la disminución de la recaudación tributaria provocada por la pandemia, además de que ha sido necesario buscar recursos para financiar los servicios adicionales de la CCSS, el Ministerio de Salud y la CNE, y los recursos para proteger a los costarricenses más necesitados.

Hay una línea de acción que el anterior ministro de Hacienda (Rodrigo Chaves) definió, con un esfuerzo sistemático del Gobierno por llegar a fin de año sin tener un déficit fiscal como el que se podría provocar a raíz de la pandemia. Allí hay mejoramiento en la recaudación, restricción del gasto público, crédito externo para mejorar las condiciones del crédito caro que se tiene y, en última instancia, si es necesario, algún crédito interno adicional.

Y en cuarto lugar, está la preocupación por la reactivación económica del país con dos ejes fundamentales: estímulo a la actividad productiva privada y un esfuerzo de inversión en infraestructura pública, que rápidamente genera empleo.

Nosotros respetamos la calificación de Fitch, pero nos parece que no deben verse solamente las números específicos y la situación del momento que tiene el Gobierno, sino que tiene que verse todo el panorama y la forma en que el Gobierno tiene que atender todos esos diversos y complejos escenarios.

-Usted mencionó que la recaudación tributaria bajará en más de ¢900.000 millones. Ustedes han planteado congelamiento de salarios, con un ahorro estimado anual de ¢23.000 millones; eliminación de anualidades de los próximos dos años con un ahorro es de ¢44.000 millones. Sé que aplicaron un recorte en el primer presupuesto extraordinario y ahora hay una reducción en el pago de intereses, pero ¿creen que con contención de gasto puedan alcanzar esa cifra de ¢900.000 millones o esto se va a tapar con más endeudamiento?

No es posible solo con contención del gasto cubrir ese faltante.

Tiene que realizarse de cualquier manera un esfuerzo adicional de contención del gasto. El gobierno mandó un primer presupuesto extraordinario en el que se bajaron ¢70.000 millones; hay un segundo presupuesto extraordinario y que permitiría una rebaja de gasto de ¢62.000 millones y el Ministerio de Hacienda sigue examinando partidas, incluso recursos de las instituciones descentralizadas que puedan ser transferidas al Gobierno Central para tratar de completar el faltante.

Además, hay una política muy clara de financiamiento externo multilateral que nos permita sustituir la deuda interna cara y de corto plazo por una deuda en mejores condiciones, que permita rebajar intereses y hacer un ahorro en la atención de la deuda.

El otro elemento es que tendrá que cubrirse el faltante, si todavía queda, con endeudamiento interno que queremos que sea en mejores condiciones que el endeudamiento a corto plazo al que ha tenido que recurrir el gobierno en las últimas semanas.

-¿Es posible que salgan sacrificadas algunas partidas de inversión social e infraestructura con tal de sostener el gasto corriente? Se lo pregunto porque, en el proyecto de Judesur que aprobaron los diputados, eso fue lo que hicieron: tomaron el superávit de Judesur que estaba destinado a obras comunales para pagar el gasto corriente. ¿Se corre el riesgo de que a escala nacional pase lo mismo?

No creo de ninguna manera que ocurra lo mismo. En las propuestas que ha venido haciendo el gobierno con relación al traslado de los recursos para conjugar gasto corriente, ha tenido también una importancia significativa la capacidad de ejecución de las instituciones.

Es decir, tampoco es justo para el país que las instituciones puedan acumular superávits por una subejecución significativa de su presupuesto y que ese superávit se mantenga allí y entre mecánicamente, por disposición de la ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera de la República, a reservarse para gastos de capital cuando el país, en condiciones completamente nuevas, extraordinarias, está haciendo un enorme esfuerzo para lograr equilibrio fiscal en el funcionamiento del Estado y sus instituciones.

-En el caso de Fodesaf, se alimenta principalmente de aportes patronales que han caído, y de ahí se financian programas sociales. ¿Cómo se va a tapar esa caída en los ingresos?

El Fodesaf y el Gobierno tienen que hacer un examen de las transferencias que debe realizar y ver qué instituciones, por más benéfico que sea su propósito, realmente están pudiendo ejecutar los recursos de manera satisfactoria y los van a poder ejecutar este año, porque también hay que tomar en cuenta que estamos casi a la mitad del año; ya la ejecución de una cantidad importante de recursos no va a ser posible por el tiempo que tenemos hacia adelante y por las condiciones que nos está imponiendo la covid-19.

Estamos hablando de cerrar el año; no estamos hablando de un desfinanciamiento eterno para adelante de estas instituciones, sino de cerrar el año con los recursos que las instituciones objetivamente no podrían gastar.

