Once mujeres perdieron la vida por su condición de género en los primeros dos meses del presente año.
La cifra sobrepasa todos los promedios registrados en los últimos 10 años, cuando el número de víctimas llegó a alcanzar como máximo 5 en dos meses. En ese periodo, el año en que se registró un mayor número de femicidios fue el 2020, cuando hubo 30 crímenes de este tipo, es decir, 2,5 por mes.
Al incremento en femicidios se suma también el crecimiento de las denuncias por violencia doméstica y delitos sexuales, las cuales también muestran aumentos sostenidos en la última década.
En el caso de las denuncias ingresadas por violencia doméstica, las cifras pasaron de 48.485 en el 2015 a 53.702 en el 2024; siendo el 2020, cuando el mundo atravesó la pandemia por covid-19, el año con mayor cantidad de casos (54.011).
LEA MÁS: Femicidios recientes demuestran supremacía que ejercen los hombres sobre sus víctimas
En medio de un escenario cada vez más complejo, autoridades del Poder Ejecutivo se lavan las manos atribuyéndole toda la responsabilidad al Poder Judicial, mientras expertas atribuyen la crisis al debilitamiento institucional de los mecanismos de atención, la violencia exacerbada en todos los ámbitos y la normalización de discursos de odio en contra de las mujeres.
Violencia machista sin tregua
Aumento sostenido
FUENTE: Observatorio de Género Poder Judicial || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Para Larissa Arroyo, abogada especialista en derechos humanos, género e inclusión, las cifras de femicidios registradas este año evidencian la grave situación que vive el país en materia de violencia en contra de las mujeres.
“El femicidio es un crimen de odio, el crimen de odio no es solo en contra de la víctima y su familia, sino en contra de toda la población a la cual esa mujer pertenece, porque tiene un efecto aleccionador: ‘Si usted no cumple ese mandato de lo que se supone que debe acatar, si busca la autonomía, la libertad, esto es lo que le puede pasar a usted’”, comentó la jurista.
Arroyo sostuvo que, además, cada oleada de femicidios viene acompañada de otros tipos de violencia. De hecho, este año se registraron más de 100 homicidios en los primeros dos meses del año.
“Eso se suma a discursos violentos y de odio por parte de las autoridades. Cuando una autoridad tiene un discurso de odio, lo que hace es naturalizar ese tipo de violencia. Si yo veo una figura de autoridad con ese tipo de conducta, en mi mente se convierte en una cosa normal”, agregó la experta, aunque aclaró que esta no es la única causa.
La abogada también citó como ejemplo la eliminación de las guías para la afectividad en la educación pública. A su criterio, esta medida afectará a largo plazo a las mujeres que hoy son jóvenes, exponiéndolas a maternidades no deseadas, que podrían afectar sus proyectos de vida y, por ende, repercutir en su autonomía.
LEA MÁS: Estas son las implicaciones de la eliminación del programa de Educación Sexual
Asimismo, señaló la falta de acceso a la justicia de parte de las víctimas de violencia, en casos donde las mujeres no tienen una representación legal especializada, como sí lo pueden tener sus agresores.
“De qué me sirve denunciar si el sistema de justicia no me responde, no me acompaña, no tengo representación legal. Si la policía, cuando llamo y tengo riesgo, no responde, cuando hay una crítica a que las políticas públicas no vengan con un enfoque de derechos humanos.
“Tiene que haber un fortalecimiento del Inamu (Instituto Nacional de la Mujer) porque es la instancia rectora. La crítica no es a la institucionalidad, es a la activación de esa institucionalidad que ha venido tomando decisiones que no han sido efectivas”, apuntó Arroyo.
Por su parte, Fannella Giusti, directora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional (UNA), criticó la falta de inversión estatal para erradicar las distintas formas de violencia que enfrentan las mujeres.
“Eso incluye poder apostar por una educación hacia un cambio, donde se logren desnaturalizar esas formas de violencia, que se generen fuentes de empleo. Porque teniendo autonomía, las mujeres pueden tomar decisiones y contar con redes de cuido para que puedan profesionalizarse o capacitarse”, señaló.
LEA MÁS: ¿Puede un femicidio desencadenar otros? Expertos analizan la seguidilla de crímenes
A su criterio, el aumento en la violencia está asociado con el debilitamiento de atención y prevención desde el Inamu. También coincidió en que se ha venido modelando un tipo de masculinidad donde se legitiman conductas machistas y politizan los derechos de las mujeres.
“Costa Rica tiene muchas leyes para la atención de la violencia; el problema radica en la interpretación de las personas que están aplicando esas leyes. Es importante que las personas que trabajan logren desmitificar situaciones de violencia, ahí lo que está fallando es la institucionalidad”, aseveró.
