Escuchar
Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, y Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre, denunciaron tortura y hablaron con fiscales costarricenses poco antes de abordar el avión que los traslada a Estados Unidos a afrontar causas por narcotráfico.
Según confirmó a La Nación una fuente confidencial en el sitio, las autoridades también les tomaron una declaración, que fue grabada en audio y video.
Los sujetos denunciaron que en el módulo de Máxima Seguridad de La Reforma, en Alajuela, no los dejan dormir y tampoco los alimentan.
El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó la información esta mañana, y, en declaraciones desde el aeropuerto Juan Santamaría, dijo que los extraditados quisieron externar sus inquietudes y que él, como fiscal general y en respuesta a su deber, recibió dichas manifestaciones en un video.
Tanto Bell como Lozano accedieron a que se les grabara e indicaron que todas las madrugadas los despiertan y que los oficiales penitenciarios les dicen que es “por orden del fiscal general”.
Por su parte, Díaz justificó que no tiene ninguna influencia en ningún centro penitenciario, por lo que estas medidas no han sido orquestadas desde el Ministerio Público.
Tras las denuncias, la Fiscalía General pondrá los hechos en conocimiento de la Defensoría de los Habitantes y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, así como de los jueces de Ejecución de la Pena.
El fiscal afirmó que investigará estos hechos, pues en las declaraciones brindadas por los extraditados, afirman saber quiénes son los funcionarios que permitían el ingreso de teléfonos y drogas al centro penal.
El abogado del extraditado, Manrique González, afirmó esta mañana que las condiciones de su cliente en La Reforma han sido nefastas y que, por ello, incluso Bell estaba deseoso de que se concretara la extradición.
Una fuente confidencial confirmó a este diario que el extraditado Celso Gamboa Sánchez también denunció hechos similares en marzo de este año, poco antes de que se concretara su extradición a Texas por supuesto narcotráfico.
La prevención de la tortura
La misión del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es proteger los derechos humanos de las personas que se encuentran sometidas a cualquier forma de privación de libertad. Su objetivo es prevenir actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes mediante un sistema de monitoreo.
El mecanismo ha denunciado situaciones en centros penales, como la sobrepoblación carcelaria, así como hechos puntuales relacionados con los derechos de las personas privadas de libertad.
También, en marzo de este año, advirtió sobre riesgos de violaciones a los derechos humanos en el marco de un acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos para recibir, semanalmente, hasta 25 personas migrantes deportadas desde terceros países.
La necesidad de un mecanismo como este se comenzó a discutir desde la década de 1970, debido la preocupación mundial por la tortura en centros de detención y, el 10 de diciembre de 1984 se creó la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que obliga a los Estados a tomar medidas para prevenirla.
El sitio web del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura destaca que en 1992, Costa Rica lideró la propuesta para crear un protocolo preventivo y el 18 de diciembre del 2002 adoptó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
Este protocolo establece visitas periódicas a centros de detención y la formulación de recomendaciones para prevenir malos tratos.
Costa Rica aprobó dicho protocolo mediante la Ley N.º 8459, en 2005, y se comprometió a crear un Mecanismo Nacional de Prevención. En 2014 se promulgó la Ley N.º 9204 que formalizó la creación de este mecanismo.
La entidad está adscrita a la Defensoría de los Habitantes.
