Cerca de 736 millones de mujeres, lo que equivale a una de cada tres en todo el mundo, experimentaron violencia física o sexual en algún momento de sus vidas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Solo en Costa Rica, en lo que llevamos del año se registran 1.422 denuncias por violación, lo que equivale a un promedio de seis casos al día.
Estas agresiones pueden implicar un contacto sexual que, además del impacto psicológico, puede resultar en transmisión de enfermedades o embarazos no deseados para la víctima.
Con el propósito de prevenir estas situaciones, en Costa Rica existe el Protocolo interinstitucional de atención integral a personas víctimas de violación sexual en las primeras 72 horas de ocurrido el evento, también conocido como Protocolo de las 72 horas.
Este protocolo, desarrollado por el Poder Judicial y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), implica una serie de medidas interinstitucionales, en las cuales profesionales especializados de diversas entidades brindan atención médica, antivirales, anticonceptivos de emergencia y asistencia para presentar la denuncia correspondiente, incluyendo transporte si fuera necesario.
Su implementación abarca todas las provincias del país; sin embargo, no todas las comunidades disponen del equipo necesario para su ejecución. Por lo tanto, es común que en ciertas localidades, las víctimas deban ser trasladadas a las áreas más céntricas de la provincia, donde están ubicados los equipos necesarios.
Activación del Protocolo de las 72 horas
Es importante entender que este protocolo es exclusivo para víctimas de violación sexual, independientemente de si la víctima es hombre, mujer, menor o adulto. Solo se aplica cuando la agresión involucra contacto pene-vagina, pene-ano o pene-boca.
Para facilitar los análisis médicos y judiciales, se requiere que una vez ocurrido el delito, la víctima de violación utilice un protector genital diario, evite bañarse, orinar, fumar, consumir alcohol, cepillarse el cabello o los dientes, y mantenga su ropa sin cambios. Si la víctima se cambió, es fundamental guardar las prendas en una bolsa de papel para su posterior análisis por las autoridades.
Simultáneamente, la víctima debe denunciar el incidente y buscar ayuda a través del número de emergencias 911, en el servicio de emergencias de un hospital o en la oficina del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o del Ministerio Público más cercano al lugar de los hechos.
Dentro de las 72 horas posteriores a la violación, si la víctima se encuentra en una instalación médica o reportó el incidente a las autoridades, se activará automáticamente el Protocolo de las 72 horas. El Equipo de Respuesta Rápida para Víctimas de Violación (ERRVV) más cercano se encargará de brindar la atención necesaria.
Los miembros de este equipo provienen de diversas áreas dentro del Poder Judicial y la CCSS.
Dos escenarios para la activación del Protocolo
Existen dos posibles escenarios para la activación del Protocolo de las 72 horas. En el primero, la víctima recibe atención médica en un centro de salud o llega por sí misma a un centro médico.
En este caso, los profesionales del centro de salud realizarán una evaluación inicial y notificarán al ERRVV. A continuación, el Equipo se desplazará al centro médico, mientras que los especialistas en salud mental brindarán la intervención en crisis, una técnica psicológica orientada a favorecer la recuperación de la víctima tras un suceso impactante.
En el segundo escenario, la víctima se presenta ante la instancia judicial. Aquí, el fiscal a cargo determinará si se aplica el Protocolo y activará el Equipo en caso afirmativo.
Si la salud de la víctima y el tiempo transcurrido lo permiten, el caso pasará a la instancia judicial antes del traslado al hospital. En caso contrario, la víctima será primero llevada al hospital y luego se continuará con las diligencias judiciales.
En ambos escenarios, una vez activado el protocolo, la víctima brindará su declaración y recibirá medicamentos antirretrovirales para el HIV/SIDA, sífilis, gonorrea, clamidia, hepatitis B y otras enfermedades de transmisión sexual. Las mujeres en riesgo de embarazo recibirán anticonceptivos de emergencia.
Además, se llevarán a cabo pruebas médico-forenses inmediatas para respaldar la investigación judicial y el proceso penal. Es relevante mencionar que la atención médica se proporcionará a la víctima de violación sexual, independientemente de si presentó una denuncia, su estado migratorio o su cobertura médica.
Jeannette Arias, jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, aseguró a este medio que gracias al Protocolo se establecieron 20 equipos ERRVV en todo el país y 14 unidades médico forenses fuera de Heredia, donde se encuentra la Medicatura Forense. Además, se brindan antirretrovirales en 16 hospitales del país.
“Antes del Protocolo, las víctimas debían ser trasladadas a Heredia desde cualquier parte del país para el examen médico forense y al Hospital Calderón Guardia para los antirretrovirales”, explicó Arias.
Otro logro del Protocolo es un incremento del 46% en la obtención de evidencia de ADN en casos de violación desde su implementación. “Esta es una herramienta fundamental para identificar a violadores en serie. Cuanta más evidencia, más posibilidades de identificar al agresor”, afirmó Arias.
Un proceso que evita la revictimización
Según Arias, el Protocolo de las 72 horas también busca prevenir la revictimización. Por eso, se toma una única declaración con el objetivo de minimizar el impacto en la persona afectada.
Adicionalmente, cuando la denuncia se presenta en una instalación del Poder Judicial, las declaraciones se toman en una cámara Gesell. Esta sala cuenta con una pared divisoria con un vidrio unidireccional que permite observar lo que ocurre dentro sin que la víctima vea a quienes están afuera.
Este enfoque permite que jueces, defensores, fiscales, psicólogos y trabajadores sociales observen las declaraciones de la víctima sin que esta se sienta observada. Además, permite grabar las declaraciones y comportamientos para evitar repeticiones posteriores.
De coordinación voluntaria a ley
El Protocolo de las 72 horas no es nuevo; de hecho, las primeras acciones entre el Poder Judicial y la CCSS se iniciaron en el 2008 y en el 2011 se oficializó y publicó el mecanismo.
Sin embargo, el 8 de marzo pasado, en el Día Internacional de la Mujer, la Comisión de Género del Poder Judicial, bajo la coordinación de la magistrada Roxana Chacón, presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa. El objetivo es convertir el Protocolo de las 72 horas en una ley.
“Queremos que el protocolo se convierta en ley para garantizar su protección y hacer que todas las entidades estén obligadas a brindar apoyo, incluyendo los antirretrovirales. Hasta ahora, ha funcionado mediante una coordinación voluntaria durante más de 15 años”, detalló Chacón en una entrevista con La Nación.
En el 2021, se atendieron 497 casos de violación bajo el amparo del Protocolo de las 72 horas; de estos, 256 afectaron a menores de edad, mientras que 241 involucraron a adultos.
Durante el 2022, se brindó asistencia a 470 víctimas de violación mediante el Protocolo de las 72 horas. De este grupo, 229 eran menores y 241 eran adultos.
Hasta junio del 2023, se contabilizaron 283 casos a través del Protocolo de las 72 horas. De esta cifra total, 168 correspondieron a menores de edad y 115 a adultos.
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