La gran mayoría de las denuncias por violencia contra las mujeres quedan impunes en Costa Rica. Solo un pequeño porcentaje logra llegar a juicio y, de esa reducida cifra, un porcentaje mucho menor concluye en una condenatoria.
Esta realidad fue señalada por una investigación del Informe Estado de la Justicia, del Programa Estado de la Nación, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a partir de datos del Poder Judicial.
Entre 2019 y 2022, de 56.421 expedientes cerrados por femicidio, tentativa de femicidio, violación y maltrato contra mujeres, el 14% (7.899) llegaron a los tribunales y solo un 5% (2.633) terminó en una sentencia contra el agresor.
¿A qué obedecen estos porcentajes tan bajos? Para Evelyn Villarreal, investigadora del Informe Estado de la Justicia, las mujeres que denuncian enfrentan varias barreras para lograr justicia.
Villarreal es autora del blog Ante la alarmante situación de los femicidios en Costa Rica ¿Cómo puede mejorar la respuesta el Poder Judicial?
Dicho espacio revela los resultados de la investigación sobre casos de delitos frecuentes contra mujeres. El estudio señala que muchos de estos casos terminan en la etapa preliminar, antes de llegar a juicio en un tribunal penal.
La gran mayoría, afirmó Villarreal, acaban desestimados y un porcentaje pequeño, con sobreseimientos.
La especialista comentó que mediante un muestreo de los expedientes abiertos entre 2019 y 2022 se analizó la ruta que estos siguen en el sistema judicial y se detectaron una serie de riesgos que inciden en la impunidad.
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Factores que aumentan la impunidad
Para la investigadora Evelyn Villarreal, uno de los principales factores que genera riesgos de impunidad en el caso de denuncias de violencia contra mujeres es el hecho de que la víctima tenga que enfrentar sola el proceso, sin asesoría legal ni acompañamiento psicológico o de trabajo social que le permitan empoderarse.
“El imputado y sospechoso sí tiene defensa pública, es parte de sus garantías, pero la víctima no. Tendría que pagar por sus propios medios un abogado privado”, explicó.
Villarreal comentó que en el pasado el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) tuvo un programa exitoso para ofrecer apoyo legal a las afectadas, pero ya no existe. La Nación consultó a la entidad por qué se cerró la iniciativa y si se planea implementar otra similar, pero al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.
Amanda Segura, abogada especializada en temas de violencia contra la mujer, comentó que si bien se cree que la Fiscalía representa a las mujeres víctimas de violencia, eso no es cierto.
“La Fiscalía representa el poder del Estado de castigar (...). No representa a nadie”, aseveró y reafirmó que las mujeres que no pueden pagar un abogado, deben seguir su proceso en solitario.
Villarreal agregó que la falta de asesoría legal genera otro riesgo que es el de la desinformación. Indicó que las denunciantes suelen desconocer en qué etapa se encuentra el proceso y los pasos a seguir, además de que el lenguaje jurídico tiende a ser muy técnico, lo cual representa una barrera.
“Otro riesgo importante es la duración de los procesos, toman mucho tiempo. En el caso de violaciones estamos con un promedio de cinco años para que el caso llegue a la primera resolución. En ese tiempo las víctimas se desaniman, pierden interés o pasan página”, lamentó la investigadora.
Un riesgo adicional está relacionado con la labor probatoria, pues muchos casos llegan a juicio únicamente con el testimonio de la víctima como prueba. Entonces, si el proceso se tarda y la mujer denunciante no se presenta, el caso se cae, afirmó.
“Lo de la labor probatoria es muy complejo, hablamos tanto del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), encargado de levantar la investigación, como de la Fiscalía, que es la que dirige la investigación y pide pruebas. Encontramos casos donde se le daba responsabilidad a la víctima de buscar prueba”, señaló la investigadora.
De acuerdo con una revisión hecha por el Informe Estado de la Justicia a 300 expedientes, había anotaciones de que “la víctima no presentó videos” o que “no trajo el celular para sacar los chats”. Para la investigadora esto no tiene por qué ser responsabilidad de la denunciante.
