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Karla Bolaños Brenes, jefa de Trabajo Social del Área de Salud de Belén-Flores, de la CCSS, quien fue detenida como sospechosa de ejecutar múltiples y millonarias estafas, pasó incapacitada casi dos años, desde enero del 2019 y hasta 21 días antes de su arresto, el pasado 13 de abril.
Esos permisos médicos habrían incidido en el avance de, al menos, uno de los procesos judiciales en su contra. En una causa abierta en el 2023, relacionada con una aparente estafa con una falsa maestría, evitó tres audiencias preliminares y un primer señalamiento de juicio.
Desde el 2019, Bolaños tramitó 59 licencias médicas y, en total, pasó 718 días incapacitada, según datos suministrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ante una solicitud de La Nación.
Eso equivale a que, en promedio, la funcionaria permaneció fuera de sus funciones tres meses al año. Aunque solo en lo que va del 2026, estuvo con licencia médica durante 37 días.
Bolaños gestionó ausencias que van desde uno hasta 30 días. La mayoría de las licencias (16) fueron por 15 días, aunque en tres ocasiones fueron de un mes, de acuerdo con un análisis realizado por este diario.
El Ministerio Público confirmó que existen, al menos, cinco expedientes penales por presuntas estafas contra Bolaños Brenes, ocurridas entre el 2019 y el 2025. Tres de ellos se tramitan en la Fiscalía de Heredia y dos en la de Alajuela.
Freddy Jiménez Peña, abogado de Bolaños, negó que las ausencias de su defendida en las audiencias judiciales, por incapacidad, sea una estrategia legal para aletargar los procesos penales.
“Ella se reportaba enferma y mandaba una incapacidad médica, habría que investigar también la naturaleza de esas incapacidades, porque para que suspendan una audiencia tiene que ser una incapacidad médica comprobada por las autoridades de la Caja”, recalcó Jiménez.
“No es mi estrategia decirle: ‘Vaya, enférmese para que no haya audiencia’. Pero sí presentó varias”, agregó.
Precisó además, que la imputada “de salud no gozaba”, aunque dijo desconocer el origen de sus padecimientos. Indicó que, tal vez, se debía al “estrés que estaba pasando”.
Jiménez también insistió en que, en su compañía, la funcionaria sí acudió a varias audiencias preliminares.
Desde el 20 de abril, este medio solicitó a la Caja una entrevista con el funcionario encargado de vigilar las incapacidades en la institución; sin embargo, a la hora de publicar este artículo no se obtuvo una respuesta.
Con motivo de una de las causas más recientes, la que se tramita bajo el expediente N.° 25-000749-0369-PE, Bolaños permanece en prisión preventiva, bajo la sospecha de que recibió millones de colones de pacientes y allegados, como supuesto adelanto por la compra de una casa que nunca se concretó.
Ocho presuntas víctimas le contaron a una periodista de La Nación que sus timos no se limitan a ese, sino también a la oferta de maestrías, venta de vehículos, supuestas herencias y la necesidad de tratamientos contra el cáncer.
Al menos cuatro ausencias
Una de ellas, quien decidió judicializar su caso en el 2023, contó que Bolaños era su compañera de trabajo. En determinado momento, se presentó como docente de la Universidad Católica de Chile y le ofreció una maestría en esa casa de enseñanza.
A ella le gustó la idea y le entregó $6.000. Sin embargo, la oferta era falsa y, según su relato, nunca le devolvió ese dinero.
Por esa aparente estafa estaba prevista una primera audiencia preliminar para el 29 de febrero del 2024. Pero esta se aplazó porque Bolaños se incapacitó desde el 20 de febrero y hasta el 1.° de marzo de ese año, de acuerdo con los registros de la Caja.
Su ausencia obligó a aplazar la audiencia para el 30 de abril de ese mismo año. Esta vez, Bolaños tramitó un permiso médico ese mismo día, el cual se extendió por cuatro días.
Una tercera cita se programó para el 11 de junio del 2024 y, justo en esa fecha, la funcionaria gestionó una incapacidad de un día.
Tras varios intentos, la causa se elevó a juicio y el inicio del debate estaba previsto para el 16 de febrero del 2026. Nuevamente, la imputada no se presentó.
En esta ocasión, obtuvo una licencia del 13 al 15 de ese mes. Pero también aparece otra del 16 al 17 y luego una más del 18 al 24. Así continuó solicitando permisos. Incluso, figura uno de 14 días a finales de ese mismo mes.
“No quiero conciliar con ella, quiero irme directo a un juicio, pero no es posible que el proceso se siga prorrogando”, aseveró la víctima.
Seis años de espera
En agosto del 2020, otra compañera de trabajo de Bolaños acudió a interponer una denuncia por estafa.
De acuerdo con la denunciante, la trabajadora social le habría sustraído más de ¢25 millones para la adquisición de una vivienda. En su caso, contrario a lo que sucedió con el anterior, Bolaños se ausentó de cuatro audiencias en las que le iban a tomar la declaración indagatoria, alegando situaciones médicas, pero sin presentar justificación formal.
El juicio por esta causa inicia el 13 de julio del 2026, casi seis años después de que la presunta víctima se presentó a la Fiscalía por primera vez.
“(Karla) Se ha burlado de la justicia de una forma monumental”, subrayó la denunciante.
En esa causa, inicialmente, el 12 de mayo del 2022, Bolaños fue citada para declaración indagatoria en la Fiscalía de Heredia, pero para el 9 de setiembre de ese mismo año no se había presentado.
El 16 de ese mes alegó, entre otras cosas, que su ausencia se debía a ataques de ansiedad, problemas con el manejo de emociones y dificultad para mantener un discurso coherente, debido a las “calumnias” que decía enfrentar entonces.
Así lo escribió en un correo personal dirigido al fiscal auxiliar Ricardo Steinvorth y que, según detalló, redactaba una prima suya.
Argumentó entonces que el ataque cibernético a los sistemas de la Caja, ocurrido cuatro meses antes, estaba impidiendo que lograra obtener un dictamen médico para justificar sus ausencias.
Se le citó nuevamente el 3 de marzo del 2023; sin embargo, aunque envió acuse de recibo, no se presentó. Esta vez alegó no recordar la hora de la audiencia y estar en emergencias de un centro médico.
La cita se reprogramó para el 8 de marzo de ese mismo año y tampoco acudió. La supuesta prima explicó a través del correo personal de Bolaños que era “peligroso” que ella acudiera, por sus crisis de salud mental.
Entonces, la audiencia se convocó para el 15 de marzo y, una vez más, esta “prima” dijo que la mujer tenía covid-19, pero tampoco presentó justificación.
La técnica judicial le advirtió a Bolaños que debía presentar un comprobante médico y que, si no acudía a la siguiente cita, enviarían a agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a buscarla.
El 21 de marzo del 2023, casi un año después de la primera convocatoria, Bolaños se presentó. La causa finalmente se elevó a juicio en abril del 2024.
Este medio acreditó que la funcionaria, pese a alegar problemas médicos, no estuvo incapacitada para ninguna de estas convocatorias. Incluso, cuando alegaba estar en centros médicos durante días laborales.
Entre mayo del 2022 y marzo del 2023, cuando decía no poder presentar comprobantes médicos, estuvo incapacitada durante 122 días en diferentes fechas.
“Se rodaba al Poder Judicial de una forma riquísima“, concluyó la víctima.
