En envíos de correos, entre mercadería para repuestos de motocicletas, maquinaria y cualquier otro producto que imagine, viajan pequeñas piezas metálicas, inofensivas a simple vista para quien no conoce con detalle los implementos necesarios para ensamblar un arma.
En Costa Rica, una vez superados los controles, estos componentes terminan en manos de expertos que conocen con precisión la anatomía de un fusil y que, con la minuciosidad de un relojero, ensamblan o modifican armas largas y abastecen de insumos a organizaciones criminales que operan a lo largo y ancho del país.
Esta es solo una de las vías que han encontrado los grupos criminales para hacerse de armas ilícitas, con las que se defienden de bandas rivales, utilizan como moneda de cambio por droga, ejecutan encargos de sicariato y, cada vez con mayor frecuencia, repelen ataques de la policía.
El más reciente informe de labores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) evidencia un crecimiento significativo en el decomiso de fusiles y rifles M16, M4, AK-47 y AR-15 a grupos criminales. En apenas dos años, entre 2024 y 2025, los decomisos pasaron de 81 a 122 armas de este tipo, lo que representa un incremento del 50,6%.
En Costa Rica están prohibidas las armas que permitan disparar más de un proyectil con una sola acción del gatillo, así como aquellas que, siendo permitidas, son modificadas para disparar en ráfaga.
Este tipo de armamento está reservado exclusivamente para los cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia es utilizado por grupos criminales.
“Ha venido subiendo con los años (la cifra); año a año ha incrementado, y el pico que tuvimos en 2025 ha sido el más alto”, explicó a La Nación Vladimir Muñoz, subdirector interino de la Policía Judicial.
El negocio es muy lucrativo si se considera que, en Estados Unidos, donde es legal comprar este tipo de armamento, un fusil de asalto puede comercializarse en $3.000 aproximadamente. En cambio, en Costa Rica, un arma ensamblada en una casa podría costar hasta $6.000 (¢3 millones), precisó Muñoz.
Las calles de Costa Rica están cada vez más inundadas de armas, y el país importa municiones que, de acuerdo con el subjefe, podrían “alimentar a un ejército”, y cuya trazabilidad no es efectiva.
Coincidiendo con los años más violentos en la historia reciente del país, entre 2020 y 2024, datos del OIJ revelan que Costa Rica importó 2,5 millones de cartuchos en 2020 y que esta cifra se elevó a 13,4 millones en 2024, un crecimiento del 436% en un quinquenio.
Para Muñoz, el número resulta “sorprendente”. “Uno no entiende qué se hace con tanta munición. En algún lado termina. Algunas obviamente van a terminar en manos del crimen organizado”, agregó.
Para el subjefe, el incremento en el decomiso de rifles de asalto, aunado a la importación de balas, implica una mayor disponibilidad de armamento, riesgos de desvío, una presión creciente sobre los controles, mayor violencia y muerte.
La circulación de este tipo de armamento, agregó, también se refleja en el incremento de víctimas colaterales de la violencia, pues solo una persona experimentada y capacitada puede disparar en ráfaga sin perder el objetivo. Esto explica que, al ser accionadas por gatilleros inexpertos, estas armas resulten más letales.
Un hecho que retrata la gravedad de esta situación ocurrió en el 2023, cuando una bala de una AK-47 recorrió un kilómetro en una barriada de Zapote y le causó la muerte al niño Samuel Arroyo, de 8 años, mientras dormía en su casa. No hubo sentenciados por este caso.
Músculo armado del crimen organizado
Dinero y armas son, para Minor Araya, criminólogo y exjefe de la Policía Judicial, los dos pilares que permiten a los criminales “cumplir su tenebroso sueño” de expandir dominio territorial.
La incursión del crimen organizado ha desatado disputas por el control de mercados ilícitos y ha llevado a estas estructuras a buscar el mejor armamento para mantenerse a flote.
“El rifle de asalto resulta ser el preferido por el asesino, por el narco que persigue ese control por territorio y sobre las personas. Desde 1942 su nombre lo simplifica: Rifle de Asalto; sus capacidades de combate hasta los 400 metros son —dirían algunos— de alto desempeño de destrucción”, comentó Araya.
Dicho patrón, por ejemplo, se materializó en Limón con una banda de sicariato liderada por el convicto Tony Peña Russell, que además operaba como el brazo armado del cartel del Caribe Sur.
