El viernes 31 de julio llegó oficialmente la carta de garantías por parte del gobierno de Estados Unidos, el último requisito necesario para concretar el traslado del nacional a suelo norteamericano.
En este documento —la Nota Diplomática N.° 2026-0120, remitida por la Embajada de Estados Unidos en San José—, el gobierno estadounidense se comprometió a no juzgarlo por delitos distintos a aquel o aquellos por el cual se concedió su extradición, a no solicitar ni imponer la pena de muerte, y a que, en caso de imponerse cadena perpetua, la pena no sería inalterable, pues Bell Fernández podría apelarla y posteriormente solicitar conmutación o indulto.
La nota diplomática, firmada por la Embajada de Estados Unidos en San José el 29 de julio, fue recibida por la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores al día siguiente, según consta en el oficio DJ-CJI-697-07-2026.
El expediente de extradición, identificado como 25-000135-0016-PE y a cargo del Tribunal del I Circuito Judicial de Limón (Penal), clasifica el caso bajo el rubro “Tráfico Internacional de Drogas”.
Fue el 31 de julio cuando la jueza tramitadora Jetty Del Carmen González Rosales puso el documento en conocimiento de las partes por un plazo de tres días.
Los fiscales estadounidenses confirmaron además que no buscarán cadena perpetua ni una pena superior a 50 años de prisión, y que tomarán todas las medidas a su alcance para que no cumpla más de ese plazo. También advirtieron que, si el imputado brinda colaboración sustancial con las autoridades de Estados Unidos, su pena podría reducirse.
Desde inicio de junio se ha venido despejando el camino para que las autoridades costarricenses puedan hacer la entrega del limonense.
El día 2 de ese mes, el Tribunal Penal de Apelación del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, acogió parcialmente las apelaciones que habían interpuesto la Fiscalía y la Procuraduría General de la República contra una primera resolución del Tribunal Penal de Limón, que rechazó la extradición, al alegar que los hechos denunciados habrían ocurrido antes de que se reformara el artículo de la Constitución Política que autoriza la extradición de nacionales por narcotráfico y terrorismo.
Además, el 12 de junio el Juzgado Penal de Limón acogió la solicitud del Ministerio Público de suspender la causa que se seguía en Costa Rica contra Bell Fernández, alias Macho Coca, por el presunto robo de combustible a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).
La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos envió dicha solicitud, la mañana del 3 de junio, para así facilitar la extradición del limonense.
La solicitud de extradición se remonta a la nota diplomática 2025-0134, enviada por la Embajada estadounidense el 8 de diciembre de 2025.
El proceso avanzó el pasado 17 de junio, cuando la Cancillería costarricense —mediante el oficio DJ-CJI-529-06-2026— informó a Washington que el tribunal costarricense había resuelto conceder la extradición, aunque condicionada a que Estados Unidos presentara las garantías sobre especialidad del proceso, pena de muerte y prisión perpetua que ahora se formalizan en la nota 2026-0120.
Macho Coca fue solicitado en extradición por aparentemente liderar una estructura criminal dedicada al acopio y envío de grandes cargamentos de cocaína desde Costa Rica hacia Estados Unidos, entre marzo del 2022 y agosto del 2023.
