3 reformas de impuestos se definen en noviembre

Le saluda Esteban Oviedo, editor de la sección de Política de La Nación.

Se trata de tres proyectos de ley incluidos en el acuerdo alcanzado por Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en enero del 2021, para equilibrar las finanzas públicas y acceder a un financiamiento de $1.778 millones con bajas tasas de interés.

Luego de nueve meses de evadir el tema, los legisladores quedaron contra la pared por la decisión del presidente de la República, Carlos Alvarado, de convocar estos tres expedientes en la agenda de sesiones extraordinarias que empiezan este lunes 1.° de noviembre, en la Asamblea Legislativa, y que se extenderán por un periodo de tres meses.

En los tres meses anteriores (agosto, setiembre y octubre), mientras dirigieron la agenda con un ojo en la campaña electoral, los diputados de oposición evitaron discutir los planes de impuestos al grado de que permitieron que les cayera la guillotina legislativa.

En otras palabras, dejaron expirar los plazos de 120 días hábiles establecidos para discutir proyectos en las comisiones dictaminadoras del Congreso, foros donde empiezan a formarse las leyes.

Al ocurrir eso, el reglamento legislativo impone la guillotina. Eso significa que, cuando los proyectos entren en la agenda, los diputados de las comisiones deben votar sin discusión las mociones de ajuste que estén pendientes en cada plan y, en la siguiente sesión, votar el dictamen con una recomendación positiva o negativa para el plenario legislativo.

Tan escasa fue la discusión de estos proyectos, en las comisiones de Jurídicos y Hacendarios, que, a la fecha, ni siquiera han sido sometidos a votación los cambios que el Gobierno planteó en setiembre, para atenuar las reformas de impuestos, ante la insistencia de la oposición.

Los proyectos están hoy prácticamente como entraron.

En renta global, por ejemplo, el plan sigue previendo cobrar impuesto de renta al salario a partir de los ¢683.000 mensuales, en vez de los ¢702.000 mensuales sugeridos posteriormente por el Gobierno.

Recordemos que este proyecto equipararía el impuesto de renta entre asalariados e independientes, lo que implicaría un incremento para los primeros y una considerable rebaja para los segundos. Este plan está en la Comisión de Hacendarios.

En impuesto a casas de lujo, el expediente hoy implicaría gravar casas con construcciones a partir de los ¢108 millones, aunque el Ejecutivo había desistido de esa idea y propuso subir la barrera a ¢133 millones, como ocurre actualmente. El plan, además, duplicaría la tasa del impuesto para los propietarios con casas valoradas entre ¢133 millones y ¢334 millones.

Eso significa que el impuesto subiría de ¢457.000 a ¢915.000 anuales para una vivienda de ¢183 millones, por ejemplo.

Nada de esto ha sido enmendado en la Comisión de Jurídicos.

Sobre el plan para eliminar exoneraciones, también en Jurídicos, no se aprobaron los cambios planteados por el Gobierno, el cual había desistido de aumentar el impuesto sobre los excedentes que reciben solidaristas y cooperativistas cada año.

Además, el Ejecutivo había renunciado a subir el impuesto sobre los rendimientos de ahorros en cooperativas, así como en reaseguros y primas de seguros, entre otras cosas; pero nada de esto fue incorporado al expediente.

¿Qué pasará ahora?

Copiado!

Los ánimos están caldeados en la Asamblea y en los equipos de campaña por la decisión del presidente Carlos Alvarado de vetar el proyecto de rebaja al marchamo para los autos de menos de ¢15 millones.

El mandatario alega que los diputados rehusaron buscar una salida para llenar el faltante de ¢30.000 millones que el proyecto abriría en las finanzas públicas, en momentos en que aboga por demostrar compromiso ante los mercados internacionales con la sanidad fiscal.

Alvarado dijo que se pudo bajar el marchamo a los autos de menor valor y compensar la caída fiscal con un incremento a los carros de lujo.

