Convertir un dron en un arma letal no parece complicado. En videos de YouTube, de menos de cinco minutos, se explica paso a paso cómo armar un pequeño artefacto, al alcance de cualquier persona, para que libere un explosivo o incluso un agente químico.
Estos videos circulan cada vez más desde que soldados ucranianos comenzaron a fabricar esta arma casera para defenderse del ejército ruso. En Latinoamérica, las organizaciones criminales, siempre atentas a las últimas tendencias, se apropiaron de esta tecnología para facilitar sus operaciones, combatir a grupos rivales y evadir a las autoridades.
En Costa Rica, los drones figuran cada vez más entre los bienes incautados al narcotráfico. Durante operativos, las autoridades han encontrado dispositivos de este tipo, disponibles en el mercado desde los ¢20.000 hasta modelos más sofisticados que superan los miles de dólares.
Sin embargo, aunque desde el narcomenudeo hasta las organizaciones más consolidadas utilizan esta tecnología a su favor, en Costa Rica no se registra hasta el momento ni un solo ataque armado con un dispositivo de este tipo.
Principalmente, los emplean para vigilancia y protección, tal como lo hicieron años atrás los grupos criminales más violentos de Latinoamérica, que hoy convirtieron estos pequeños artefactos en armas letales.
De vigilancia a armamento
A inicios de setiembre, The New York Times narró brevemente la historia de una mujer a quien identificó como Ana. “Sabíamos que ya venía el diablo”, dijo a ese medio la madre de seis hijos, mientras hombres armados se acercaban a su casa, en el estado de Michoacán, México.
Al salir a la calle, los tejados estaban destruidos por bombas que lanzaron drones, operados por miembros de la organización afincada en ese territorio. Desde hace algunos años, los carteles mexicanos utilizan estos artefactos para liberar explosivos y hasta bombas químicas.
Una situación similar ocurre en Colombia. El medio El País reportó a finales de agosto que en el departamento del Cauca o la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, el crimen organizado se adueña de esta tecnología para lanzar explosivos, cada vez con mayor frecuencia.
En Brasil, la tendencia se repite. Cuando las autoridades irrumpieron las favelas de Río de Janeiro, en octubre, para ejecutar un sangriento operativo contra el Comando Vermelho, drones con bombas recibieron a la milicia.
Roberto Uchôa, miembro del Foro Brasileño de Seguridad Pública, aseguró entonces a la BBC que, aunque esa fue la primera vez que este grupo usó drones como armamento contra las fuerzas del Estado, la policía ya vigilaba de cerca su uso por parte de esta organización criminal.
Desde hace algunos años, los criminales daban sus primeros pasos con el uso de estos dispositivos. Solo los empleaban para transportar droga, introducir objetos a las cárceles o llevar cargamento tras la frontera. Más tarde, escalaron su uso para vigilar a bandos con los que mantenía rivalidad y monitorear la presencia policial.
En Costa Rica, las organizaciones criminales utilizan hoy los drones como lo hacía el Comando Vermelho años atrás.
Cada vez más habitual
“En las últimas investigaciones, este mecanismo ya se está tornando frecuente y su utilización va en aumento, no solamente en narcomenudeo o microtráfico, sino que lo hemos observado recientemente en un caso que desarrollamos en Guanacaste, que tiene que ver con el tráfico aéreo (de drogas) a través de aeronaves utilizando pistas o terrenos clandestinos”, afirmó a este medio Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública.
Por este último caso, el pasado 10 de diciembre quedaron detenidos cuatro hombres que transportaban en tres vehículos 400 kilos de cocaína. Las autoridades presumen que los sujetos conforman una organización vinculada con el cartel de Sinaloa, una de las organizaciones narco más poderosas del hemisferio occidental, afincada en México.
El jerarca explicó que, en este caso, se logró determinar que los miembros del grupo utilizaban la tecnología para analizar terrenos en zonas remotas que podrían ser óptimos para el aterrizaje de aeronaves clandestinas con cargamentos de droga.
