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Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, despertó esta mañana vestido de anaranjado, con manga corta y pantalón corto. Sobre su uniforme, casi fosforescente, los oficiales penitenciarios le colocaron un chaleco antibalas y un casco negro, que sujetaron a su barbilla.
Le ataron las manos y los pies. Él colaboró. Se percibía sereno y, mientras caminaba escoltado hacia el carro blindado que lo llevaría hasta el Aeropuerto Juan Santamaría, se dirigió brevemente a los oficiales penitenciarios para decirles: “Muchas gracias a todos”.
El trasfondo de ese agradecimiento no se conoce, pues más tarde denunció torturas en el centro penal.
Así se despidió del módulo de Máxima Seguridad, donde permanecía recluido desde octubre del 2024 en prisión preventiva por el presunto delito de robo de combustible.
Poco antes de las 9 a. m., se le vio desfilando por la pista del Juan Santamaría hasta el avión King Air que lo lleva a Nueva York. Se detuvo frente a las gradas de la pequeña aeronave, le quitaron los elementos de seguridad y subió, sin ver hacia atrás.
Así, sin voltear la mirada y en cuestión de pocos minutos, se concretó su extradición, después de décadas de persecución policial.
Durante años, el nombre de Gilbert Bell Fernández, padre de seis, ha aparecido una y otra vez en expedientes policiales, investigaciones, arrestos y procesos judiciales. Su trayectoria ha estado ligada a distintas investigaciones por delitos que van desde el robo de combustible hasta señalamientos por narcotráfico, pero su expediente está libre de condenas.
El pasado 27 de mayo, Bell, de 63 años y nacido en Turrialba, apareció en los tribunales de Goicoechea, cabizbajo, con varios kilos menos y una mirada por momentos perdida. En aquella audiencia de apelación, en la que se discutía su extradición, se dirigió brevemente al tribunal para explicar por qué, a su juicio, no debía ser enviado a ese país.
Sus argumentos no fueron suficientes, pues ese mismo tribunal dio vía libre para que Bell viajara al norte.
700 kilos de coca a Nueva York
Las autoridades estadounidenses argumentan que el empresario limonense habría conformado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, que operó entre marzo del 2022 y agosto del 2023.
A Bell se le imputan delitos de conspiración y posesión de cocaína para distribuirla y la acusación plasma que el costarricense, entre otras cosas, habría planeado el envío de 700 kilogramos de cocaína hacia Nueva York, en agosto del 2023.
La pieza acusatoria se fundamenta en conversaciones telefónicas y grabaciones en audio y video, durante las cuales los propios miembros del presunto grupo criminal se refirieron al limonense como “el padre o el líder”.
Mientras Estados Unidos atribuye a Bell un papel de liderazgo dentro del grupo, en Costa Rica su defensa sostiene que nunca se le ha decomisado droga. La primera vez que Bell Fernández fue cuestionado públicamente por sus posibles vínculos con el narco ocurrió en 2015, mismo año en que se desempeñó como miembro del consejo asesor del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).
Los cuestionamientos surgieron porque en noviembre del 2014, la Policía había interceptado, en un enclave portuario que habría construido Bell ilegalmente en terrenos estatales en Portete, Limón, una lancha procedente de Jamaica con 318 kilos de marihuana.
En octubre del 2015, hace once años, Bell incluso compareció ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, junto con el entonces alcalde de Limón, Néstor Mattis Williams. Ambos negaron tener conocimiento sobre la construcción del muelle.
Por ese caso, a Macho Coca ni siquiera se le imputó por narcotráfico, sino solo por el delito de usurpación de bienes de dominio público, pero el proceso terminó con un sobreseimiento por prescripción y el muelle fue demolido.
Menos de dos semanas después de esa comparecencia, Macho Coca fue detenido en Limón por presuntamente comprar el silencio de oficiales de tránsito para permitir el transporte de drogas entre la provincia del Caribe y San José por la ruta 32.
La Fiscalía vinculó a tres inspectores por supuestamente recibir sobornos, pero luego fueron liberados y desvinculados del caso.
En el 2016, el Departamento de Estado de EE. UU. describió a Macho Coca como un importante traficante de drogas del Caribe costarricense y, en 2017, apareció en los tribunales por una investigación por narcotráfico y legitimación de capitales. Sin embargo, en 2018 la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de esa causa ante el Tribunal Penal de Goicoechea.
Robo de combustible
En noviembre del 2023, el Departamento del Tesoro de EE. UU. volvió a incluir a Macho Coca en uno de sus informes y lo describió como uno de los narcotraficantes más violentos. Además, ordenó congelar cualquier activo que el costarricense tuviera en Estados Unidos.
Para entonces, Bell ya acumulaba antecedentes por investigaciones relacionadas con el robo de combustible. De hecho, la prisión preventiva en la que permaneció antes de su extradición estaba vinculada precisamente con ese delito.
Bell cayó esta última vez en octubre del 2024 por el caso Petro Coca, en el que se indaga un millonario robo a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). Drones, vigilancias y monitoreos permitieron plasmar en la acusación fiscal que el empresario habría captado a exfuncionarios de la Refinadora y a otros sujetos para ejecutar un engranaje criminal para sustraer combustible mediante tomas ilegales.
El hombre habría utilizado dos predios suyos en Limón para facilitar el robo. En uno de esos terrenos está su casa, ubicada a escasos metros del puerto de Moín, donde mantenía una cisterna cargada de hidrocarburos para abastecer su propio carro y sus lanchas.
La causa quedó suspendida a la espera de que Bell enfrente la justicia norteamericana.
Ocho años antes, en 2018, también fue arrestado por supuestamente apoyar a una banda dedicada a extraer hidrocarburos del poliducto de la Refinadora. Aparentemente, Bell aportaba dinero y prestaba vehículos y propiedades para almacenar el material, con el objetivo de recibir a cambio parte del combustible.
Beneficios estatales
A pesar de las sospechas por los señalamientos de Estados Unidos y los procesos penales que enfrentaba Bell, cinco embarcaciones suyas y de su exesposa, Andrea Araya Bougle, recibieron 2,1 millones de litros de diésel exonerados de impuestos entre abril del 2015 y junio del 2024, como lo dio a conocer La Nación.
Esto se traduce en un subsidio estatal de ¢521,4 millones. El empresario pagó un 47% menos de lo que habría tenido que invertir cualquier otra persona.
Fue posible que accedieran al descuento porque tenían licencias de pesca comercial emitidas por el Incopesca, entidad que desde 1994 avala la exoneración del pago de impuestos a los pescadores en Costa Rica.
Bell deja Costa Rica sin una sola condena en firme, pero con una causa pendiente, por la que deberá responder si alguna vez logra regresar.
