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Randall Zúñiga López, destitutido este lunes como director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuestionó el procedimiento disciplinario que llevó a los magistrados de la Corte Plena a cesarlo del cargo tras una votación unánime .
La Corte determinó que Zúñiga incurrió en una falta gravísima por la afectación a la imagen del Poder Judicial y la divulgación de información confidencial. El ahora exjerarca rechaza esa conclusión y sostiene que se le sancionó por una vía distinta a la que originalmente sustentaba los cargos.
Según explicó en un comunicado, el procedimiento incluyó 50 cargos en su contra, de los cuales se le sancionó únicamente por seis. Varios de esos cargos estaban construidos sobre el artículo 295 del Código Procesal Penal, que protege la reserva de investigaciones penales. Sin embargo, afirma el escrito, “al no acreditarse que yo hubiera revelado datos reservados de una investigación penal”, el tribunal recurrió al artículo 27 de la Ley Orgánica del OIJ.
“Es como si a una persona la llevan a juicio por robo, como no logran encontrarla culpable por esto, entonces la condenan por evasión fiscal, a pesar de que no formaba parte de la acusación”, argumentó.
Zúñiga afirma que se le sancionó por haber sostenido conversaciones privadas sobre hechos que ya habían sido comunicados públicamente por medios de comunicación o por vocerías institucionales.
El exjerarca explicó que entre los seis casos por los que fue revocado del puesto, figura la desaparición de Jessie Karina Álvarez Amador, en Pavas. Sobre este cargo señaló que la madre de la joven ya había contado en una entrevista televisiva el 17 de mayo de 2025, que su hija salió de la casa porque un sujeto la estaba llamando. El exdirector dijo que dos días después repitió esa misma información en una conversación privada.
Otro hecho por el que sancionaron a Zúñiga fue el homicidio de Rashab García y su amigo Nelson Pavón, ocurrido en abril de 2025 en Orotina, indicó que el subdirector del OIJ ya había revelado en conferencia de prensa del 29 de abril los principales elementos del caso, incluida la hipótesis de femicidio. Horas después, en una llamada privada, comentó lo mismo.
Zúñiga continuó su explicación al decir que otro caso del que hizo comentarios de manera privada y por lo que fue cesado, se relaciona con la muerte de un menor en San Pablo de León Cortés, dijo que él mismo había dado declaraciones en vivo al mediodía a un noticiero y que luego, en una conversación privada, repitió lo mismo de forma coloquial.
“Lo que se sanciona es haber sostenido conversaciones privadas sobre hechos que ya formaban parte del conocimiento público. El punto central no era si se conversó sobre un caso, sino si se reveló algún dato nuevo, reservado y protegido. Eso no fue acreditado en ningún momento”, afirmó.
Zúñiga también rechazó los cargos por un supuesto conflicto de interés en un proceso de reclutamiento, al que dijo que no se le demostró gestión efectiva alguna, y los relacionados con hospedajes en giras oficiales, respecto a los cuales señaló que las giras existieron y que no se acreditó la conducta que se le atribuyó mediante “prueba directa suficiente”.
Randall Zúñiga enfatizo en separar este procedimiento disciplinario de los casos penales que enfrenta. Precisó que la decisión de la Corte no tiene ninguna relación con el reportaje del canal OPA sobre presuntas violaciones sexuales, ni con revelar datos del homicidio de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca, ni de los femicidios de Kimberly Araya, Julieta Fernández y Nadia Peraza. “El juicio por estos hechos empieza el 25 de mayo de 2026, o sea dentro de una semana”, apuntó.
Zúñiga fue separado de su cargo el 29 de octubre de 2025, luego de que trascendieran las denuncias de varias mujeres que lo señalaban por presuntos delitos sexuales. La Corte extendió su suspensión en dos ocasiones: la primera por tres meses en noviembre de 2025 y la segunda por tres meses más en febrero de 2026, con el propósito de que la investigación disciplinaria avanzara de manera objetiva e independiente.
El exdirector anunció que ejercerá acciones legales en la vía contencioso-administrativa para que se revise, “con rigor técnico y jurídico”, lo actuado. Zúñiga advirtió que “existe una finalidad muy clara de debilitar la Policía Judicial y llevársela al Ejecutivo”.
Michael Soto continuará como director interino del OIJ mientras se desarrolla el proceso para designar al nuevo jerarca.
