La tarde del jueves 9 de setiembre, a solicitud del PLN, el gobierno de Carlos Alvarado presentó textos sustitutivos para los proyectos de la agenda pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual busca equilibrar las finanzas públicas.
Hay cambios para asalariados, propietarios de viviendas, solidaristas, cooperativistas, jugadores de lotería y usuarios de seguros, entre otros.
Los siguientes son los cambios más importantes:
1. Casas de lujo
En el caso del impuesto a las casas de lujo, el Poder Ejecutivo renunció a la idea de gravar construcciones de ¢108 millones en adelante.
En lugar de ello, propone mantener el cobro a las construcciones de más de ¢133 millones, tal como ocurre en la actualidad.
Sin embargo, Zapote insiste en cambiar la tarifa del impuesto, lo cual tendría una considerable afectación para la mayoría de los propietarios que hoy pagan este tributo.
El texto alternativo mantiene la idea de cobrar cada año el equivalente a un 0,5% del valor de la propiedad, independientemente del valor de la casa.
Esta medida duplicará el impuesto para las casas valoradas entre ¢133 millones y ¢335 millones, las cuales representan dos terceras partes del total de viviendas gravadas.
Por ejemplo, el tributo subiría de ¢475.000 a ¢950.000 para una casa de ¢190 millones.
Este sería el efecto de eliminar la progresividad del impuesto. ¿Por qué?
Actualmente, la tarifa depende del valor de la casa y va de un 0,25% a un 0,55%. Conforme más costosa sea la propiedad (incluyendo construcción y terreno), mayor es el porcentaje del tributo. Para aplicar una tarifa de 0,5%, es necesario que el bien valga ¢1.679 millones.
En cambio, con el proyecto planteado por el Gobierno, el 0,5% se aplicará desde los ¢133 millones.
Un segundo cambio importante, planteado en el texto sustitutivo, es que Tributación estimaría el valor de la propiedad con base en la información declarada por cada propietario ante su respectiva municipalidad.
Así, ya no se exigirá una declaración específica ante Hacienda sobre casas de lujo.
Vea más detalles sobre el cambio en este link.
2. Renta global
En renta global, el Gobierno cedió un poco en la cantidad de asalariados a los que pretende cobrar impuesto de renta.
Actualmente, están exentos todos los asalariados que ganen menos de ¢842.000. La primera versión de renta global pretendía bajar ese límite a ¢683.000 y, ahora, el Ejecutivo propone fijar el umbral en ¢702.000.
Esta nueva propuesta lo que hace es variar el ingreso mínimo exento, es decir, el monto de ingresos por el que ninguna persona física tiene que pagar impuesto de renta.
El proyecto primero fijó el mínimo exento en ¢8.196.000 millones anuales y, ahora, pasaría a ¢8.425.000.
Recordemos que el esquema de renta global equipararía el monto a partir del cual deben pagar renta asalariados y trabajadores independientes, así como las tarifas.
Hoy, los independientes pagan impuesto de renta partir de los ¢312.000 mensuales (¢3,7 millones anuales).
La equiparación provocará una reducción en el pago de impuestos para los independientes y un aumento para los asalariados.
Las tarifas del impuesto oscilarán entre 10% y 28% de manera progresiva; conforme más altos sean los ingresos de las personas, mayor es la tasa.
El proyecto de renta global también implica que el impuesto de renta se calculará sobre la totalidad de los ingresos de la persona. Con ello, si un asalariado también percibe ingresos por servicios profesionales, deberá sumar ingresos al salario y otras rentas para calcular su impuesto anual, lo que provocará un incremento tributario.
3. Loterías ilegales
Sobre el impuesto a la lotería, el Gobierno propuso subir de ¢225.000 a ¢462.000 el monto de los premios por lo que se pagaría un 25% de impuesto.
Sin embargo, la mayor novedad es que la nueva versión del proyecto abriría la puerta para cobrar impuestos a las loterías ilegales, pues el articulado elimina la exclusividad del tributo sobre los juegos de la Junta de Protección Social (JPS).
El propio ministro de Hacienda, Elian Villegas, confirmó la intención al alegar que, en la lotería informal, se mueve mucho dinero, “por lo que eventualmente Tributación podría generar algún mecanismo para cobrar impuestos a estos sorteos”.