También hallaron que de todos esos expedientes, solo en dos casos el proceso se detuvo porque la víctima no se presentó. Para Villarreal, lo anterior indica que el alegato de que las mujeres desisten es un mito.
“La mayoría de casos que se desestiman o que prescriben es porque el agresor, o sospechoso, se dio a la fuga. Algunos son extranjeros y se devuelven a su país. No es la víctima la que desiste, por lo menos no en los casos que vimos”, aseveró.
La Nación envió consultas al Poder Judicial sobre las razones que provocan que este tipo de causas no lleguen a juicio. Al cierre de esta información no se obtuvo respuesta.
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El largo camino hacia una sentencia
El camino que deben seguir las mujeres que sufren violencia de género para obtener justicia no es sencillo ni breve.
Amanda Segura, de la firma Guaria Legal, recordó un caso en el que ni siquiera la condición de alta vulnerabilidad de las víctimas hizo que el proceso fuera menos engorroso.
La abogada defendió a mujeres con discapacidad psicosocial que sufrieron violación. “A pesar de que los tribunales saben eso, te tenés que esperar cuatro años para un juicio”, lamentó.
Indicó que los hechos ocurrieron hace más de una década. La primera de las mujeres denunció en el 2017 a su violador y en el 2019 lo hicieron otras muchachas. No obstante, según relató, no fue hasta este año que se realizó el juicio correspondiente.
Sin embargo, el tormentoso proceso no acabó ahí, pues la sentencia fue apelada porque no incluyeron los hechos.
“Ya la Fiscalía había durado, la audiencia la hicimos en el 2021 y hasta el 2025 hicimos el juicio. Imagínese cómo llega una persona a la que le pasó eso hace 12 años. 12 años esperando que pase algo para que después los jueces hagan mal la sentencia. Es terrible”, señaló Segura.
Para la especialista, el Estado le está fallando a las mujeres víctimas de violencia de género.
Consideró que la deuda no solo se circunscribe a la prevención de conductas violentas y la atención de las afectadas, sino que también abarca la penalización de quien cometa estos actos.
“Costa Rica firmó la convención de Belém do Pará, que manda no solo a prevenir y a informar; manda a castigar. El Estado les falla absolutamente, no hay un acceso real a la justicia para todo el mundo. (...). Más ahora que tenemos un gobierno que legitima y promueve la violencia contra las mujeres; más bien empodera a todo el mundo”, aseveró la abogada.
Para la investigadora Evelyn Villarreal, las mujeres víctimas de violencia merecen una mejor respuesta de parte del Poder Judicial.
“Con la publicación en el blog, presentamos una parte crítica, pero también de construcción de mejoras.
“Quisimos enfatizar en mejoras, incluso son mejoras que no necesitan normativa nueva, son temas de gestión que necesitamos mejorar”, señaló el pasado 13 de marzo, día en que el país registró la doceava víctima de femicidio en lo que va del presente año.
Según el blog, el número de femicidios de los últimos años constituye solo la punta del iceberg de la violencia contra las mujeres, pues este es el delito que se reporta de inmediato y el más visible mediáticamente.
Allí se indica que solo en el 2022 ingresaron 32.194 denuncias por delitos sexuales y violencia contra la mujer al Ministerio Público. “Si a esta estadística se le suma la jurisdicción de violencia doméstica, los casos alcanzan más de 77.000 por año”, señala.
Tras el análisis de la situación, el Estado de la Justicia planteó una serie de recomendaciones al Poder Judicial para brindar más apoyo a las mujeres que denuncian ser víctimas de violencia. Las principales son:
- Crear una ruta de denuncia amigable.
- Mejorar la comunicación durante todo el proceso.
- Dar acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes.
- Ampliar cobertura de programas para mujeres.
- Aplicar protocolos de investigación con perspectiva de género para las policías.
- Fortalecer la Fiscalía Adjunta de Género.