El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) rehusó contestar preguntas remitidas por La Nación sobre la detención de dos estudiantes que portaban una bandera de Palestina durante el traspaso de poderes de la presidenta Laura Fernández, el pasado 8 de mayo, en el INS Estadio. Argumentó que no puede referirse al caso porque existe una investigación judicial en curso.
El MSP defendió esta postura señalando que todas las “actuaciones efectuadas por los cuerpos policiales” fueron reportadas por la oficina de prensa de ese ministerio tras la ceremonia. “En tal información se enumeraron los incidentes, las aprehensiones y lo posibles delitos asociados“, agregó.
Según un video grabado por los propios detenidos, un policía justificó el cerco a estudiantes con el argumento de que solo se estaba “dejando entrar a las de Costa Rica”. Sin embargo, también había en el estadio insignias de Estados Unidos, Israel y el partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO) sin que hubiera detenciones.
La Nación consultó al MSP si existía un reglamento que prohibiera tipos de banderas, además de que se le solicitó detallar quién dio la orden de rodear a los jóvenes con banderas palestinas y si se decomisaron otras banderas distintas a la de Costa Rica, a parte de la palestina, durante el evento. Se pidió la identificación de los funcionarios que participaron de las detenciones, entre otros aspectos. No obstante, el Ministerio no respondió ninguna de estas preguntas.
Detenciones
El 8 de mayo, mientras Laura Fernández era investida como presidenta de la República, un grupo de oficiales de la Fuerza Pública abordaron y rodearon a Aren Vindas y Yoilyn Bermudez, quienes portaban símbolos en favor de Palestina en una de las graderías.
Posteriormente, los jóvenes fueron detenidos dentro del estadio y presentados ante los Tribunales de Justicia de Goicoechea. En ese sitio, permanecieron en las celdas judiciales hasta el 9 de mayo, un día después, cuando un juez ordenó la liberación porque la Fiscalía no solicitó medidas cautelares.
El caso generó que tanto la Universidad de Costa Rica (UCR) como la Escuela de Comunicación (ECCC) de ese centro de enseñanza, donde estudian los jóvenes, se pronunciaran condenando lo sucedido.
La ECCC solicitó al gobierno una investigación con el fin de determinar quién o quiénes son responsables directos de las instrucciones para que esta detención se concretara y conocer las razones que fundamentaron el acto.
Esa unidad académica denunció que la detención se dio por “manifestar sus opiniones”.
El pasado 12 de mayo, el Consejo Universitario (CU) de la UCR también denunció las detenciones como “arbitrarias” y solicitaron al gobierno respetar la protesta social.
El CU denunció una aparente selectividad en las aprehensiones, pues fueron únicamente con personas que portaban con banderas de Palestina. Además, las señaló como abusivas, pues no hay indicio de delito.
Investigación
Al ser 5:16 p. m. del lunes 26 de mayo, Seguridad respondió: “Debemos indicarle que, por tratarse de un caso en investigación y en razón de la normativa que respalda el debido proceso, no nos vamos a referir al caso en consulta”.
Sin embargo, tras la publicación de este medio sobre ese proceso, Seguridad aclaró que la investigación a la que hicieron referencia es judicial y no administrativa.
Nota del editor: Esta nota fue actualizada a las 6:20 p. m. del martes 26 de mayo.