¿Implica esto una legalización y una ruptura de la exclusividad de la JPS en la lotería? El ministro cree que no, pero en casos anteriores el cobro de un impuesto ha implicado el reconocimiento de una actividad. Así sucedió, por ejemplo, con los sportsbooks.
Según la nueva versión del proyecto, la retención y declaración del impuesto recaería sobre la persona física o jurídica organizadora del sorteo, quien deberá rendir declaraciones juradas indicando los montos retenidos por impuesto en cada premio.
El texto agrega un nuevo artículo con el que asigna la administración y fiscalización de este impuesto a Tributación; anteriormente, esta disposición recaía únicamente sobre la JPS.
4. Impuestos a excedentes, ahorros, seguros, remesas
En el plan de exoneraciones fiscales, el texto sustitutivo desiste de aumentar el impuesto sobre los excedentes que pagan asociaciones solidaristas y cooperativas.
En la primera versión, el Gobierno quería cobrar un 15% de tributo sobre estas ganancias, pero eliminó el planteamiento.
Con ello, se mantienen las escalas vigentes.
Las asociaciones solidaristas tienen la siguiente escala para su repartición de excedentes:
-Hasta los ¢462.000 (un salario base), se cobra un 5% del impuesto.
-De ¢462.001 a ¢924.000 (dos salarios base), la tarifa es del 7%.
-A a partir de los ¢924.001 (el exceso de dos salarios base), se cobra una tarifa del 10%.
En el caso de los excedentes de las cooperativas, la tarifa seguirá en un 10%.
El Gobierno también desistió de subir a un 15% el tributo sobre los rendimientos de los ahorros en cooperativas de ahorro y crédito, así como los rendimientos generados por títulos valores en moneda nacional del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
Con el texto sustitutivo, además se eliminó la intención de aumentar de un 5,5% a un 10,5% el impuesto sobre los reaseguros, reafianzamientos y primas de seguros de cualquier clase.
Tampoco se incrementará del 20% al 25% la tarifa a las remesas por la utilización de películas cinematográficas, películas para televisión, grabaciones, discos fonográficos, historietas y, en general, cualquier medio de difusión similar de imágenes o sonidos, así como por la utilización de noticias internacionales.
Las remesas son pagos por servicios contratos en el exterior.
El nuevo plan sí conserva la intención de subir de inmediato, de un 7% a un 15%, el tributo sobre los rendimientos de los títulos valores emitidos por el Banco Popular.
5. Salario escolar
También, en el proyecto de exoneraciones fiscales, el Poder Ejecutivo procura evitar que los empleados públicos paguen impuesto de renta por el salario escolar, en los casos en los que las remuneraciones estén por debajo del monto a partir del cual se paga el tributo.
Este plan eliminaría la exoneración fiscal de la que hoy gozan los funcionarios públicos en el salario escolar, el cual constituye un decimo tercer salario al año, aparte del aguinaldo.
Dentro de la agenda de ajuste fiscal, el Gobierno propuso eliminar esta exoneración para los salarios escolares superiores a ¢842.000, la base actual a partir de la cual se paga renta.
No obstante, surgió la duda de si un servidor público con un sueldo inferior a ese monto tendría que pagar impuesto de renta cuando, en un mismo mes, recibe su remuneración mensual y el salario escolar.
Tal es el caso de un empleado que gana ¢500.000 y que está exento siempre. Al devengar el salario escolar en enero, su ingreso mensual sube a ¢1 millón, lo que lo haría sujeto de pagar renta.
Con la intención de evitar que eso ocurra, el texto sustitutivo planteado por el Gobierno crearía una cédula especial para el salario escolar, con un tratamiento tributario separado.
6. Aporte de empresas públicas
Sobre el dinero que las empresas públicas aportarían para pagar la deuda pública, Casa Presidencial recortó en ¢18.000 millones la aspiración para el primer 2022.
El nuevo texto señala que, en el primer año, las empresas aportarían en conjunto un monto equivalente al 0,15% del producto interno bruto, es decir, unos ¢54.450 millones.
En los tres años siguientes, las transferencias equivaldrán a un 0,20% del PIB, lo que equivale a cerca de ¢72.600 millones.
La iniciativa original establecía que dicho monto sería del 0,20% durante cuatro años.