El hallazgo de un arsenal el jueves pasado encendió nuevas alertas sobre el tráfico y fabricación ilegal de armas en Costa Rica. Entre las piezas incautadas destacaban varios fusiles AR-15 que, según confirmó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, fueron ensamblados de forma clandestina dentro del país.
“Las armas inicialmente tenían un buen aspecto, daban la impresión de que podrían ser utilizadas por un cuerpo policial; sin embargo, al revisarlas se determinó que son hechizas”, explicó Zúñiga.
El director del OIJ detalló que las piezas de estas armas ingresaron al país en partes, lo que dificultó su detección en aduanas.
“Se pudieron haber importado como accesorios para celular, repuestos de refrigeradoras o como chatarra, lo que imposibilita su trazabilidad”, afirmó.
Según las autoridades, pese a que fueron ensambladas de manera rudimentaria, las armas son totalmente funcionales y con alto poder.
Un fenómeno en expansión
El Reporte de Situación 2024 del OIJ describe un panorama preocupante: en Costa Rica existen estructuras dedicadas al montaje y distribución de armas, combinando piezas nacionales con partes de precisión ingresadas sin declarar en aduanas.
“Estamos frente a una industria ilegal en desarrollo”, indica el informe. La facilidad para modificar los fusiles AR-15, junto con la disponibilidad de su munición en el mercado legal, ha disparado su popularidad entre las organizaciones criminales. En cambio, fusiles tipo AK-47 —más complejos de mantener y alimentar— están siendo desplazados.
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Limón se mantiene como la provincia con mayor incidencia en tráfico y uso de armamento ilegal, aunque los decomisos abarcan ya todo el país. Según el Ministerio de Seguridad Pública, una de cada diez armas decomisadas fue introducida ilegalmente al territorio, provenientes de países como Brasil, Honduras, Sudáfrica y Azerbaiyán.
El decomiso que encendió las alarmas
Estas advertencias tomaron forma concreta el pasado jueves, cuando agentes judiciales y fiscales antidrogas descubrieron un arsenal oculto bajo el piso en una bodega en La Guácima de Alajuela. El operativo fue resultado de una investigación que trascendió un día antes, cuando se interceptó un cargamento con 250 paquetes de aparente marihuana cerca del Parque de la Paz, en San José.
La vigilancia sobre dos propiedades culminó en el hallazgo del arsenal: 37 fusiles de asalto, 19 armas cortas y varios chalecos antibalas, escondidos bajo una tapa metálica en una terraza recubierta con piedrilla decorativa.
“El hallazgo es alarmante y nos obliga a reflexionar sobre lo que está entrando al país. Si quienes trafican con toneladas de cocaína pueden burlar nuestras fronteras, no debería sorprendernos que también logren introducir armamento de este calibre”, señaló Mauricio Boraschi, fiscal adjunto de Narcotráfico.
Costo, procedencia y legalidad
Un fusil como los incautados podría costar $2.000 en una armería, pero debido a su estatus prohibido para civiles en Costa Rica, su valor en el mercado ilegal ronda los $5.000 (unos ¢2,5 millones).
De acuerdo con el OIJ, parte de estas armas fueron modificadas o construidas localmente. Se han encontrado fusiles con las siglas BCA, un troquel de fabricación, pero sin registros formales. En varios casos, los peritajes revelaron que las armas se usaron en delitos graves, incluyendo homicidios.
La Ley de Armas y Explosivos (N.º 7530) sanciona con penas de 4 a 8 años de prisión el porte ilegal de armas prohibidas, pero la proliferación de piezas y componentes está desbordando los controles actuales. Zúñiga fue enfático en que se necesita reforzar la capacitación de personal aduanero y la inversión en tecnología de escaneo y aforo, para poder interceptar componentes clave antes de que entren al mercado clandestino.
Un riesgo estructural
Según datos del Arsenal Nacional, el 91% de las 7.564 pistolas en custodia fueron robadas en el país. De ese total, el 55% pertenecía a empresas de seguridad privada y el 36% a personas físicas. Apenas un 8% se asocia directamente al mercado negro internacional, lo que evidencia que el robo interno y el ensamblaje local son las principales fuentes del problema.
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), por su parte, reporta una correlación directa entre el uso de armas de fuego y los delitos vinculados con drogas. En la práctica, los decomisos confirman que los fusiles y pistolas incautados terminan en enfrentamientos entre grupos criminales organizados.