Las estudiantes universitarias Aren Vindas Álvarez y Yoilyn Bermúdez Morales quedaron en libertad este sábado poco después de las 2:30 p. m., luego de permanecer detenidas desde el viernes en los Tribunales de Goicoechea.
Las aprehendieron el día de la toma de posesión de la presidenta Laura Fernández, mientras portaban banderas y símbolos en apoyo a Palestina.
Afuera de los tribunales, un plantón de estudiantes, docentes y activistas se mantuvo durante horas en respaldo a las universitarias.
Al salir, Aren relató que los oficiales de la Fuerza Pública primero las sacaron del estadio y luego las condujeron a una zona ubicada detrás del recinto, fuera del alcance de las cámaras, donde procedieron a detenerlas.
Denunció, además, que un oficial le golpeó el brazo mientras ella grababa con su teléfono celular y que intentaron arrebatarle el dispositivo, sin lograrlo.
“Nunca ofrecimos resistencia”, indicó.
Describió como “grosero” el trato recibido, marcado por empujones que calificó de innecesarios precisamente porque las estudiantes no opusieron resistencia en ningún momento.
Aren reiteró que la detención fue inaceptable: las sacaron por ondear una bandera palestina mientras, del otro lado, la bandera de Israel permanecía desplegada sin que nadie interviniera.
Videos divulgados el viernes mostraron el momento previo al arresto, cuando un oficial les dijo que “solo se está dejando entrar a las de Costa Rica”.
Bermúdez Morales le respondió en ese momento: “Pero la de Israel está ahí desde las 8 de la mañana. ¿Ustedes solo vienen por nosotros?”.
Una de las estudiantes llegó a plantearle directamente al oficial que, si retiraban las banderas israelíes, ellas también retirarían la suya sin problema.
El abogado defensor Alonso Salazar Rodríguez había calificado la actuación policial como un “comportamiento arbitrario” contra la libertad de expresión.
“Si en el primer acto de Gobierno se manda a la Fuerza Pública a callar una opinión divergente, qué nos espera en los próximos cuatro años”, manifestó este viernes.
La Universidad de Costa Rica (UCR) también emitió un comunicado en el que exigió el respeto al debido proceso y advirtió sobre el riesgo de que acciones estatales “desproporcionadas” deriven en la criminalización de la protesta social.