Las causas por delitos sexuales cometidos por menores de edad se duplicaron en los últimos cuatro años. Mientras en el 2020 hubo 1.116 denuncias, la cifra subió a 2.422 en el 2023, un crecimiento del 117% en ese periodo, según las estadísticas de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.
En la lista de delitos, los más frecuentes son los abusos sexuales contra personas menores de edad o incapaces, que pasaron de 509 en el 2020, a 624 en el 2021; se duplicó en el 2022, hasta alcanzar 1.288 denuncias y cerró el 2023 con 1.338 casos.
Le siguen las relaciones sexuales con menores de edad, que pasaron de 240 a 468 en el mismo periodo y las violaciones, que crecieron de 201 a 265 en ese cuatrienio. Uno de los delitos que más aumentó fue la difusión de pornografía, que creció un 128% al pasar de 88 causas en el 2020 a 201 en el 2023.
Todos estos delitos podrían implicar una pena de internamiento para el menor de edad, pues la Ley Penal Juvenil la impone cuando el infractor comete delitos dolosos sancionados en el Código Penal o leyes especiales, para mayores de edad, con pena de prisión superior a seis años.
También hubo aumentos en los delitos que comenten los jóvenes en perjuicio de mujeres. Especialmente el incumplimiento a las medidas de protección, el maltrato, las amenazas y las ofensas a la dignidad, todos tipificados en la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer.
Patricia Vargas, magistrada de la Sala de Casación Penal y coordinadora de la Subcomisión Penal Juvenil, atribuyó este incremento a factores como la inmadurez, la impulsividad y la escasa capacidad de contención de los menores de edad. “Son personas que tienen una menor capacidad reflexiva (...). Pueden ser un poco más espontáneos en las conductas que cometen”, afirmó.
Por ejemplo, el incumplimiento de medidas de protección, que en 2023 registró 85 casos, casi el doble de los expedientes abiertos en el 2020. Según Vargas, este es el único delito de la Ley que contempla víctimas distintas a mujeres o parejas de los agresores. “Podría ser un hijo con un padre o madre (...). Incluso también podrían ser supuestos relacionados con violencia doméstica”, explicó.
Orígenes y acciones necesarias
Sobre las causas de este fenómeno, Vargas señaló que todos estos aumentos están relacionado con el impacto de la pandemia de Covid-19, el apagón educativo y la falta de oportunidades para que los menores eviten caer en conductas delictivas. “Esto va de la mano con un aumento de ciertos fenómenos de criminalidad que son cada vez más complejos, como la delincuencia organizada”, afirmó.
Por su parte, la criminóloga Gaudy Gutiérrez enfatizó que los menores que crecen en hogares donde están expuestos a violencia pueden normalizar estas conductas y adoptarlas como una forma de resolver conflictos.
“El contenido violento o sexista que existe en los medios de comunicación o, por ejemplo, en los videojuegos, podría jugar un papel predominante para la alteración de los comportamientos de los jóvenes o la pérdida de sensibilización porque podrían estar visualizando escenarios donde se modelan conductas agresivas hacia mujeres que son aceptadas”, indicó.
Las denuncias por abusos sexuales en perjuicio de menores de edad e infracciones a la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer cometidas por menores de edad registraron un aumento de 202o a 2023. Foto con fines ilustrativos. (champja/Getty Images/iStockphoto)
Gutiérrez subrayó la falta de programas efectivos de prevención y apoyo para la infancia y adolescencia en riesgo, particularmente en zonas de alta violencia.
“Considero vital abordar esta situación desde temprana edad para evitar que se constituyan ciclos de violencia que se continúen desarrollando de generación en generación”, comentó. Además, resaltó la importancia de intervenir en las primeras señales de alerta para evitar que los menores normalicen conductas violentas.
“La intervención temprana permite que los jóvenes en formación puedan moldear su comportamiento, reforzando valores de respeto, empatía e igualdad de género”, añadió.
También abogó por la rehabilitación de menores que ya iniciaron conductas agresivas, esto con métodos saludables para resolver conflictos y manejar la frustración. Según Gutiérrez, estas acciones podrían implementarse en centros educativos con personal capacitado.
Femicidios cometidos por menores
En 2021 se registró un femicidio cometido por un menor de edad, mientras que en 2023 la cifra aumentó a dos. Aunque estos casos no son comparables con los femicidios cometidos por adultos, a magistrada Patricia Vargas destacó la urgencia de educar desde la infancia para prevenir futuros actos de violencia.
“Tratándose de los derechos de las mujeres, del tema de la violencia contra la mujer, hay un tema que es esencial y que pasa por la educación, de que como sociedad reconozcamos a las mujeres y reconozcamos sus derechos”, señaló la magistrada.
También reflexionó sobre los desafíos de superar una sociedad patriarcal. “Para nadie es un secreto que somos una sociedad que todavía tiene mucho camino por delante en ese campo”, aseveró.
Vargas concluyó que, si bien las leyes son útiles para promover cambios, la educación es el pilar fundamental. “Hay una deficiencia en el ámbito de lo educativo. Hay que hacer una transformación en la educación para que los niños, las niñas y los adolescentes aprendan no solo a respetar los derechos de las mujeres, sino que ellas aprendan también a entenderse como sujetos de derecho”, finalizó.