De acuerdo con Michael Soto, director a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía comenzó a hallar estos dispositivos principalmente en 2024 y, aunque recalca que no es una situación novedosa, en 2025 se volvió un poco más habitual.
Soto indicó que los grupos criminales elevan estos dispositivos para vigilancia en tierra firme y en la costa, tal como lo hacen la Policía o las agencias de seguridad. Además, para ingresar drogas y objetos a centros penales, evadir a las autoridades, vigilar a sus enemigos y hasta proteger a sus propios cabecillas.
Con drones, por ejemplo, los miembros del cartel del Caribe Sur resguardaban a Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, uno de los cabecillas del grupo, quien desde diciembre del 2024 permanece detenido en Londres, a la espera de su extradición a Estados Unidos por presunto narcotráfico.
“En el caso Traición (que llevó a desarticular el cartel), antes de que el cabecilla saliera tiraban drones y un grupo para revisar el perímetro, para que el sujeto se moviera con tranquilidad”, afirmó. La misma organización utilizaba estos artefactos para vigilar las rutas para el trasiego de la droga.
De estos dispositivos también se adueñaron las organizaciones criminales de menor rango en los barrios del sur de San José, donde se mantiene una disputa por territorio para la venta de drogas.
El pasado 4 de diciembre, 200 oficiales ingresaron a la comunidad de María Reina, en Hatillo, para ejecutar 13 allanamientos y detener a la mayor cantidad de vendedores de drogas posible, sabiendo que en poco tiempo, el grupo se reacomodaría para continuar sus operaciones.
En este sitio, catalogado por el fiscal adjunto Mauricio Boraschi como el “mall de las drogas en la capital”, se decomisó gran cantidad y variedad de sustancias ilícitas, un arma de fuego, un chaleco antibalas, tres radios de comunicación y un dron.
Entre el 1.º de enero del 2024 y el 10 de diciembre del 2025, el Ministerio de Justicia y Paz ha detectado 237 vuelos ilegales de drones sobre centros penales. Del total, 183 hicieron descarga de materiales ilícitos y 54 solamente sobrevolaron.
En el mismo periodo, la institución contabiliza 39,5 kilos de droga por descarga de drones en centros penales, 94 celulares, 49 chips, y 59 artículos clasificados como tecnológicos.
¿Copian tendencias?
Michael Soto, director de la Policía Judicial, no descartó que los grupos criminales en Costa Rica estén copiando el accionar de los carteles mexicanos, grupos colombianos y brasileños, pues los miembros de organizaciones delictivas también monitorean redes sociales y están al tanto de lo que sucede en otros países.
Por su parte, para Rodrigo Campos, director de criminología en la Universidad Estatal a Distancia (UNED), es natural que las organizaciones criminales busquen superioridad tecnológica, en capacitación y en armamento.
En Costa Rica, sin embargo, afirma que el uso de drones no ha evolucionado a armamento por un tema de costo-beneficio. Por ahora, explica, no les es necesario como sí sucede en otros sitios, donde el crimen mantiene una guerrilla constante con la milicia.
“Los criminales van a tender a buscar una mayor ventaja tecnológica. Si Costa Rica empieza a armar más a los policías —lo cual parece ser necesario para poder hacer estas intervenciones—, el crimen va a tener la siguiente reacción inmediata: armarse hasta los dientes, tal como pasa en México hoy”, dijo.
“Si la estrategia del país no los obliga a asumir ese costo, no lo van a hacer, pero si la estrategia del país es atacar cuando la organización está madura, esa es la peor decisión que podemos tomar”, agregó.
Para Campos, Costa Rica está en el momento justo para tomar decisiones estratégicas, invertir en prevención del crimen y así evitar que los grupos criminales, que ya cuentan con armamento pesado, se consoliden hasta el punto en el que se les facilite encontrar ventajas tecnológicas que superen las capacidades de la policía.