Con lo anterior coincidió el abogado penalista Alfonso Ruiz Ugalde, quien insistió en que el problema de la violencia contra las mujeres no se soluciona aumentando las penas.
“Tenemos en el país penas suficientemente altas para que los delincuentes piensen, antes de cometer el ilícito, si quieren enfrentarse a una pena de prisión de muchos años. Pero la alta criminalidad o los castigos ejemplarizantes no han sido la solución”, manifestó.
Para el litigante, es necesario trabajar en educación, en principios y valores. Educar a niños y niñas por igual.
“Que las niñas sepan que van a ser respetadas, que nadie está autorizado, ni siquiera de forma graciosa, a robar un beso o una caricia. Tenemos que trabajar con los niños en las escuelas, en los hogares, en las iglesias, en las conferencias, para que aprendan a valorar y respetar, pero no con la cosificación”, afirmó.
El pasado miércoles, durante la usual conferencia de prensa del mandatario Rodrigo Chaves, la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, aseguró que se buscaba “politizar” el tema de la violencia en contra de las mujeres.
En ese mismo acto, el gobierno presentó una serie de estadísticas sobre supuestas absolutorias e impunidad en casos de violencia doméstica y tentativas de femicidio; sin embargo, no se presentó ninguna estrategia o acción para hacerle frente al problema.
Los ‘red flags’ de una relación abusiva
Las especialistas consultadas consideran esencial entender que existen múltiples manifestaciones de violencia, y que no es necesario llegar a las agresiones físicas para buscar ayuda.
Fannella Giusti indicó que el agresor siempre va a utilizar tres estrategias para tener el control y el dominio: 1. Minar o debilitar su confianza y seguridad personal por medio de insultos, descalificaciones, comparaciones o amenazas. 2. Asegurar la dependencia económica y/o emocional de la víctima. 3. Aislarla de familiares o amigos o de cualquier ayuda profesional que pueda hacerle ver la situación en la que se encuentra para evitar que rompa el círculo de violencia.
En cuanto a señales de alerta que pueden evidenciar que la persona está ante una situación de riesgo o en una relación que puede volverse abusiva, detallaron las siguientes:
– Prohibirle trabajar, estudiar o cualquier cosa que signifique autonomía financiera.
– Prohibirle elegir o utilizar el método anticonceptivo que desee o mejor le convenga.
– Obligarle a tener relaciones sexuales, exista o no un vínculo conyugal o de noviazgo.
– Pedir pruebas para conocer la ubicación, como fotos, ubicación en tiempo real o llamadas.
– Solicitar contraseñas de redes sociales o dispositivos electrónicos.
– Indicarle cómo se debe vestir o maquillar.
– Prohibir visitar a amigos, familiares o acudir a actividades sociales.
– Hacer comentarios negativos o despectivos en referencia a sus pensamientos, sueños o aspiraciones.
Romper el círculo
Para Giusti , existen múltiples razones por las que una víctima enfrenta dificultades para romper el círculo de la violencia y todas se ajustan a las realidades de cada persona. En muchos casos obedecen a temas económicos, miedo y hasta mitos sociales como la necesidad de mantener una apariencia de familia unida.
“El primer paso es tomar conciencia, pero para eso necesitamos programas de educación.
“Es importante que una persona logre identificar y busque ayuda, puede llamar al 911, puede acudir a la delegación de la mujer en el Inamu. Hay equipos interdisciplinarios donde pueden dar un abordaje integral; lo principal es que la persona no se aísle”, agregó la especialista.
Asimismo, es importante que las personas se asesoren e identifiquen señales como las anteriormente mencionadas, pues una situación que puede empezar con “celos”, puede escalar rápidamente a otros tipos de agresiones.
Quienes rodean a las víctimas también juegan un papel clave. Aunque desde fuera puede parecer que esa persona no quiere o no busca ayuda, lo principal es no dejarla sola, brindar información y posteriormente acompañarla.
“A que busque asesoría, a que reconozca sus derechos, que sepa que pueda contar con ella. Que si necesita dinero, que no se le juzga, que no se le culpa, por más frustrante que pueda ser, eso es determinante”, concluyó la experta.
Las personas víctimas de violencia, pueden llamar al 911, acudir al Inamu, además consultar en sus municipalidades si existen oficinas de atención a la mujer, en donde se brinda asesoría legal y psicológica.
Adicionalmente, aquellas víctimas en situación de riesgo inminente pueden recurrir a los Comités locales para la atención inmediata y el seguimiento de casos de alto riesgo por violencia contra las mujeres (Clais) del Poder Judicial, los cuales son grupos de trabajo interinstitucionales a nivel local especializados en la atención inmediata de situaciones de alto riesgo de muerte por violencia contra las mujeres.
Violencia machista sin tregua
Aumento sostenido
FUENTE: Observatorio de Género Poder Judicial || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.