El Gobierno cambió este jueves su proyecto de ley para cobrar un impuesto de 25% sobre los premios de lotería y, en esta nueva versión, el Poder Ejecutivo pretende extender el brazo de tributación sobre las loterías ilegales.
La versión anterior imponía el tributo únicamente a los juegos de la Junta de Protección Social (JPS).
Ese planteamiento quedó atrás para evitar una “desigualdad” con esa institución y deja abierto el cobro a sorteos informales, reconoció Elian Villegas, Ministro de Hacienda.
“Tiene que quedar abierto si en el futuro llega a haber otros juegos o si, eventualmente, se le pueden cobrar a los que están operando en mecanismos de informalidad; entonces, hay que tener eso presente.
“Lo que andamos buscando es el tema de loterías y demás; antes decía JPS y, ahora, lo quitamos para no generar una desigualdad con la Junta, para tener apertura en ese sentido”, explicó Villegas.
Según el jerarca, no se busca combatir las famosas rifas de pueblo, ya que estas “son material irrelevante para el tema tributario”.
Sin embargo , el ministro argumentó que, en el negocio de la lotería ilegal, se mueve mucho dinero, por lo que eventualmente Tributación podría generar algún mecanismo para cobrar impuestos a estos sorteos.
“Queda abierto, en este momento tal y como está la propuesta no queda limitado a la JPS”, enfatizó el titular de Hacienda.
Según la nueva versión del proyecto, la retención y declaración del impuesto recaería sobre la personas física o jurídica organizadora o promotora del sorteo, quienes deberán rendir declaraciones juradas indicando los montos retenidos por impuesto.
Los promotores de la rifa o lotería deberán retener y pagar el impuesto a más tardar el decimo día del mes siguiente al que se efectuó el sorteo.
El ministro de Hacienda argumentó que, con la nueva propuesta, no se está reconociendo la ilegalidad o legalidad de una actividad.
El texto agrega un nuevo artículo con el que asigna la administración y fiscalización de este impuesto a la Dirección General de Tributación; anteriormente, esta disposición recaía únicamente sobre la JPS.
Por otra parte, el tributo del 25% se aplicaría a los premios mayores de ¢462.000, en vez de ¢225.000, como se propuso inicialmente.
Quedarían exentos del gravamen los juegos de la Cruz Roja, los casinos y las apuestas electrónicas, pues ya están gravados con otro impuesto.
Con el impuesto a los premios de lotería, el Gobierno busca generar ingresos por unos ¢41.800 millones anuales, equivalentes al 0,12% del producto interno bruto (PIB).
Esta medida es parte del programa de ajuste fiscal acordado con el FMI.
La base para imponer el cobro se fijó con referencia al salario base del oficinista 1 del Poder Judicial, el nuevo texto fue presentado al Congreso este jueves por la tarde.
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