Así se los dijo a las estudiantes Aren Vindas Álvarez y Yoilyn Bermúdez Morales, quienes segundos después fueron detenidas.
Las jóvenes portaban símbolos y banderas en favor de Palestina, pero ellas señalaron, frente al propio oficial, que una bandera de Israel llevaba horas en el mismo lugar sin que nadie actuara.
Universitarios detenidos con bandera de Palestina
“Pero la de Israel está ahí desde las 8 de la mañana. ¿Ustedes solo vienen por nosotros?”, le respondió Bermúdez Morales al policía, según se escucha en videos divulgados sobre los momentos previos al arresto.
Una de las estudiantes fue todavía más directa: “Hay que estar muy claros: esas banderas de Israel están ahí desde antes que entraran las delegaciones y no se hizo nada al respecto, y ahora vienen a donde nosotros. Si ustedes retiran esas banderas, retiramos la nuestra sin problema, pero entiéndanos usted”.
En otro punto del video, un oficial les dice: “Tienen que salir, la bandera autorizada es la de Costa Rica, no de otro país extranjero”.
Después de ese intercambio, fueron arrestadas por presunta resistencia a la autoridad.
Las dos estudiantes pasaron la noche detenidas a la espera de que se determine su situación legal.
Alonso Salazar Rodríguez, defensor de las estudiantes, calificó la actuación policial como un “comportamiento arbitrario” contra la libertad de expresión.
“Si en el primer acto de Gobierno se manda a la Fuerza Pública a callar una opinión divergente, qué nos espera en los próximos cuatro años”, manifestó.
Salazar advirtió de que un gobierno que inicia “con estas actitudes” merece atención y preocupación, pues a su juicio aún no queda claro cómo podría actuar el Ejecutivo en el futuro.
La Universidad de Costa Rica (UCR), por su parte, calificó de “especialmente preocupante” que las estudiantes permanecieran privadas de libertad toda la noche sin que mediara una audiencia.
En un comunicado emitido este 9 de mayo, la institución dijo que, “en una democracia sólida, el respeto al debido proceso y a las garantías fundamentales no puede relativizarse, independientemente de las circunstancias políticas del momento”.
La universidad reconoció que toda actuación ciudadana debe enmarcarse en el ordenamiento jurídico vigente, pero sostuvo que ese mismo compromiso democrático la obliga a señalar con claridad su inquietud ante acciones estatales que resulten “desproporcionadas” y que puedan interpretarse como criminalización de la protesta social.
La UCR hizo un llamado a las autoridades para que garanticen de forma inmediata el respeto a los derechos fundamentales de las detenidas, el cumplimiento del debido proceso y la proporcionalidad en el ejercicio de la autoridad pública.
