La solicitud para extraditar a Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, se originó de una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA) en la que fuentes confidenciales (CS) de este cuerpo policial confirmaron la existencia de una presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas (OTD), afincada en Costa Rica y presuntamente encabezada por Bell.
La pieza acusatoria señala que el empresario limonense, entre otras cosas, habría planeado el envío de 700 kilogramos de cocaína hacia Nueva York, en agosto del 2023. De acuerdo con esta pesquisa de la DEA, el grupo criminal, conformado por Bell y al menos cuatro personas más, habría operado entre marzo del 2022 y agosto del 2023 y, en apariencia, se dedicaba a la distribución de grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica hacia Estados Unidos.
Aunque la solicitud de extradición de Macho Coca para enfrentar cargos de narcotráfico en Estados Unidos se fundamentó en esa acusación, el Tribunal Penal de Limón la rechazó mediante una resolución dictada a las 2:02 p. m. del lunes 9 de marzo, suscrita por el juez Jorge Arturo Sequeira Rodríguez.
Sequeira rechazó la petición de las autoridades norteamericanas con el argumento de que no es posible entregar a un costarricense por delitos que se cometieron antes de la reforma constitucional que avaló la extradición de nacionales, vigente desde el 28 de mayo del 2025.
La investigación de la DEA
Entre marzo del 2022 y agosto del 2023, Macho Coca y afiliados suyos participaron en comunicaciones electrónicas, telefónicas y presenciales con dos fuentes confidenciales que operaron bajo la dirección de la DEA y se hicieron pasar por asociados de una red internacional de tráfico de drogas que distribuía toneladas de cocaína en Estados Unidos.
En las primeras conversaciones, se lee en el documento, se discutió la compra de grandes cargamentos de cocaína que la organización costarricense quería transportar a supuestos clientes de los informantes de la DEA en Nueva York y otros lugares.
“Durante estas conversaciones iniciales, la mayoría de las cuales fueron grabadas en audio, los miembros de la OTD confirmaron que Bell Fernández era el líder de la OTD y que la OTD podía proporcionar a las CS cargamentos de toneladas de cocaína”, dice el texto.
Tras varias semanas de conversaciones con miembros del grupo de Bell, estos llegaron a presentar al empresario como “el padre o el líder” del grupo. A partir de entonces, las fuentes de la DEA conversaron directamente con Macho Coca en múltiples ocasiones, en persona y por teléfono, para negociar los términos bajo los que se distribuiría la droga.
Estas conversaciones también fueron grabadas y Bell Fernández habría confirmado que tenía los medios para exportar toneladas de cocaína fuera de Costa Rica. El empresario limonense habría declarado incluso que podría hacer arreglos para que la fuente de la DEA comprara una muestra de la cocaína antes de posibles transacciones de mayor envergadura.
En febrero del 2023 se negoció la compra de esta muestra y, con la presunta aprobación de Bell Fernández, un miembro del grupo entregó a la fuente de la DEA un kilogramo de cocaína, valorado en $6.000. Luego de esta transacción continuaron las conversaciones con Bell.
A principios de agosto del 2023, señala el documento, los informantes de la DEA se reunieron con Bell Fernández en Costa Rica. El encuentro fue presencial, grabado en audio y video. Entonces, Bell indicó que proporcionaría aproximadamente 700 kilogramos de cocaína y, finalmente transportaría esa cocaína a la ciudad de Nueva York.
El costarricense accedió a reunirse con los agentes infiltrados de la DEA en Panamá para recoger el dinero del acuerdo.
A Bell se le señala por delitos de conspiración y posesión de cocaína para presuntamente distribuirla.
Uno de los abogados de Bell, Manrique González, declaró a La Nación que a su cliente “no se le ha decomisado nunca, en ninguna investigación por autoridades costarricenses, ni un gramo de una sola droga”.
Agregó que el caso está en investigación y a Bell lo ampara el principio de inocencia. Además, afirmó que el delito de conspiración no se contempla en la legislación costarricense, por lo que si el Ministerio Público asume el caso, la causa no tendría asidero legal.