Los procesos judiciales relacionados con delitos sexuales y violencia contra las mujeres muestran demoras significativas que ponen en entredicho la capacidad de respuesta del Poder Judicial frente a estos hechos. Así lo revela el nuevo Informe Estado de la Justicia, divulgado este miércoles, que expone una acumulación sostenida de casos y una baja proporción de juicios efectivos.
En el 2022, el Ministerio Público recibió 34.637 denuncias por delitos sexuales y por infracciones a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Al sumar los expedientes tramitados por la jurisdicción de violencia doméstica, los casos superan los 80.000 por año, lo que evidencia una alta demanda hacia el sistema judicial en esta materia.
No obstante, el tiempo que toma resolver estos procesos puede ser extraordinariamente alto. En delitos sexuales, el promedio supera los 4.000 días. El caso más extremo es el de tentativa de violación, con un tiempo estimado de 4.383 días, lo que equivale a casi 12 años desde la presentación de la acusación hasta la sentencia final en un tribunal penal.
“Las prolongadas duraciones de los procesos judiciales afectan negativamente los derechos de las víctimas y de los imputados. En los casos de violencia contra las mujeres, este periodo de espera repercute en la integridad física y mental de la víctima, por cuanto está expuesta a la reiteración de la violencia mientras se procesa y sanciona al agresor”, advierte el informe.
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Ante los señalamientos del informe, en el Poder Judicial resaltan que se han impulsado múltiples acciones para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia como el protocolo de atención integral en las primeras 72 horas tras una violación, la creación de equipos de respuesta rápida y la expansión de los Comités Locales de Alto Riesgo (CLAIS). Además, se promovió la ley que permite los anticipos de prueba jurisdiccional en casos de violencia contra las mujeres, herramienta que ayuda a evitar la revictimización y preservar pruebas ante la duración de los procesos penales.
“.. se reconoce el esfuerzo por reducir atrasos mediante tribunales penales itinerantes y el fortalecimiento de la Fiscalía de Género, que cuenta hoy con su mayor número histórico de plazas. Sin embargo, la sobrecarga persiste, lo que requiere no solo acciones judiciales, sino también una mayor inversión estatal y voluntad política articulada entre los poderes públicos”, indicó la oficina de prensa del Poder Judicial ante consultas de La Nación.
Casos se quedan en el camino
A esto se suma que, pese al elevado número de denuncias, solo una baja proporción de los casos avanza hasta juicio. Entre el 2019 y el 2022, las fiscalías concluyeron 23.587 expedientes de los delitos analizados, pero únicamente el 13% tuvo apertura de juicio.
La mayoría de los casos no superan la etapa preliminar; un 80% terminaron en desestimaciones y sobreseimiento definitivo.
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La razón más frecuente para el cierre anticipado de los casos fue la falta de pruebas, lo que impide contar con suficientes elementos de prueba para dar continuidad a la solicitud de apertura a juicio.
De un total de 2.720 casos vinculados a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y a delitos sexuales en el año 2022, la Fiscalía fundamentó la requisitoria de sobreseimiento por falta de pruebas en 2.172 expedientes.
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El informe concluye que la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres, canalizados a través del Ministerio Público, no concluyen la etapa preparatoria con una acusación.
Además, existen diferencias según la sede. En el 2022, las fiscalías territoriales lograron llevar al menos el 20% de los casos a la etapa de juicio, mientras que la Fiscalía Adjunta de Género, con sede en San José, alcanzó solo un 16%.
Lo anterior quiere decir que, de 100 denuncias presentadas en delitos de violación, femicidio o maltrato, solo 16 presentan una apertura a juicio y con ello una sentencia de un tribunal penal.
Importancia de la prueba pericial
Un muestreo de expedientes permitió identificar que los casos con prueba pericial tuvieron más posibilidades de continuar a la etapa de juicio. De los 283 expedientes tramitados por el Juzgado Penal, poco más del 60% contaba con algún tipo de prueba pericial incorporada.
En contextos de violencia contra las mujeres y violencia sexual —donde los hechos suelen ocurrir en espacios privados y sin testigos presenciales—, la incorporación de prueba técnica especializada adquiere una relevancia central.
Valoraciones psicológicas o psiquiátricas forenses, análisis toxicológicos y estudios de marcadores genéticos, entre otros, pueden constituirse en elementos clave para respaldar el testimonio de la víctima, especialmente en casos donde no existen otros medios probatorios disponibles.
La disponibilidad de estas pruebas no solo fortalece la acusación en términos jurídicos, sino que también tiene implicaciones en el plano emocional y simbólico para las víctimas.
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La percepción de que no se cuenta con pruebas suficientes o que su relato podría ser desestimado puede convertirse en un factor disuasorio para denunciar o continuar con el proceso penal. Contar con respaldo pericial reduce este riesgo externo y puede incrementar la confianza en el sistema judicial.
En los casos que llegan al Tribunal Penal, la ausencia de prueba pericial o de testigos adicionales tiene un impacto notable en los resultados del juicio. Cuando el proceso se sostiene únicamente en el testimonio de la víctima, las estadísticas muestran que solo el 50% de estos casos finaliza con una sentencia condenatoria.
Obstáculos para superar el silencio
El acceso efectivo a la justicia para las mujeres no comienza con la presentación de una denuncia formal; es apenas una etapa dentro de un proceso más amplio y cargado de barreras previas. Así lo indica el informe, a partir de información recopilada mediante talleres de consulta con especialistas y actores del sistema judicial.
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Entre los obstáculos más señalados antes de llegar al ámbito judicial, figuran la presión social y familiar para no denunciar, el aislamiento geográfico de comunidades vulnerables con difícil acceso a oficinas judiciales, y la ausencia de asesoría legal gratuita que oriente a las víctimas en el complejo entramado del proceso penal. Estas condiciones generan desigualdades sustantivas en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva.
A ello se suma un elemento estructural de desconfianza institucional. Algunas mujeres prefieren no acudir al Poder Judicial debido a percepciones —y experiencias— de trato discriminatorio o revictimizante. En su lugar, optan por estrategias más inmediatas, como acudir a la policía para detener la agresión, pero sin iniciar procesos penales formales.
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Tardanza en la denuncia
Los datos también reflejan cómo estos obstáculos tienen un impacto directo en los tiempos para interponer la denuncia. En promedio, transcurren 100 días desde el hecho violento hasta que se inicia el proceso judicial. Este tiempo puede extenderse significativamente: en 15 casos analizados, la espera superó el año y, en uno de ellos, la denuncia se presentó más de 10 años después (3.711 días).
El tipo de delito también influye en la rapidez de reacción. Los casos de maltrato físico o psicológico tardan, en promedio, 174 días en judicializarse, mientras que, en las violaciones, ese tiempo se reduce a 32 días. Este patrón sugiere que la percepción de la gravedad del hecho puede actuar como un factor movilizador, aunque el informe reconoce la necesidad de profundizar en estudios con víctimas para comprender mejor estas dinámicas.
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El análisis del perfil de las partes involucradas en los casos de violencia contra las mujeres reveló que los resultados tienden a ser más desfavorables cuando la persona imputada o la víctima es de nacionalidad nicaragüense.
También, se identificaron posibles efectos asociados a la edad y al nivel educativo de las partes involucradas. Sin embargo, el informe aclara que estos hallazgos deben considerarse como exploratorios, ya que la base de datos presenta limitaciones importantes: muchos expedientes carecen de información completa sobre las condiciones socioeconómicas de las personas implicadas.