Si se distribuyera el total de municiones que el país importó entre cada habitante durante el periodo 2016 y el 2024 , alcanzaría para dotar de 16 balas a cada persona.
Esa es una de las principales conclusiones que arroja el reciente informe presentado por la Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem), que lleva como título, “Estado de la Violencia Armada en Costa Rica: Tendencias de una década 2014-2024”, según el cual, “Las armas de fuego son el principal motor de la violencia letal en Costa Rica”, adelanta la Gerente Técnica de la fundación, Hazel Villalobos.
Pese a que el análisis hace referencia a una década, el estudio sobre la cantidad de municiones importadas por el país fue elaborado con base en datos del 2016 al 2024, que según los analistas de Funpadem, es la información disponible.
India, un país con una población de poco más de mil 400 millones de habitantes y que cuenta con ejército, importó cerca de 160 millones de municiones en el mismo periodo.
Si se hace una comparación con base en esos datos, representa apenas 0,11 balas por habitante, Costa Rica, con 5,2 millones de habitantes y sin milicia, supera en 150 veces la proporción per cápita de importación de municiones respecto al país asiático.
Para este estudio, el tercero de esta temática tras los publicados en 2015 y 2018, los investigadores procesaron más de 15.000 datos sobre homicidios, muertes violentas de mujeres y otros delitos, así como importación de armas de fuego y municiones.
“En una década hemos importado más de 82 millones de municiones lo cual es una cifra muy exagerada para un país que ni siquiera tiene ejército, por ende es necesario que esta administración y las futuras administraciones pongan énfasis en el control y la fiscalización de las municiones, porque sin munición el arma de fuego no funciona”, advirtió Villalobos.
Registro histórico de armas
De acuerdo con Funpadem, desde la década de los 80 y hasta el 2024, Costa Rica registró 270.000 armas de fuego ante la Dirección General de Armamento (DGA) del Ministerio de Seguridad. Del periodo 2014-2024, el registro fue de 46.000 armas y, según los cálculos de la Fundación, cada arma registrada tendría aproximadamente 300 municiones disponibles.
“Sabemos que no todas las armas registradas están circulantes, pero ¿quién gasta 300 balas al año? solo un cuerpo policial, aunque igualmente el cuerpo policial tampoco es que practica todos los días”, señaló.
Desafortunadamente, según explicó la representante, un problema que no se ha resuelto es la ausencia de trazabilidad de las municiones en el país.
“Todavía no tenemos dentro de nuestra legislación, ni en nuestras capacidades el tema de poder hacer un marcaje de las municiones, realmente no sabemos si esas municiones están alimentando el mercado ilegal”, agregó.
Incremento de homicidios dobles
Otro dato que resalta del estudio es que los homicidios dobles cometidos con armas de fuego experimentaron un crecimiento del 250% entre 2016 y 2024, al pasar de 20 a 70 casos.
Según Villalobos, hay “cierto imaginario social” de que los homicidios se cometen con armas semiautomáticas AR 15 o AK- 47, pero realmente se están cometiendo con pistolas.
Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), atribuye el aumento de este tipo de crímenes a varios factores. Uno es que las estructuras criminales son cada día más violentas y, otro, la participación de personas jóvenes que racionalizan menos las órdenes que les dictan los cabecillas criminales, lo que genera que disparen de forma indiscriminada y torpe “y eso implica víctimas colaterales”.
El jefe policial destacó que muchas detenciones se ejecutan con sospechosos bajo los efectos de las drogas, por lo que no saben lo que hacen. También identificó la eliminación de testigos como una práctica cada vez más creciente: “Cuando los sicarios ven que hay un familiar, la mamá, un hermano o un hijo, también proceden a quitarle la vida”, puntualizó.
La investigación de Funpadem también advierte sobre la frecuencia con que están siendo usadas las mujeres en las estructuras criminales con el fin de registrar armas de fuego que luego reportan como robadas.
“Se han identificado en varias líneas de investigación que estas mujeres van e inscriben armas de fuego que después reportan como robadas para que en caso de que se cometa un delito y esta arma de fuego la encuentren, se le devuelva a ella”, explicó Villalobos.
Esa situación representa un vacío legal a criterio de Villalobos, pues según explica, “mientras una persona esté siendo investigada sin que el caso sea elevado a juicio, no se le puede negar un arma de fuego si cumple los requisitos de portación. Además, no existe sanción por perder el arma repetidas veces”.
Sobre el informe de la Fundación, Karen Jiménez Morales, coordinadora de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), resaltó que las víctimas colaterales de la violencia armada pasaron de siete en 2016 a 55 en 2024, representando un incremento del 685%.
“Costa Rica enfrenta un amplio mercado de armas de fuego de todos los calibres que incluso, no es de descartar que puedan tener un mejor arsenal que la propia policía nacional”, advirtió la académica.
Michael Soto señaló que Costa Rica se posiciona como el segundo país más violento de Centroamérica, solo superado por Guatemala. La provincia de Limón registra tasas similares a Jamaica, con aproximadamente 40 homicidios por cada 100 mil habitantes.
“La mayoría de los fallecidos están entre los 18 y los 30 años y la mayoría de los que imputamos por homicidio están entre los 18 y 30 años es decir, que la juventud es la que está poniendo la sangre del país”, concluyó el subdirector del OIJ.
La Nación solicitó a la DGA su versión sobre el documento publicado por Funpadem, sin embargo, al cierre de esta nota no recibimos una respuesta oficial.