El grupo se dedicó al acopio de armas AK-47 y AR-15, las cuales almacenaba en una vivienda en barrio Atlántida, donde ocultaban un arsenal suficiente para sostener a un mini ejército en Limón. 16 armas eran fusiles de asalto y fueron decomisadas en noviembre del 2025.
Araya indicó que las cifras de decomisos evidencian, además, que las armas ingresan al territorio nacional “como Pedro por su casa”. El criminólogo insistió en que el mercado ilícito de armas, en realidad, se ha mantenido estable; sin embargo, las autoridades no han logrado contener la problemática y los grupos criminales se han aprovechado de ello.
“Nuestras autoridades, en el tiempo, han sido buenas, pero para producir cosquillas a tan importante fuente de poder para el asesino. ¡Es lamentable!”, aseveró.
Múltiples rutas de ingreso
El tráfico de armas es una de las manifestaciones más lucrativas del crimen organizado, el cual no existiría ni funcionaría como lo hace hoy sin una amplia disponibilidad de armamento.
Aunque el hallazgo de armas de alto calibre no es nuevo, el subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, comentó que el fenómeno comenzó a hacerse más evidente a partir del 2022, cuando el conteo de homicidios empezó a ascender.
Entonces, cuando agentes investigaban escenas del crimen, encontraban con mayor frecuencia que los homicidios se cometían con armas automáticas. Pero no solo comenzaron a hallarse armas de este tipo en manos de los grupos más fortalecidos, sino también entre cualquiera que tuviera el poder económico para adquirirlas, incluso estructuras de tráfico local, no por ello menos violentas.
El incremento en la circulación llevó a la Policía Judicial a crear, a mediados del 2024, una unidad especial de investigación sobre tráfico de armas.
“Entendíamos que el fenómeno de los homicidios, que ha venido en aumento, tenía un insumo adicional que es la posibilidad de los grupos criminales de obtener armas de esas. Es decir, el crimen organizado se alimenta de armas prohibidas”, manifestó Muñoz.
Estas estructuras se abastecen principalmente del mercado negro. El subjefe del OIJ explicó que en Costa Rica se han hallado armas ilícitas que provienen de Oriente. Otras, identificadas con el logo y el troquel de empresas fabricantes ubicadas en Estados Unidos, ingresan ya modificadas a través de este mismo mercado ilícito.
Algunas entran a nuestro territorio ocultas en cargamentos de droga. Otras provienen de México, donde existe una alta disponibilidad, o de otros países de Centroamérica. No obstante, aunque el mercado ilícito sigue siendo un gran proveedor, los grupos criminales locales han optado por ensamblar y modificar las armas por su cuenta.
Desde junio del 2025, el OIJ advirtió sobre el ensamblaje de fusiles de guerra en el país, luego del hallazgo de un enorme cargamento en una bodega en La Guácima de Alajuela.
“La gran pregunta que es válido efectuarse es cómo y por dónde está entrando tal cantidad de armamento al país”, planteó entonces el fiscal Mauricio Boraschi.
La apertura de una unidad específica para investigar el tráfico de armas dio frutos el pasado 15 de enero, cuando las autoridades desarticularon un grupo criminal que, según manifestó el fiscal general de la República, Carlo Díaz, era el principal proveedor de armas para las estructuras afincadas en Limón.
Los sospechosos utilizaban empresas de poliéster y de cerrajería como mampara para importar piezas que eran enviadas a una casa para ensamblar y modificar las armas.
Una fuente cercana al caso explicó entonces que en Estados Unidos compraban la parte central del arma, que viene en un bloque de acero, y luego la torneaban en Costa Rica para colocarle el resto de los componentes, entre ellos una pieza de 1,5 centímetros conocida como switch, capaz de automatizar un arma.
El subjefe del OIJ precisó que, al momento de los operativos, el grupo tenía la capacidad de armar al menos 25 fusiles tipo AR-15 y más de 100 armas adicionales. A los sujetos se les decomisaron más de dos toneladas de marihuana, tornos, taladros y otras herramientas utilizadas en la fabricación de fusiles, así como varias armas ya ensambladas.
“Desarticulamos un grupo, pero conocemos que hay más (...). Sabemos que existen más personas, probablemente más grupos dedicados a este tipo de modalidad que es, como reitero, traer piezas, aquí las ensamblan”, informó Muñoz.
Los expertos coinciden en que la mente criminal no se detiene y que es necesario valorar iniciativas para mejorar la trazabilidad de la munición que se importa al país y reducir la porosidad de las fronteras.
Este diario solicitó entrevista en la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad desde el 29 de enero, sin respuesta al cierre de esta nota.