-Sobre la solicitud de veto que hizo el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, al plan municipal, que va a eximir a las municipalidades de la regla fiscal. ¿Una de las valoraciones que ustedes hicieron fue la necesidad de mantener canales abiertos con el Congreso, de no causar un gran problema con partidos de los que luego necesitarían apoyo?

No necesariamente. Lo que se valoró fue el impacto de la ley.

Las municipalidades no son necesariamente deficitarias; el problema del déficit fiscal está muy circunscrito al presupuesto de gastos del Gobierno Central, no en otras áreas del sector público; y el proyecto que se aprobó, que el Ejecutivo no vetó, no encarece ni aumenta el déficit en un centavo, porque no se refiere a recursos del Gobierno Central.

Se hizo con el propósito de darles competencias especiales y más flexibles a las 82 municipalidades del país, para que puedan atender mejor la pandemia.

Quiero complementar en esto: el gasto público es un elemento fundamental de la reactivación económica y alguien salió rasgándose las vestiduras porque las municipalidades iban a poder gastar ¢90.000 millones más en este año.

Bueno, yo no quiero saber qué van a pensar los economistas ortodoxos y demás, porque no se trata de eso, pero si el Gobierno Central no puede gastar porque está en una condición deficitaria, si todos sus recursos se destinan a la atención de la pandemia, y a otras prioridades, yo digo ‘qué dicha que las municipalidades van a poder invertir localmente ¢90.000 millones, van a poder contribuir a la inversión pública cantonal, van a poder contribuir a la reactivación económica y a la generación de empleo, van a poder sostener el consumo en los cantones que están totalmente deprimidos y en los que la gente no tiene qué hacer’.

Qué dicha. Si el Gobierno Central no puede gastar y no puede contribuir con sus recursos al aumento de la demanda, que es un factor esencial de la reactivación económica, qué dicha que lo pueden hacer las municipalidades.

-Hay dos razonamientos que no entiendo en su respuesta. El primero es que usted dice que esto se hizo para que las municipalidades pudieran atender la pandemia, pero el levantamiento de la regla fiscal para las municipalidades es permanente, no es temporal. Y el segundo es que usted dice ‘bueno, porque eso va a estimular el gasto en los cantones’, pero eso sería si lo que se hubiese hecho es destinar gasto a inversión de capital o a inversión social, pero lo que se hizo fue aumentar los topes del gasto corriente (salarios, intereses, transferencias) de las municipalidades.

-¿Y quién dice que el gasto corriente de las municipalidades no ayuda a la reactivación económica, no hace circular más recursos, no permite que diversos sectores reciban beneficios que no son inversión de capital durante la gestión del año? ¿Quién dice que el gasto corriente del gobierno, o en este caso de las municipalidades, no contribuye a la reactivación económica? Ese es un criterio muy restringido.

Y el otro elemento es que, si el problema fiscal que motivó la ley de mejoramiento fiscal está circunscrito de manera muy clara en el problema del déficit del Gobierno, tampoco había por qué sujetar a las municipalidades, que tienen un grado de autonomía financiera constitucionalmente establecido, a una regla en condiciones en que no era necesario para resolver el problema de fondo, el déficit fiscal central.

-Gasto corriente es salarios, intereses y transferencias...

Salarios, intereses, transferencias, materiales y suministros, compra de materiales, pago de servicios profesionales; gasto corriente es todo lo que no es inversión de capital.

-¿Qué exactamente harían las municipalidades para ayudar al dinamismo de la economía?

Bueno, cada municipalidad es autónoma y tiene que presentar, ante la Contraloría General, los presupuestos en donde se indique en qué se van a invertir esos dineros que se les está autorizando en gasto corriente.

Reforma del Estado

-¿Cuál va a ser el papel del Gobierno en la comisión de reforma del Estado?

Quisiéramos una comisión que vea la reforma del Estado en su conjunto para hacer al Estado muchísimo más eficiente, muchísimo más eficaz y que no lo vea solo con un criterio fiscalista, que es un componente que tiene que verse.

Es decir, se trata no solo de reformar el Estado para gastar menos, lo cual es correcto, y sobre todo para no gastar en gasto superfluo, ni en tareas que pueden estar duplicadas.

Por ejemplo, no se trata solamente de reformar el Estado con ese propósito, sino que se trata también de revisar la arquitectura completa del Estado. Ya aquí el problema de ingobernabilidad es muy evidente y las dificultades para que haya una acción del Estado eficaz, ágil, oportuna, ante los requerimientos y las demandas sociales.

-En su informe anual, la Contraloría general dice ‘bueno, no necesariamente es recortar gasto, sino reasignar gasto’; ella planteaba que, si la demografía nos está demostrando que cada vez hay más adultos mayores y menos población estudiantil, ¿por qué no se pueden redistribuir recursos del sector educación al sistema de salud? ¿Usted qué opina?