Ahora, ni siquiera la idea del resello tiene sentido, pues el Poder Ejecutivo controla la agenda del Congreso, por Constitución, y el cobro del marchamo empieza el 1.° de noviembre.

El resello consiste en que 38 diputados aprueben de nuevo el plan vetado por el presidente, pero no pueden hacerlo si no está convocado en agenda.

Los diputados tendrán que dictaminar las tres reformas de impuestos. La que más recursos generaría es renta global, con 0,43% del producto interno bruto (PIB), seguida por eliminación de exoneraciones fiscales (hasta 0,35% del PIB) y, por último, impuesto a casas de lujo (0,08% del PIB).

Si la oposición está en desacuerdo, puede votar negativamente los dictámenes, pero eso no significa que los proyectos mueran. El PAC, el partido de gobierno, puede emitir dictámenes positivos de minoría. Esto permite que los planes pasen a discusión del plenario.

Allí, los 57 diputados tendrán dos oportunidades para presentar mociones de fondo que deben ser votadas de nuevo en las comisiones, antes de que los planes sean sometidos al primer debate.

Para apurar las cosas, el presidente podría limpiar la agenda. Esa es la expresión usada cuando los gobiernos desconvocan casi toda la agenda del Congreso y solo dejan en pie los proyectos de su interés, para que los diputados no tengan más opción que concentrarse en ellos.

Y el presidente parece estar dispuesto a hacerlo, según se desprende de sus palabras: “Este mes, noviembre del 2021, va a ser decisorio para los próximos cinco años de Costa Rica. Si en noviembre de 2021 no hacemos la tarea, los próximos cinco años lo vamos a resentir”.

Por si fuera poco, el FMI está con sus ojos puestos en Costa Rica, a la espera de que los actores políticos decidan si avanzan o no con las reformas acordadas. De ello depende el segundo desembolso del crédito.

Los diputados y sus candidatos pueden criticar con severidad al presidente por el veto a la rebaja del marchamo; están en campaña; pero la mayoría ha dicho que el acuerdo con el FMI es importante.

Negociación

Copiado!

Ante este panorama, se impone la negociación política. No hay espacio para más; al país no le conviene convertir el acuerdo con el FMI en un problema crónico como ha ocurrido en otros países, en donde cada gobierno alega que su antecesor negoció mal y exige una renegociación, extendiendo plazos y cambiando medidas, repitiendo este ciclo una y otra vez, sin solucionar los problemas de fondo.

Hay espacio para la negociación interna. El propio Gobierno atenuó sus primeras aspiraciones de ingresos. También, es sabido que una mesa técnica entre diputados de la Comisión de Hacendarios y el Ministerio de Hacienda está trabajando sobre el plan de renta global. El detalle está en si entraron a tiempo las mociones negociadas para ello antes de que cayera la guillotina.

A su vez, el Gobierno desistió por ahora de convocar el proyecto de impuesto a los premios de lotería, por considerar que tiene poco apoyo político.

Si la oposición lo cree conveniente, puede exigir reformas estructurales de gasto. Los diputados, por ejemplo, lamentan que el presidente no haya convocado el plan propuesto por la Contraloría General de la República para ahorrar ¢380.000 millones en el Estado mediante la unificación de las cuentas de instituciones en el Banco Central.

El Ejecutivo aún no da explicaciones claras de por qué no convoca este plan; sería un error interpretar que incluirlo sea una señal de debilidad frente a la necesidad de ajustes tributarios.

Al respaldar el veto a la rebaja del marchamo y urgir la aprobación de la agenda con el FMI, el expresidente liberacionista, Óscar Arias, afirmó: “Hice una campaña diciéndoles a los costarricenses lo que haría si me honraban con elegirme, y lo que ofrecí hacer nunca fue popular, pero sí necesario”.

Alvarado, por su parte, dijo sobre las elecciones nacionales: “Quien sea responsable gana la elección, porque la gente aquí sabe quién es hipócrita. Quien sea sincero, gana”.

En pocos meses, veremos el desenlace.