Tras la negativa del Ministerio de Hacienda de transferir los fondos aprobados por la Asamblea Legislativa, en octubre de 2024, para financiar 53 nuevas plazas en el Ministerio Público, el fiscal general, Carlo Díaz, advirtió que los casos de violencia de género y delitos sexuales serán de los más afectados.
Al año anterior, cada fiscal auxiliar encargado de esta materia atendió 866 expedientes y el tiempo de resolución, en promedio, alcanza los 12 años.
La decisión de no girar los fondos la comunicó en julio el entonces ministro de Hacienda y actual candidato a diputado Nogui Acosta.
Según explicó el jerarca del Ministerio Público, los pocos fiscales especializados deberán seguir asumiendo el aumento de expedientes en esta materia, sin el refuerzo presupuestario aprobado por los diputados.
Entre esos expedientes figuran infracciones a la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, que sanciona delitos como femicidio, maltrato, restricción de tránsito, ofensas a la dignidad, violación y violencia patrimonial, entre otros.
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“Una de las materias a las que se iba a dar más énfasis era la violencia de género (...) Esto iba a ser para nosotros muy importante, porque íbamos a atender una de las delincuencias que también nos está causando mucho daño como sociedad”, indicó Díaz a La Nación.
Las denuncias por estos delitos han mostrado un aumento sostenido. En 2022, el Ministerio Público recibió 34.637 denuncias, cifra que en 2024 ascendió a 42.643. Al 30 de junio de este año, ya se contabilizaban 21.668.
De acuerdo con Díaz, la carga laboral para resolver estos casos es extenuante. Por ejemplo, el año anterior, de los 493 fiscales auxiliares activos en todo el país, solo 40 atendieron materia de género, lo que se traduce en 866 expedientes por cada uno de ellos, según informó la Fiscalía.
“No podríamos cumplir con el principio constitucional de justicia pronta y cumplida. (...) Es una materia que nosotros no podemos descuidar y que está siendo atendida actualmente con muy poco personal”, afirmó.
El último Estado de la Justicia, divulgado en junio por el Programa Estado de la Nación (PEN), alertó que la duración de los procesos judiciales en casos de delitos sexuales supera, en promedio, los 4.000 días.
El delito de tentativa de violación es el que más tarda en ser resuelto por juzgados y tribunales penales, con un promedio de 4.383 días entre ambas instancias, es decir, cerca de 12 años desde la acusación hasta la sentencia final.
“Van a tener que atrasarse mucho más este tipo de asuntos”, advirtió Díaz.
53 plazas pendientes
Mediante un oficio enviado el 24 de julio al despacho del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, el Ministerio de Hacienda comunicó que no entregarán los recursos para financiar las plazas en el 2025, ni en el 2026, debido a la situación económica que atraviesa el país y a las limitaciones de recursos.
El entonces ministro de la cartera, Nogui Acosta, afirmó que los puestos no fueron contemplados por el Poder Judicial en el anteproyecto de presupuesto del 2026, el cual fue entregado a finales de mayo del presente año.
No obstante, la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, confirmó a La Nación que la institución no incluyó las plazas porque el Ministerio de Hacienda nunca asignó los recursos ni los códigos necesarios para incorporarlas al plan de gastos.
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Desde que el Congreso aprobó el presupuesto para los puestos, hasta que Hacienda envió en julio el oficio confirmando que no giraría los recursos, la cartera ya había rechazado, en al menos tres ocasiones, las solicitudes de financiamiento para asignar las plazas al Poder Judicial.
El 2 de octubre del 2024, tanto el director del OIJ, Randall Zúñiga, como el fiscal general afirmaron tener un déficit de 1.450 funcionarios.
En consecuencia, el 16 de octubre del 2024, los diputados aprobaron tomar recursos de la partida prevista por el gobierno para pagar intereses de la deuda interna en el Presupuesto Nacional 2025 y destinar ¢14.408 millones al fortalecimiento de los cuerpos policiales y judiciales.
De ese monto, ¢9.346 millones correspondían al Ministerio Público para la asignación de 75 nuevos puestos y al OIJ para contratar 255 funcionarios. El dinero restante se asignó al Ministerio de Seguridad para generar 220 plazas.
Sin embargo, a menos de dos meses de cumplirse un año desde la aprobación del presupuesto, el Poder Judicial únicamente logró asignar el 26% de las plazas previstas.
Esto se dio mediante un único giro de recursos autorizado por Hacienda en marzo, tras el primer asesinato de un agente del OIJ a manos del sicariato.
Ese desembolso permitió la creación de 22 de los 75 puestos presupuestados, lo que significa que 53 no recibieron financiamiento por parte del Ministerio de Hacienda.
Entre los puestos contemplados por el Ministerio Público, según informó el fiscal general, 23 vacantes serían para fiscales y 17 plazas para fiscales auxiliares y sus respectivos técnicos, estos últimos especializados en materia de género. Sin embargo, en este último caso, únicamente se aprobaron 10 plazas de cada uno.
Como consecuencia, afirmó Díaz, al menos siete fiscalías presentan deficiencias para atender casos de violencia.
Este medio solicitó declaraciones al Ministerio de Hacienda desde el 20 de agosto y reiteró la consulta el 25 del mismo mes. Al cierre de esta nota, no se recibió respuesta.