Estoy totalmente de acuerdo con eso, con la salvedad de que a mí sí me parece que hay que hacer un esfuerzo por recortar gasto.

Yo tengo una preocupación: me parece que el país necesita redistribuir el gasto con mucha fuerza dentro del propio sector educativo.

Costa Rica no va a lograr dar el salto hacia un nuevo estadio de su desarrollo si no convierte a la educación, el conocimiento y a la innovación en el eje de la transformación productiva con equidad y el desarrollo sostenible.

A veces se compara el porcentaje del PIB que destina Costa Rica a educación con otros países donde hay una inversión porcentualmente menor y hay resultados más satisfactorios, y esa es una comparación perversa. Es una comparación engañosa porque el PIB de Francia o el PIB de Corea no es, de ninguna manera, parecido al PIB de Costa Rica. Lo que hay que comparar es el gasto por estudiante. Y allí los números de Costa Rica, por más porcentaje del PIB, son mucho más bajos que el promedio de la OCDE y que el promedio de los países que están a la cabeza del desarrollo educativo del mundo.

-¿Y en su criterio cuál puede ser el problema? Lo que usted está sugiriendo es que hay que aumentar la inversión en educación, ¿pero está bien distribuido el dinero?

No, creo que no. Tienen que reasignarse recursos, no solamente entre las grandes áreas de la educación, educación primaria y educación secundaria, educación terciaria, universitaria, etcétera, no solamente ahí; hay que redistribuir mejor los recursos en cada una de esas áreas. ¿Qué vamos a hacer con las escuelas unidocentes que hay en Costa Rica? El porcentaje de escuelas que cubre el plan de estudios completo de los primeros seis años es bajísimo, según los últimos estudios del Estado de la Nación.

Es decir, Costa Rica no está logrando dar los conocimientos básicos que el Consejo Superior de Educación ha considerado que deben conocer los muchachos en edad escolar. ¿Cómo hacemos para redirigir más recursos allí y mejorar esto? Todo esto tiene que verse en una perspectiva que no se trata de quitarle recursos a la educación, sino más bien de fortalecer los programas educativos.

-¿Y por qué cuesta tanto hacer esas reasignaciones? ¿Por qué no se destinan docentes del área metropolitana, donde la población esté bajando, hacia esas escuelas unidocentes?

Las reformas educativas son un problema y voy a usar una expresión que puede parecer grosera, porque hay excepciones desde luego, pero las reformas educativas usualmente terminan en el mundo de un gran fracaso. Cuesta mucho transformar el aparato educativo y cuesta en general, fuera del aparato educativo, transformar las asignaciones presupuestarias.

Hay recursos rígidamente establecidos, como lo ha señalado la Contraloría, por Constitución, por leyes especiales, por la dinámica presupuestaria y administrativa, hay recursos que están comprometidos y que, para quitarlos, hay que romper compromisos de todo tipo.

A propósito de esta pandemia, los costarricenses tenemos que entender que tiene que haber cambios muy grandes.

Tiene que haber cambios en el sistema político, para hacerlo más democrático, más participativo y más ágil, capaz de responder a las demandas de la población. La democracia tiene que funcionar, pero tendrá que haber cambios también en el sistema económico, en la arquitectura del Estado, en el sistema tributario, para hacerlo más equilibrado, más justo, menos pesado para algunos sectores, tratando de que algunos sectores que no contribuyen como deberían contribuir, contribuyan más.

Tenemos que prepararnos para el cambio y para el cambio sustantivo, radical.

-¿Qué sectores deberían contribuir más tributariamente?

Sí, por ejemplo, hay un estudio muy importante del Estado de la Nación que demuestra que, comparativamente, las pequeñas empresas contribuyen más que las grandes empresas al financiamiento de los gastos públicos. Hay un sesgo malvado que hace que, porcentualmente, las pequeñas empresas contribuyan más que las grandes empresas. Ese estudio se discutió mucho y se analizó mucho, pero no hubo ningunos cambios que hacer allí.

Me parece que hay que cumplir de manera más fuerte y más profunda con el mandato constitucional que está establecido en el artículo 50, el que le da sustento constitucional al concepto de Estado Social de Derecho, expresión de la que tanto se ha abusado en los últimos tiempos, que obliga al Estado a fomentar y respaldar y organizar la producción y procurar el más adecuado reparto de la riqueza.

Es decir, el Estado tiene obligación de intervenir activamente en estos procesos y no estoy seguro que, por su gordura, por su falta de agilidad o por su debilidad, tenga las posibilidades de hacerlo.